La reforma administrativa que envío el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso para modificar 23 leyes secundarias reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia administrativa. A primera vista el término pasa inadvertido, pero una revisión a detalle de su contenido arroja que abarca temas relevantes como la conclusión anticipada de contratos sin pago de indemnización, abre a nivel internacional licitaciones en materia administrativa; y reitera (desde otra ruta) reducir los sueldos del Poder Judicial y órganos autónomos en un listado en donde no fue incluido el Instituto Nacional Electoral.
Por no incluir modificaciones a la Constitución, se perfila que sea aprobada en la Cámara de Diputados por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los diputados presentes. Esto significa que solo requiere el voto favorable de las bancadas de Morena y sus aliados los partidos Verde y del Trabajo.
Algunas de las 23 leyes son: Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados; Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
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(Foto: Cuartoscuro)
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley de expropiación, Ley General de Bienes Nacionales y Ley de Vías Generales de Comunicación, entre otras.
Este paquete de iniciativas, al que se le ha denominado como una reforma de gran envergadura, se preparó con meses de antelación. La Silla Rota realizó un seguimiento de las fechas con que ésta fue preparada, con base en el documento que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
A continuación, se enlistan detalles relevantes de contexto y contenido del tema.
Las fechas
La Consejería Jurídica de la Presidencia envío la iniciativa a la Secretaría de Gobernación el jueves 23 de marzo; y el secretario Adán Augusto López la remitió a San Lázaro el viernes 24 de marzo, pero fue publicada en la Gaceta Parlamentaria hasta el martes 28.
(Foto: Gaceta Parlamentaria)
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Cabe recordar que durante aquella semana en la Junta de Coordinación Política y las bancadas parlamentarias estaban negociando la ruta política para elegir a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. En esas fechas este tema concentró la atención mediática porque el Consejo Técnico Evaluador estaba elaborando las quintetas con los aspirantes finalistas; y por ser la primera vez en que se abrió la posibilidad de utilizar la insaculación como medio de elección, en lugar del acuerdo político como regularmente se hacía.
Al mismo tiempo, en el Senado cobró relevancia la elección o no, de los nuevos consejeros de Instituto Nacional de Transparencia, hecho que tampoco se concretó.
La iniciativa, de poco más de 80 cuartillas, contiene también tres opiniones de la Secretaría de Hacienda para fundamentar si hay o no, impacto presupuestal de esta iniciativa presidencial. Todos fechados el 03 de febrero, es decir, que conocieron del contenido de la misma durante el mes de enero.
(Foto: Gaceta Parlamentaria)
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En general, concluyen que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador contiene "instrumentos jurídicos para salvaguardar de manera eficaz el interés general público y social y el proyecto es aplicable para toda administración pública Federal".
El ABC de la propuesta
El titular del Ejecutivo sostiene en su propuesta que el artículo 28 Constitucional le permite “realizar funciones de manera exclusiva en áreas estratégicas”. Y argumenta que la Constitución de la Ciudad de México incorporó en el artículo 7 apartado a "el derecho a la buena administración pública". Además, justifica que con base en la Ley de Austeridad Republicana el gobierno federal está obligado a la administración transparente y uso de recursos con eficiencia y eficacia.
Señala que la iniciativa "propone facultar a la administración pública federal para revisar, modificar, nulificar y revocar contratos administrativos que no respondan al interés general o que quebrante las leyes en beneficio de intereses privados". La iniciativa contiene tres apartados.
Apartado por apartado
El primero revisa actos de corrupción. Plantea el juicio de lesividad para evitar vicios de ilegalidad que afecten el interés público; y procedimiento de nulidad para modificar dos de sus artículos en la ley de procedimiento administrativo.
El segundo apartado se refiere a prevenir actos lesivos al interés público o que puedan causar daños al erario. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que de 2011 a 2019 el pago de indemnizaciones creció en un 500 por ciento; y refiere que esto ha causado a su gobierno pagos por 4 mil 271 millones de pesos a valor actual.
Justifica que su administración heredó juicios a nivel nacional e internacional para "cumplimiento de contratos, concesiones, permisos, autorizaciones o bienes otorgados de manera ilegal, así como pago de indemnizaciones desproporcionadas". Así, plantea modificar algunos párrafos de la Ley General de Bienes, Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Ley de Expropiación y Ley Federal de Procedimiento Administrativo para poner un límite al monto de las indemnizaciones.
Bajo esta premisa propone varias figuras. En el apartado de salvaguardar las finanzas públicas propone la figura de revocación "para revertir actos administrativos que puedan afectar el interés público, general o social; y ejemplifica que en este tema caben concesiones, permisos o autorizaciones para explotación o aprovechamiento de bienes del dominio.
Propone como causas de revocación "de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, hechos supervivientes que afecten el interés público general, social o causa en algún tipo de equilibrio económico, social, ambiental o de cualquier otra índole".
Plantea el término cláusula exorbitante para otorgar “prerrogativas a la administración pública sobre los particulares, por lo que el Estado puede terminar la relación jurídica de manera anticipada y unilateral cuando así convenga al interés público general o social".
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Ordena que aquellos funcionarios que omitan incluir esta cláusula en contratos de adquisiciones y obras públicas, incurrirán en falta de responsabilidad administrativa.
El tercer apartado ofrece fortalecer la administración pública. Argumenta que el Estado fue debilitado en las últimas tres décadas por el sistema neoliberal y que para revertir dicho efecto se requiere reagrupar a las entidades para estatales para desaparecer aquellas que fueron creadas indebidamente.
Propone que no se limiten únicamente a una esfera de competencia; sino que abarquen varias como el interés público general y social. Señala también que organismos descentralizados, fideicomisos o empresas paraestatales puedan desaparecer; y propone que la Secretaría de Hacienda tome cartas al respecto.
En cuanto a asignación propone que la prestación de servicios públicos a entidades paraestatales se otorgue por tiempo. Y que la recuperación de bienes se agilice.
Plantea agregar el término “confianza administrativa” en la ley de obras públicas para que los proyectos de infraestructura prioritarios, a criterio del Estado, "puedan realizarse de manera ágil e inmediata".
En el terreno de licitaciones públicas sostiene que la actual legislación permite la colusión de empresas que manipulan áreas completas de comercialización. Propone entonces reformas al artículo 28 Constitucional para que las licitaciones públicas puedan ser abiertas a nivel internacional "para evitar que el Estado vuelva a ser rehén de este tipo de prácticas corruptas".
En cuanto a la figura de pagos anticipados propone reformar la Ley de Adquisiciones; y que ésta se aplique en la adquisición de equipos médicos, de seguridad nacional o seguridad pública; maquinaria para desarrollo, mantenimiento de infraestructura "siempre que estén debidamente justificadas por una entrega inmediata o menor precio".
Luego incluye el tema de la austeridad republicana para insistir en que debe haber un límite en el salario de los servidores públicos de todos los niveles para que ninguno de éstos, este por encima del salario del Ejecutivo. Y enlista que la medida afectará al Poder Judicial y órganos autónomos.
CAO