Como se vaticinó desde que el llamado plan B de la reforma electoral estaba en discusión en las cámaras del poder legislativo, los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), que se verían afectados por las reformas contempladas en el plan propuesto por el presidente, han recurrido a interponer un amparo para evitar perder sus trabajos.
En este sentido, este jueves 23 de noviembre, se ha difundido a través de las redes sociales, que un juez otorgó el recurso de amparo provisional a todo el personal de una Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
“En tal virtud por encontrarse reunidos los requisitos que alude al artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que no se materialicen los efectos del acto reclamado, esto es, para que se mantengan las cosas en el estado en el que se encontraban antes de la emisión del decreto combatido, es decir, continúen los quejosos en los cargos que ostentan en el Instituto Nacional Electoral, dice el fragmento de documento que está siendo compartido en redes sociales.
Cabe aclarar, que esta resolución sólo garantiza al personal de la Junta Distrital Ejecutiva del INE preservar su trabajo, y no la forma en la que deberán llevar a cabo sus atribuciones, para llevar a cabo estas, deberán apegarse al marco legal vigente.
Juntas Distritales del INE interponen amparos
A principios del mes de marzo, el presidente del Consejo Distrital número 7 del INE Sergio Soberanis Núñez, informó que tanto el como sus compañeros de trabajo, interpondrían un amparo contra las violaciones constitucionales del plan B de reforma electoral, el cual pone en riesgo a todos los integrantes del servicio profesional de carrera del instituto.
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De acuerdo con el funcionario del INE, el plan B ordena la desaparición del servicio profesional de carrera, pese a que la misma ley del instituto contempla su existencia, por ello, para evitar ser despedidos, él y sus compañeros interpondrán de mana individual, un recurso de amparo contra las modificaciones ordenadas en el plan B.
El amparo se interpondría dentro de los 30 días posteriores a la publicación del plan B en el Diario Oficial de la Federación, pues es el tiempo límite que les otorga la ley para interponer dicho recurso.
Con la reforma electoral las juntas distritales desaparecen, o mejor dicho, pasan a formar parte de una oficina a cargo de un vocal operativo, y las vocalías se reducen de 5 a 2, además de que el nuevo responsable de la junta no será una persona perteneciente al sistema profesional de carrera, sino que será asignado por la junta local estatal.
Pero esta no es la única batalla que librarán los trabajadores del INE contra el plan B, pues también emprenderán acciones legales, para en caso de que se confirme su despido, se les pague su liquidación correspondiente, lo cual es una gran problema para el instituto, el cual tendrá que ver de dónde saca el dinero para pagar las liquidaciones de todos los empleados despedidos.
“Las notificación es un proceso que se prevé que se realice hasta el mes de abril y entonces tendremos que revisar si se requiere acudir a juicios laborales donde reclamar los derechos”, dijo Sergio Soberanis Núñez.
El vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 1 del INE, José Luis Olivares Carmona, informó que más de 120 trabajadores del instituto en Quintana Roo buscarián ampararse contra la reforma electoral, por considerar que vulnera sus derechos laborales.
“Se están violando de manera flagrante los derechos laborales del personal que ya llevamos tiempo trabajando (...) el Instituto al atender lo que establece la reforma deberá generar ajustes en detrimento de la base laboral. En ese sentido las diferencias las diferencias entre el Instituto y su personal las dirime el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, nosotros nos vamos a amparar contra esa violación a derechos laborales contra el Instituto para que no surtan efecto”, explicó Olivares Carmona.
VGB