Un juez de Amparo en Materia Administrativa admitió a trámite un amparo presentado por más de 100 trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Plan B propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El recurso fue presentado el pasado 2 de marzo, el mismo día que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por modifican distintas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Leyes: Artículo Décimo Séptimo transitorio del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral’ Remoción del cargo de persona servidora pública”.
Hasta el momento el juzgado solo ha notificado que fue admitido a estudio, por lo que solicitó a los solicitantes la documentación para analizar el caso.
Entre las leyes que se modifican con el decreto del Plan B electoral de Andrés Manuel López Obrador, se encuentran la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El presidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación su Plan B electoral para suprimir la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, reducir la Unidad Técnica de Fiscalización a una dirección ejecutiva y modificar la estructura y responsabilidades de los organismos Públicos Locales (OPL), entre otros cambios relevantes
La nueva reforma electoral entró en vigor a partir del pasado viernes 3 de marzo.
Además del amparo admitido por un juez, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a estudio la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual forma parte del plan B.
El caso fue turnado al ministro Alberto Pérez Dayán, quien concedió un plazo 30 días hábiles, contados a partir de la notificación a las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como el titular del Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación para que den sus argumentos.
SCJN admite a trámite 30 controversias más contra Plan B
Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a estudio 30 controversias constitucionales más contra la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), incluidas en el Plan B propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los nuevos recursos fueron presentados por municipios gobernados por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI). Al dar ingreso a las peticiones, el Ministro negó concederles la suspensión que solicitaban.
“Una razón adicional para negar la suspensión solicitada, consiste en que la parte actora tampoco hace referencia a algún acto concreto, individualizado o particular de los preceptos cuestionados respecto del cual pudiera ser procedente la medida cautelar, sino que lo que efectivamente pretende es la suspensión de las disposiciones generales combatidas para que no se ejecuten; consecuentemente, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto, no es de concederse la medida cautelar solicitada”.
Hasta el momento van más de 150 controversias constitucionales que se han admitido a estudio por parte del Ministro de la SCJN Alberto Pérez Dayán.
A finales de enero admitió a ingreso las primeras controversias de inconstitucionalidad presentadas por distintos partidos de oposición y organizaciones civiles, diputados y senadores. Al hacerlo frenó, de momento, la aplicación de la reforma, en 30 entidades del país, excepto en los estados de México y Coahuila donde este año se celebrarán elecciones.
Con la medida se para el tope en el gasto del 0.1 por ciento municipios de Coahuila y el Estado de México en su programa de comunicación social y frenó a funcionarios para tener libertad de expresión durante los procesos electorales.
El ministro determinó que no realizar la excepción en ambas entidades, causaría afectaciones en la democracia del país.
“Se concede la suspensión solicitada por los diversos Diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, promoventes de la acción de inconstitucionalidad 37/2023, para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila…porque de no concederse, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”.
La Consejería Jurídica de Presidencia informó que el Poder Ejecutivo impugnará la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán “para revertir los efectos de esta determinación arbitraria e ilegal”, la cual se contrapone con la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105, que estipula que admitir una acción de inconstitucionalidad, “no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”.