La Cámara de Diputados extralimitó sus funciones y otorgó poder ilegal a la Secretaría de Gobernación con la nueva Ley General de Operación de los Registros Civiles. De acuerdo con expertos consultados por La Silla Rota, específicamente, en el tema de la elaboración de un registro de datos biométricos de los mexicanos, que quedará en manos de la dependencia que hoy encabeza Adán Augusto López.
Laura Rojas, experta en temas constitucionales e investigadora del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, adelantó que es muy probable que el tema de los datos biométricos llegue a la cancha de la Corte.
“Falta que el trámite termine en el Senado, pero es muy probable que el tema llegue hasta la Corte, porque me parece que los diputados federales se extralimitaron en sus funciones”.
El tema es relevante porque, hasta ahora, los datos biométricos de los mexicanos (como toma de las 10 huellas dactilares y escáner de retina) se encuentran solo en instituciones privadas que así lo solicitan –por ejemplo, los bancos–, el Instituto Nacional Electoral (INE), y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para la emisión de pasaportes.
Cabe recordar que cuando la Cámara de Diputados aprobó que los datos biométricos de los mexicanos pudieran quedar a disposición de las empresas que brinda servicios de telefonía celular (en temas vinculados con el uso de celulares a la delincuencia), el tema llegó a la Suprema Corte de Justicia por lo que no se avaló dicha medida.
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El exceso de los diputados
El martes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió a la reunión de la Junta de Coordinación Política, en San Lázaro, presidida por el morenista Ignacio Mier.
Adán Augusto López es una de las “corcholatas” de la 4T, con miras a ser candidato presidencial para 2024. Luego de esa reunión, aseguró que la intención fue mantener un diálogo con todas las fuerzas políticas y para impulsar la reforma que envió el presidente para modificar el artículo 33 constitucional “y dar libertad de expresión” a los extranjeros.
Agregó que buscará un consenso de los partidos para esta reforma y aquella otra que permitiría a los jóvenes de 18 años aspirar a una diputación federal, en lugar de esperar hasta los 21 años.
La Jucopo informó que en la sesión parlamentaria se votarían dictámenes de consenso entre todas las bancadas; no fue así. Se incluyó este dictamen que crear el “Consejo Nacional del Registro Civil como el órgano de coordinación interinstitucional para la armonización y homologación de la organización, el funcionamiento y los procedimientos de los Registros Civiles”.
Y se aprobó con 311 votos a favor del PRI, Morena y sus aliados: los partidos Verde y del Trabajo; 131 en contra, del PAN y Movimiento Ciudadano; y 17 abstenciones, principalmente del PRD.
Laura Rojas, experta en temas constitucionales, explicó que no está documentado por ahora que un gobierno pueda quedarse con los datos biométricos de sus gobernados.
“Tendrá que ser la Corte la que determine si estás disposiciones son o no, constitucionales. Me parece que sí hay excesos en la compilación de competencias y protección de datos personales, recordemos que se trata de federalizar la materia; pero esto no es lo que puede hacer el Congreso conforme a la disposición constitucional que lo faculta para emitir la ley. Debe homologar en materia de registro civiles, nada más”.
Hasta el momento, Segob solo tenía posibilidad de emitir la CURP, que es uno de los trámites más comunes que se solicita a los mexicanos en materia de identidad: la credencial para votar con fotografía la emite el INE; y el pasaporte oficial que expide la SRE.
Sin embargo, esta nueva ley incluye la elaboración de una base de datos de registro biométrico de todos los mexicanos misma que quedará en manos de Segob.
No obstante, Morena afirmó que con esta ley se beneficia a los mexicanos y su derecho a la identidad a través de un registro ágil de sus datos. Por su parte en el boletín que emitió la presidencia de la República sobre el tema también celebró "garantizar el derecho a la identidad de las personas y el acceso a los servicios que proporciona el Registro Civil; así como a los documentos y constancias en los que conste su identidad jurídica; además de establecer los mecanismos para garantizar el derecho de toda persona mexicana a ser registrada después de su nacimiento". Pero no mencionó nada del registro biométrico.
“Si eso se aplica sería algo completamente novedoso en nuestro país, desconozco si ocurra en otras naciones”, destacó Rojas.
“El tema no está regulado en la Constitución ni ninguna otra ley que se deban resguardar esos datos; finalmente el gobierno resguarda nuestras actas de nacimiento y una copia de los pasaportes, el INE resguarda nuestras credenciales. Quizás no estaría mal si el tema se regula de manera correcta. Pero en esta ley se está tratando de meter un gol impresionante, así de nadie se dio cuenta que los datos biométricos los administrará la Segob bajo las medidas que ella dicte”.
Resaltó que la parte de la ley que señala que los datos biométricos serán incorporados conforme indique la Ley General de Población y las disposiciones que emita la Segob; pero consideró que eso no puede suceder “porque los datos biométricos no están establecidos en la Ley General de Población y en este dictamen no veo que haya una reforma, ni incorporación de estos datos a la Ley General de población lo que representa un vacío”.
Los vacíos de esta ley
Rojas señaló que el dictamen aprobado tiene huecos legales. “Esta reforma no viene acompañada de modificaciones a la Ley General de Población, ahí es donde está el problema".
Consideró que este proyecto es muy similar al que la ex titular de Segob, hoy senadora y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, tenía para resguardar un proyecto de identidades de la población.
“Y si no, es muy parecido, aunque aquí se está tratando de instrumentar desde otra perspectiva. Antes era directamente de una operación de una secretaria de Estado que no tenía facultades y ahora se está intentando meter el tema por la vía legislativa. Creo que podrían haberlo hecho de otra manera”.
Agregó que, en 2017, se incorporó la fracción 29R el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso para expedir leyes federales en materia de registros civiles para armonizar y homologar su operación, funcionamiento y organización. Eso ocurrió apenas ayer.
“La ley aprobada se refiere a formatos: cómo va a ser la inscripción, si se van a estandarizar actas de nacimiento, qué medidas de seguridad física y electrónica, cómo se van a archivar, la posibilidad de realizar trámites digitales, cómo se pueden hacer las consultas entre otros. Eso es armonizar la parte operativa”.
“Aquí el problema son las letras pequeñas porque la ley que se está tramitando pretende ir más allá; la Constitución no permite al Congreso ir más allá de lo que le está mandando. Veo como un exceso que con esta ley se pretendan distribuir competencias y facultades entre los tres órdenes de gobierno. Y define qué puede hacer en materia de registro civil la parte federal, estatal y municipal. Pero eso no lo puede hacer porque la Constitución no mandata emitir una ley que distribuya facultades, debería ser solo una ley para coordinación de esfuerzos”.
Explicó que cada entidad federativa es responsable de las competencias de sus respectivos registros civiles. “El Congreso no debería estar distribuyendo este tipo de facultades”, señaló.
Rojas dijo que los diputados dieron a Segob facultades que no tiene. "Ese es otro exceso. Hablan de un Consejo Nacional de Registros Civiles que será integrado por representantes de Gobernación, Relaciones Exteriores y titulares de registros civiles estatales. Pero un representante de Segob no debería determinar cuáles son las reglas y disposiciones sobre datos biométricos. Ese también es otro vacío".
¿Y le van a quitar los datos biométricos a otras instituciones?
La experta agregó que hay otro vacío en esta ley, específicamente, en la precisión de que el sector privado y financiero podrá consultar la base de datos biométrica que genere el gobierno federal.
“¿Por qué Gobernación va a establecer los mecanismos y requisitos para que nuestros datos puedan ser consultados conforme a los mecanismos que marque? ¿Y por qué los podrán consultar al sector privado y financiero? ¿Dónde queda la protección de nuestros datos personales? Eso es inconstitucional”.
“Tampoco dice ni aclara cómo se los van a pedir o retirar; pero además no podrían hacerlo porque todos nosotros fuimos al banco y consentimos en dar de manera voluntaria nuestros datos para el servicio de un banco, por ejemplo. Pero de allí a que el gobierno se les pueda quitar, además de que no está contemplado en la ley, no sé cómo podrían hacerlo”.
Critican hackeos a la 4T que busca padrón de datos biométricos
Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa expuso que no tiene sentido que el gobierno de la 4t posea un padrón de datos biométricos de más de 100 millones de mexicanos cuando sus sistemas de información han sido hackeados en diversos momentos.
Y destacó que eso pone en riesgo la información básica y privada de cada uno de los mexicanos.
"Me parece irónico que quienes terminan aprobando la ley son los mismos que se impusieron cuando en su momento algo similar pidió un gobierno de Acción Nacional. Legisladores que ahora están en morena y que en ese momento eran parte del PRD y antes en el PRI señalaron que no había neutralidad política por parte de gobernación al tener esos datos y advirtieron del peligro de una manipulación política de los datos ciudadanos. Y ahora todas esas objeciones las olvidaron y metieron el acelerador para probar esta ley".
Añadió que es preocupante la falta de capacidad del gobierno federal para garantizar la seguridad de los datos que tendría en sus manos, de prosperar el tema en el Senado.
"Ahí está el hackeo a los datos de la Sedena en las filtraciones que reveló GuacamayaLeaks, el hackeo a los sistemas de Pemex o la caída del sistema de compras gubernamentales. Es un gobierno que no quiere invertir en los softwares necesarios para proteger información sensible; y ahora a esa autoridad se le está dando la facultad de acumular esos datos. Preocupa. ¿Qué garantía tenemos los mexicanos de que esos datos serán utilizados de manera responsable? De que no terminarán, para variar, en un mercado clandestino de información para usos comerciales o de otra índole. Y al mismo tiempo al Inai lo siguen debilitando. Lo más lógico es dudar que no habrá garantía de protección de los datos, porque no la va a haber. Es un escenario preocupante en ese sentido".
Añadió que es una irresponsabilidad legislativa que los propios diputados federales no hayan incluido estos temas en esa legislación. "Su responsabilidad es legislar a favor del interés nacional, no hacer todo al vapor por una malentendida lealtad de partido".
Gustavo López Montiel, profesor de la escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, contextualizó que el llamado padrón único fue un planteamiento que hizo la secretaría de Gobernación desde administraciones anteriores.
"Querían de alguna manera hacer viables la cédula nacional y sobre todo que quien posea la información tiene control sobre los datos y las personas; y más aún en el uso de datos biométricos que esta ley asume. Aquí hay varios temas que habrá que ser discutidos en la siguiente Cámara; pero seguramente será un tema controvertido por el Inai en algún momento porque tiene que ver con la posesión de datos personales".
Agregó que la base de datos que se genere con la información biométrica de millones de mexicanos debe ser blindada con fines específicos para su uso; y planteó que se pierden hacer convenios para que haya instituciones públicas y privadas que pueden acceder a ellas.
"Es uno de los temas que se va a contravertir porque tendría que haber, de origen, un aviso de privacidad para que las personas sepamos qué datos nuestros se van a usar y quién los va a usar. Hemos sabido en México del uso de datos de personas y esta ley no establece mecanismos que eviten que alguien pueda hacer mal uso de nuestra información".