A estas alturas todos hemos escuchado alguna de las merecidas críticas a las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) por las que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas por el presidente López Obrador el 16 de abril en el Diario Oficial. En síntesis, los principales cuestionamientos se pueden agrupar en tres vertientes: (i) la restricción a los derechos humanos de protección de datos personales y de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación; (ii) la afectación al principio de presunción de inocencia; y (iii) que el padrón no servirá al objetivo que pretende conseguir.
Es innegable que el PANAUT restringirá derechos humanos porque hoy los ciudadanos no estamos obligados a entregar a ninguna autoridad datos personales, ni mucho menos biométricos como la huella dactilar, el iris, rostro o retina, para tener acceso a una línea de telefonía móvil; hoy no estamos expuestos a la cancelación del servicio de telefonía o del acceso a internet, como sanción por no proporcionar esos datos a alguna autoridad; y porque hoy quienes tienen la carga de demostrar que la persona acusada de cometer algún delito es realmente quien lo cometió, son las autoridades, no los ciudadanos que aparecen en un padrón en el que estará prácticamente toda la población; todo esto se modifica con las reformas aprobadas y, por lo tanto, las restricciones son evidentes.
Las limitaciones a derechos humanos son cuestionables siempre y, por ello, su análisis no debería ser superficial, cualquier autoridad que pretenda implementar alguna restricción de este tipo, debe demostrar plenamente su viabilidad para el logro de algún objetivo colectivo que esté reconocido constitucionalmente, como podría ser la seguridad nacional, la salud pública o la seguridad de las personas. Si la medida en cuestión no satisface este primer requisito, entonces debe desecharse sin necesidad de entrar al análisis de otras cuestiones, pues una herramienta de esta naturaleza no tiene justificación en un Estado democrático. De poco sirve discutir, por ejemplo, la suficiencia presupuestal de una medida como el PANAUT que vulnera derechos humanos sin propósito identificable, ya que nadie en su sano juicio estaría de acuerdo en que se violen sus derechos fundamentales de manera arbitraria, siempre y cuando se usen los sistemas más caros y sofisticados para hacerlo.
Hasta aquí el deber ser, vayamos ahora a los hechos sobre esta relación entre la medida (PANAUT) y el objetivo que supuestamente persigue. El PANAUT nace de tres iniciativas presentadas respectivamente por los Diputados Mario Delgado, Manuel Gómez Ventura, ambos de MORENA, y Jorge Arturo Espadas Galván a nombre del grupo parlamentario del PAN; las tres iniciativas parten de la lógica de “combate al delito” y las tres atribuyen como principal causa del incremento en la inseguridad en el país, el anonimato en la adquisición de tarjetas SIM y el esquema de prepago que ofrecen las empresas de telecomunicaciones, aunque ninguna de las iniciativas sustenta esta relación. Lo grave es que ninguna explica cómo es que un padrón de todos los usuarios de telefonía móvil del país con datos biométricos acabará con ese anonimato y algunas hasta reconocen que el padrón no es sinónimo de identificación del sospechoso, sino únicamente del supuesto titular de la línea, que no es lo mismo. Además, ninguna de las iniciativas describe el uso específico que le darán las autoridades de seguridad y procuración de justicia al padrón, simplemente les abre a dichas autoridades la información de toda la población, sin explicar cómo será empleada, ni la manera en la que esto contribuye a inhibir la comisión de delitos.
Por ejemplo, la iniciativa del diputado Delgado argumenta que el padrón “permitirá que exista un Registro de Usuarios que contendrá una serie de informaciones relacionados con la línea de telefonía móvil”, algo similar a lo que plantea Gómez Ventura, mientras que el diputado Espadas se limitó a decir que se busca “garantizar la compra, venta y control adecuado de líneas telefónicas móviles y con ello contar con información viable en caso de algún delito”, pero ninguno explica la manera en la que el padrón eliminará el anonimato de quienes sí realizan conductas delictivas, sobre todo si consideramos las alternativas con las que hoy ya cuentan para hacerlo, incluso sin necesidad de adquirir tarjetas SIM.
Lo que me parece aun más grave, es que las tres iniciativas se refieren de manera expresa a que existe evidencia de que un padrón de usuarios de telefonía no frena la comisión de delitos, y lo hacen a partir de la experiencia del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) que estuvo vigente entre 2009 y 2011 en México. De hecho, dos de las tres iniciativas (Delgado y Espadas) reconocen que el registro no contribuyó a la prevención e investigación de delitos y que no cumplió con sus funciones, entonces ¿por qué insistir en retomar exactamente la misma medida que demostró no ser idónea, para resolver el mismo problema?
La ausencia de argumentos sobre la idoneidad del PANAUT para combatir delitos se mantuvo a lo largo de todo el proceso legislativo. Basta con revisar los dictámenes aprobados tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, en los que la mayoría de las consideraciones están enfocadas en el aumento de la inseguridad en el país, las cargas que se impondrán a los usuarios, empresas y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con el padrón, y las sanciones que se aplicarán a los tres anteriores, pero nada mencionan sobre el uso que le darán a esta base de datos los principales destinatarios de la información del padrón: “las autoridades de seguridad de procuración y administración de justicia” (sic). Hasta la fecha no sabemos exactamente cómo van a emplear esas autoridades la base de datos para combatir el delito, ni las razones por las que es indispensable que cuenten con estos datos para poder hacerlo.
Este estilo de legislar de la mayoría en la actual legislatura (LXIV) del Congreso de la Unión, con prisas y sin análisis de fondo, es lo que facilita el otorgamiento de las suspensiones en los amparos. De hecho, el Juez Juan Pablo Gómez Fierro que dictó ya suspensiones provisionales en contra de estas reformas a la LFTR, se basa precisamente en que no es posible apreciar “la manera en la que el PANAUT podría influir de manera positiva en las actividades de seguridad pública que el Estado está obligado a desplegar (…) pues la entrega de aquellos datos personales no constituye una condición necesaria para que las instancias respectivas investiguen más o mejor” (Juicio de Amparo 271/2021), así de claro.
Lamentablemente, la lógica legislativa de aprobar sin reflexionar se extendió al Ejecutivo federal, quien no solo publicó la reforma casi de manera inmediata, sino que, a través del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, repitió en la conferencia mañanera del 21 de abril exactamente las mismas razones de los legisladores que impulsaron la reforma, pero lo empeoró todo al equiparar a las autoridades en materia de seguridad y procuración de justicia, con bancos, proveedores de aplicaciones en línea y hasta tiendas departamentales, para tratar de justificar que como nuestros datos ya se entregan a estas empresas, no hay razón para no entregarlos a las autoridades, es increíble que no advierta la diferencia entre unas y otras. Además Mejía se refirió a un supuesto conflicto entre un modelo de ventas y un modelo de seguridad, pero nada dijo sobre el conflicto que el PANAUT genera con los derechos fundamentales que se verán limitados si se aplica la medida y tampoco se refirió a la manera en la que el padrón inhibirá la comisión de delitos.
En conclusión, los parámetros de análisis de una medida restrictiva de derechos como el PANAUT, fueron sumamente bajos en todo el proceso legislativo y esto representa un verdadero riesgo, porque los mismos parámetros se pueden emplear para vulnerar otros derechos, la vara está muy baja. Sin embargo, no todo está perdido y desde la sociedad civil ya se conjuntan esfuerzos para revertir este proceso a través de los mecanismos que todavía están a nuestro alcance. El PANAUT ha despertado el interés de un buen número de ciudadanos por acudir a la vía del amparo para evitar que les sea aplicada la medida y esta es una buena noticia, pues activa los contrapesos del Estado. También es importante decir que por esta vía y como regla general, únicamente se salvaguardan los derechos de las personas que soliciten el amparo, de manera que resulta indispensable explorar otros contrapesos que garanticen la protección para toda la población y en este rubro existe una figura que es fundamental en estos casos, se trata de la acción de inconstitucionalidad que deben interponer tanto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que también podría interponer una minoría legislativa del 33 por ciento de diputados o de senadores. Estas autoridades cuentan con un plazo de treinta días naturales para hacerlo, a partir del día siguiente a la publicación de las reformas, y desde la ciudadanía también es importante exigir que lo hagan.
Ante este panorama, vale la pena recordar que si la medida se llegara a implementar, van a pasar dos años para que el padrón inicie operaciones y quienes decidan ampararse lo podrán hacer en diversos momentos durante esos dos años. Considero que el PANAUT no verá la luz jamás, ya sea porque así lo determine el Poder Judicial, o simplemente porque la ciudadanía no tiene incentivos para aceptar esta medida, nació sin legitimidad; sin embargo, ante la evidencia tan clara de que no existe relación alguna entre el padrón y el combate al delito, la pregunta que vale la pena hacer a quienes lo aprobaron es, entonces ¿para qué quieren nuestros datos?
#NoAlPadrón