El Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) contrató a tres empresas para la vigilancia y custodia de más de 5 mil 516 bienes inmuebles distribuidos en el país, así como otros bienes a su cargo. Paradójicamente, no supervisa que éstas realicen sus funciones adecuadamente pese a que esto ha derivado en un total de 67 denuncias penales por despojo en siete años. Contradictoriamente esta dependencia federal, emblemática para la 4T, justifica que la totalidad de estos bienes se encuentran asegurados bajo una póliza global; y además precisa que cada empresa de seguridad responde por los daños que puedan suceder.
Este es el resumen de la información que el Instituto proporcionó a La Silla Rota mediante cuatro solicitudes de transparencia, con el fin de conocer a fondo lo que sucede en el lugar cuya imagen pública cambió tras la renuncia de su último ex titular, Jaime Cárdenas en septiembre. En la página 3 de ésta, él informó al presidente López Obrador: "encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas -procedimientos de evaluación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional (el mayor beneficio para el estado), mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no hay Indep, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas-. En consecuencia, hemos presentado denuncias administrativas al órgano interno de control”.
CON NOMBRE Y APELLIDO
La Dirección Corporativa de Bienes del instituto respondió que mediante licitación fueron cuatro los contratos de seguridad suscritos en diciembre 2019, mismos que concluyen en noviembre de 2022. Este portal requirió copia de los mismos; y aunque la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas entregó vía el INAI cuatro links que en teoría redireccionan a cada contrato, en la práctica solo se puede acceder a uno ya que los otros tres se encuentran deshabilitados.
Pese a ello, La Silla Rota consiguió esta información por otra vía; toda es información pública. Así, los cuatro contratos fueron entregados el 13 de diciembre 2019 a tres empresas de seguridad. Uno, a la empresa Sepiver SA de CV. Otro a Servicios Especializados de Investigación y Custodia SA DE CV (en conjunto con Bussines Anyware Solutions SA de CV y SSS Asistencia y Supervisión SA de CV); y dos contratos a Adamantium Private Security Services S de RL de CV, la empresa que representa el ex director de seguridad regional de la ex Policía Federal, considerado gente cercana del ex secretario de seguridad Genaro García Luna.
En el contrato 469 -el único entregado por el Instituto- fue posible revisar detalles relacionados con la responsabilidad que asumen las empresas de seguridad. Por ejemplo, el instituto precisó que tras revisar la licitación la empresa Sepiver SA de CV mostró “contar con la capacidad y conocimientos técnicos así como la experiencia para brindar el servicio en las delegaciones regionales noroeste, Bajío y Golfo entre otros” para vigilar bienes de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México que se encuentra en liquidación.
Se estipula que dicho contrato podría ser rescindido si la empresa no cumple con las funciones asignadas, por ejemplo: servicio deficiente, inasistencia de personal o daños al inmueble entre otros. Y precisa que por cada una de estas faltas, Sepiver deberá pagar al Indep un porcentaje de entre 5 y 10% del pago mensual por sus servicios. El documento fue firmado, entre otros, por Javier Calderón Calderón (director ejecutivo de bienes inmuebles, quien llegó al SAE desde 2005) y Karla Marina Nieto Bazán (directora de seguros, vigilancia y adquisiciones).
Sin embargo, el testimonio de licitación pública de fecha 30 de diciembre 2019 refiere que la empresa representada por Cárdenas Palomino (Adamantium Private Security Services S de RL de CV) no se presentó a firmar los dos contratos asignados; sin embargo, el Indep no precisó qué decisión se tomó al respecto.
¿QUÉ BUSCA INDEP EN UNA EMPRESA DE SEGURIDAD?
La Dirección Corporativa de Bienes del Instituto informó tener a su cargo un padrón total de 5 mil 516 inmuebles distribuidos en todo el país. "Cabe señalar que dicho servicio (de vigilancia) es determinado conforme a las necesidades de cada coordinación regional", precisó.
La Silla Rota preguntó al instituto si las empresas de seguridad contratadas son o no, serias; y si se revisa que éstas no cuenten con denuncias penales en su contra, antes de firmar un contrato con ellas. La respuesta de la Dirección Corporativa de Bienes fue que no cuenta con facultades para determinar este punto por corresponder a la dirección general de seguridad privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto significaría que el Instituto no se preocupa por validar la seriedad de estas empresas por ser responsabilidad de Rosa Isela Rodríguez, titular de la dependencia quien aún no asume funciones por estar enferma de covid.
La Dirección Corporativa de Administración y Finanzas informó que "los proveedores a los que se les adjudicaran los contratos señalados cumplieron con la totalidad de los requisitos legales, técnicos y económicos; y obtuvieron el mayor número de puntos en la evaluación de puntos y porcentajes de la convocatoria respectiva".
A pregunta expresa de quién, dentro del Indep, se encarga de supervisar que las empresas de seguridad contratadas cumplan y realicen su trabajo correctamente, el instituto explicó que en el período de enero de 2018 a octubre de 2020 contó con un promedio de 23 funcionarios públicos distribuidos en sus oficinas regionales (Bajío, Golfo, Noroeste, Baja California sur, Este, Occidente, Metropolitana, Penínsular, Centro, Sur, Noroeste y Pacífico). Sin embargo, en la relación de nombres entregada, destaca que de estos 23 solo 13 continúan en su cargo. Los otros 11 ya no están ahí.
LAS DENUNCIAS PENALES POR ROBO
La información entregada refiere que desde 2013 se cuenta con el registro de 67 denuncias, todas por el delito de despojo en dichos inmuebles a cargo del ex SAE (Sistema de Enajenación de Bienes). En 2013 fue una denuncia ante el ministerio público de la federación; otra en 2015. Tres en 2017 ante el ministerio público mexiquense. 35 denuncias en 2018 (sin precisar el mes) por despojo, daño y robo en la FGR en Ciudad Juárez, Ciudad Cuauhtémoc y Ciudad Chihuahua.
En 2019 (durante la administración de la 4T) fueron 10 ante el ministerio público de la federación en los meses de abril, mayo, junio, julio, noviembre y diciembre. 17 más en 2020 en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto.
La Silla Rota preguntó al Indep cuánto dinero perdió por estos despojos. La respuesta fue nada. Cita textual la Dirección Corporativa de Coordinación Regional explicó que "los bienes que se encuentran en la administración de este instituto cuentan con una póliza global de seguros que los ampara, asimismo se tiene un contrato de servicio de vigilancia siendo dicho proveedor quién los custodia y responde ante cualquier incidente que le sea atribuible en relación con los mismos".
Sin embargo, no queda claro por qué si estas irregularidades -aparentemente- no causan un impacto económico al instituto para qué fueron denunciadas entonces ante la Fiscalía General de la República.
UN MISTERIO, ROBOS Y ALTERACIONES EN JOYERÍA
En su carta de renuncia Jaime Cárdenas se refirió a robos en el área de joyería que se subasta, específicamente a la mutilación de joyas. Con la intención de conocer con mayor detalle la forma en que se comete este delito, dentro del propio instituto, en las joyas decomisadas a la delincuencia La Silla Rota preguntó sobre el mecanismo de vigilancia de la única bóveda donde éstas se resguardan.
La Dirección Corporativa de Bienes informó que “de conformidad con el Manual General de Organización 2012, la bóveda de seguridad está a cargo de la Dirección Ejecutiva de Bienes Muebles” y precisó que “el nombre de la empresa de seguridad que vigila, resguarda y controla los sistemas de vigilancia de esta bóveda es función de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales con base en el artículo 68 fracción 5 del estatuto orgánico del Indep”, respondió.
Precisó que ahí se tienen bajo resguardo 11 mil 248 registros, pero no especificó si cada uno de estos registros corresponde a una joya o más. También se preguntó específicamente si valuadores y joyeros tienen acceso a esta bóveda y en qué casos pueden hacerlo. El Instituto respondió "a la bóveda no tienen acceso, en ningún caso".
Por otro lado la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas respondió que la seguridad intramuros del inmueble sede -donde se localiza la bóveda-, es responsabilidad del Servicio de Protección Federal (órgano administrativo desconcentrado de la SSPC) y precisó que éste “de ninguna manera vigila, resguarda o controla los bienes que se encuentran al interior de la bóveda”.
La Administración Titular de Servicios de Infraestructura (ATSI) informó que sólo participa en el apostamiento de un elemento de seguridad a través del Servicio de Protección Federal, previa solicitud por parte de la Dirección Corporativa de Bienes de este instituto".
Por su parte la Dirección Corporativa Jurídica señaló que "no existe denuncia de hechos presentada ante alguna autoridad ministerial... por haber detectado que las empresas de seguridad no cumplieran con su trabajo, no lo realizaron o lo realizaron en perjuicio del inmueble a su cargo con motivo de los bienes joyas ubicados en la bóveda del Indep".
LOS ADEUDOS
Tal y como aseguró Cárdenas, a la fecha, el Instituto debe a las empresas de seguridad más dinero del que les ha pagado. Por ejemplo, de los cuatro contratos a la fecha se tiene un registro de pago por 67.5 mdp pero se les debe 85.9 mdp. A pregunta expresa de porque no se les ha pagado el instituto respondió "esta unidad administrativa únicamente gestiona los procedimientos de pago de los servicios devengados validados por las coordinaciones regionales, siendo la facultada para la erogación de los pagos la dirección corporativa de administración y finanzas.
(djh)