Antes y después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentara una controversia constitucional ante la Corte (el pasado 2 de febrero) en contra del primer paquete de reformas electorales aprobado por el Congreso de la Unión, gobiernos estatales y municipales han recurrido al máximo tribunal del país para inconformarse por el llamado “plan b” del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La demanda de controversia constitucional que presentan los gobiernos locales es específicamente contra el decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de diciembre de 2022.
El 26 de enero, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, fue el primero en promover ante la Corte un recurso de controversia constitucional por considerar que "de estas reformas se desprende una invasión de las esferas competenciales, lo que viola preceptos constitucionales".
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Según el municipio, la reforma “viola los principios de autonomía y libertad hacendaria, además de vulnerar el derecho a la libertad de información de las y los habitantes de Chihuahua”.
Expertos constitucionalistas consultados por La Silla Rota coincidieron en que solo amparándose ante la Corte, a través de controversias constitucionales, los estados y municipios puedes garantizar hacer uso de esos recursos públicos, destinados a informar a la ciudadanía sobre sus acciones.
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¿En qué consiste la ley de Comunicación Social?
En noviembre, López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa que, en materia electoral, reforma varias disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Esta reforma, que es parte del conocido como “plan b” de la reforma electoral, cambia los criterios de propaganda gubernamental, lo cual restringe a los alcaldes y gobernadores para hablar de las obras públicas y acciones sociales que realizan. En concreto: destinar dinero para este tipo de promociones.
De igual forma afectaría a los medios de comunicación al querer modificar el concepto de publicidad oficial e impedir que los gobiernos reclasifiquen el gasto público en temas de comunicación social.
Los demás que se sumaron
El 3 de febrero pasado, el gobierno de Coahuila presentó una demanda de controversia constitucional contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por las reformas del “plan b” que modifican la Ley General de Comunicación Social y afectan la soberanía de las entidades.
El gobierno estatal argumentó que se viola la soberanía al invadir las facultades constitucionales para la aprobación del presupuesto y cómo se ejerce. Agregando que busca “que el ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la información no se vea vulnerado y defender los mecanismos mediante los que la ciudadanía puede acceder a ellos”.
El municipio de Torreón se sumó al reclamo estatal, con la firma otra controversia, al igual que el gobierno de Saltillo. A través de la secretaría del Ayuntamiento y la dirección de Asuntos Jurídicos, el ayuntamiento puso en marcha la acción legal en contra de la reforma aprobada en diciembre de 2022.
Carlos Estrada Flores, secretario del ayuntamiento, informó que el objetivo es que se declare no válido el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, "que atenta contra la libertad hacendaria de los municipios para ejercer la libre administración de sus recursos, e invade su autonomía".
Ese mismo día, el cabildo del ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, autorizó a la alcaldesa Lili Campos promover una controversia constitucional ante la Corte para invalidar la Ley General de Comunicación Social en lo referente a la regulación del presupuesto destinado a la publicidad y propaganda oficial, por considerar que se trata de una violación a la autonomía municipal.
El 31 de enero pasado, el municipio de Durango anunció que se sumará a las acciones legales que han emprendido algunos ayuntamientos de las capitales del país sobre Ley General de Comunicación Social.
Ese día, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) anunció la presentación de una serie de controversias constitucionales en contra del “plan b” de López Obrador, “por constituir una invasión a la esfera municipal, un ataque directo al municipalismo y a su libertad hacendaria, además de violar el Artículo 115 constitucional”.
Ya van 30 municipios
A estos municipios se sumó recientemente León, que gobierna Alejandra Gutiérrez, quien también es la presidenta de la ANAC. La alcaldesa señaló que, a nivel estatal, 18 municipios han presentado su intención de hacer valer su autonomía por medio de la controversia constitucional ante la Suprema Corte.
“Llevamos más de 30 municipios al día de hoy, que ya presentaron la controversia, de diferentes tamaños, de todos los estados. (…) Es bien claro, la soberanía y la libertad hacendaria de los municipios y sobre todo el derecho de saber, de la ciudadanía”.
Además, la senadora del PAN, Alejandra Reynoso, aseguró que esta reforma pretende “callar a las autoridades locales y estatales (…) quitarle la capacidad de comunicación a los alcaldes y los gobernadores (…) limitar la posibilidad de informar las cuestiones más indispensables y básicas para la población”.
Por su parte, los senadores del PAN ya presentaron una acción de inconstitucionalidad ante esta reforma.
Solo pueden presentarse ante la Corte: experto
Las acciones legales para frenar los cambios, que aprobó Morena y sus aliados PT y PVEM en el Congreso, a la Ley General de Comunicación Social solo pueden interponerse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En entrevista con La Silla Rota, así lo explicó el constitucionalista Julio Jiménez, quien también detalló que el Poder Judicial local ni los Congresos estatales pueden abordar el tema por tratarse expresamente de modificaciones a leyes federales y no locales.
“Esta ley es de naturaleza federal y en competencia en materia de comunicaciones y de materia electoral quien debe conocer el tema es la Suprema Corte de Justicia a través de acciones de inconstitucionalidad”.
“Este es un trámite para detener el ‘plan b’ de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre temas de publicidad vinculados con la reforma electoral secundaria. Sin duda es un tema que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia y aunque evidentemente los Congresos estatales intenten jalar agua para su molino, no sería ni su competencia ni su materia”.
El 23 de enero, por separado, las dirigencias nacionales de PAN, PRD y PRI presentaron acciones legales contra el “plan b” de la reforma electoral que aprobó la cámara de diputados en diciembre por mayoría simple.
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, entregó una acción de inconstitucionalidad y llamó a que el Poder Judicial declare inválidas dichas reformas, “que se echen para atrás porque son inconstitucionales y por tanto no aplicables ni válidas rumbo al proceso electoral 2024”.
Además, pidió que el tema sea resuelto antes de septiembre cuando de inicio formal del proceso electoral de la sucesión presidencial. “Si lo hace antes mucho mejor porque no se sentarán precedentes de actos que pudieran ser violatorios o que hayan sido sancionados por el INE o el Tribunal Electoral”.
El dirigente nacional panista, Marko Cortés, confió en “una alta expectativa de que se haga valer la supremacía constitucional, que se respete la Constitución quiere decir que las leyes secundarias no la violenten, que el presidente no abuse de su mayoría en la Cámara de Diputados para querer ponerse las reglas a modo en materia electoral".
El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, presentó otra. Y el INE presentó una controversia constitucional hace unos días.
¿Por qué ante la Corte?
Julio Jiménez precisó que, de acuerdo con la Constitución, se pueden presentar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de partidos políticos y organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información. Todas, subrayó, tendrían que pasar también por la Corte.
El experto en temas constitucionales agregó que quien o quienes intenten respaldar el "plan b" del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de los congresos locales, obtendrán resultados infructuosos.
“Estamos en un estado de Derecho donde la gente puede intentar lo que quiera; pero de ahí a que sea procedente o legítimo, no ocurrirá. Y no procederá porque es un tema de competencia federal; los congresos locales no tienen competencia en el tema y menos podrían resolver una acción de inconstitucionalidad. No hay otra cancha más que la Corte sea acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional en materia de publicidad electoral”.
Con información de Arturo Velázquez | LSR Guanajuato