Al cumplirse 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el balance sobre su desempeño presenta claroscuros. Un reporte publicado por la firma Integralia, especializada en análisis de riesgo político y planeación para gobiernos, muestra que de 93 indicadores analizados, la gestión de López Obrador reporta avances en 52, retrocesos en 38 y en tres rubros la situación se mantuvo estable.
El reporte señala que con López Obrador aumentaron los médicos en el sector público, pero bajaron las consultas y que, a pesar del discurso de que la 4T no es corrupta, se registró un aumento en corrupción de funcionarios públicos, en comparación con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
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También revela que a pesar de aumentar el presupuesto para los adultos mayores en un 567.7 % se generó mayor carencia en servicios médicos.
En términos generales, Integralia presentó la evaluación en los indicadores cuantitativos respecto de la evolución de la gestión del gobierno de López Obrador, en los diferentes campos como son la economía, las finanzas, sociedad, desarrollo, política, gobierno, salud, seguridad, justicia, derechos humanos y otros. La denominada Cuarta Transformación resultó efectiva en 55.91% de las áreas de gobierno y fracasó en 40.86% de las acciones.
Positivos y negativos
Analizada por áreas de gobierno, la gestión del tabasqueño resulto positiva en economía y finanzas, desfavorable en sociedad y desarrollo, y neutral en materia de seguridad.
En el primer renglón, que consta de 35 indicadores, el gobierno de López Obrador reportó progresos en 26 y retrocesos en nueve. Es decir, tuvo una efectividad de 74.28 por ciento.
Algunos de los mayores logros son el aumento al salario mínimo, que se incrementó más de 93% de 2018 a 2023; el aumento en el costo de la mano de obra, con una revalorización de 18.8 puntos porcentuales; la inversión extranjera directa, que se elevó en 18.5% y la recaudación fiscal.
Entre los descalabros económicos están la productividad laboral (-5.11 puntos porcentuales entre 2018 y 2023); la competitividad (cinco lugares menos en el ranking internacional del IMD); el PIB per cápita (-0.8%); la inflación subyacente (subió 1.77 puntos porcentuales); la inversión pública (-13.3%) y la deuda pública (se elevó 2.9 puntos).
El rubro donde el gobierno ha quedado a deber en estos cinco años es el relativo a desarrollo social. De 49 indicadores, hubo progresos en 21, pasos hacia atrás en 24 y cuatro quedaron igual, según el documento.
El discurso del mandatario desde su primer día en la Presidencia es que “su gobierno es diferente” y que ya no existe corrupción, pero de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) es que la corrupción pública del 2017 al 2021 costó más de 9,489 millones de pesos a los ciudadanos, es decir, 2,271 millones de pesos más que en el anterior gobierno.
Dicho balance es el peor calificado en la administración de López Obrador, quedando al descubierto que los servidores públicos en el gobierno de la 4T superaron en los cinco años que van del gobierno de López Obrador a los del PRI de Enrique Peña Nieto en temas de corrupción.
De acuerdo con el Inegi, la tasa de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100 mil habitantes tuvo un balance negativo de 66 puntos entre el anterior gobierno priista y el actual.
Las principales fallas se ubicaron en evolución de hogares y personas que pasaron a ser clase media (los indicadores bajaron 9.6 y 12.8%, respectivamente, entre 2018 y 2023), el rezago educativo (subió 0.4 puntos porcentuales), la carencia por acceso a los servicios de salud (se elevó 22.9 puntos) y el aumento de la pobreza extrema.
También hubo regresiones en el Índice de Desarrollo Humano (-0.20 puntos), esperanza de vida (-4.8 años), PIB per cápita (-8.1%), resultados en la prueba PISA (entre -5 y -14 puntos), en población con carencia de servicios de salud (-22.9 puntos porcentuales) y en número de consultas médicas (-46.5 millones de atenciones).
Finalmente, de los 10 indicadores que conforman el rubro de seguridad, justicia y derechos humanos, el gobierno obtuvo un “empate”, con avances en cinco renglones y retrocesos en otros tantos.