La Consejería Jurídica de Presidencia de la República, presentó un escrito para que el Ministro Javier Laynez Potisek no sea el encargado de analizar la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores de oposición contra la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
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“Con el escrito de cuenta, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico relativo al impedimento que plantea la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,a quien se tiene por reconocida la personalidad que ostenta en representación del Poder Ejecutivo Federal, en el que manifiesta…’vengo a solicitar que el ministro Javier Laynez Potisek se excuse para conocer de la acción de inconstitucionalidad al rubro,’”
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La petición será turnada al pleno de la Corte para que defina lo que en derecho corresponda y correr traslado a las ministras y ministros para su conocimiento para voten por la aprobación o negativa.
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La acción de inconstitucionalidad 214/2023 fue presentada por senadores de los partidos Acción Nacional (PAN); Revolución Institucional (PRI), así como de la Revolución Democrática (PRD) contra la eliminación de los fideicomisos por más de 15 mil millones de pesos aprobada por senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); del Partido del Trabajo (PT), así como Verde Ecologista de México (PT).
Hasta el momento, la acción de inconstitucionalidad no ha sido aceptada por el ministro, quien en los próximos días definirá si le da ingreso para su estudio, y en caso de considerarlo, redacta un proyecto para su análisis y votación en el pleno de la SCJN.
Freno a la extinción de fideicomisos
La extinción de los fideicomisos ya fue frenada por un juzgado en la Ciudad de México, quien concedió una suspensión provisional contra la desaparición de los fideicomisos. En los próximos días el juzgado definirá si concede la suspensión definitiva lo que frenaría la eliminación de los fideicomisos hasta que analice el fondo del asunto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que el dinero sea destinado para Acapulco, Guerrero, por los daños causados por el paso del huracán Otis. La suspensión otorgada por la juez establece que, en caso “de no otorgarse la medida cautelar solicitada, se corre el riesgo de afectar derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, de que se vea afectada la impartición de justicia con la obstaculización de programas, implementación de reformas constitucionales o infraestructura de los órganos impartidores de justicia”.