Dos expertos consultados por La Silla Rota coincidieron que una segunda reforma a la recién reformada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sería la vía legal más lógica y viable para redirigir los recursos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial hacia los damnificados por el huracán Otis.
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La duda surge luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Poder Judicial destinar los 15,000 millones de pesos en fondos a la crisis que dejó el huracán categoría 5 en el estado de Guerrero hace ocho días; de que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, accediera a dialogar; y de que la Cámara de Diputados y la Secretaría de Gobierno se declararan listos para acatar la orden del Ejecutivo.
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Deberá existir cooperación por parte de los tres poderes, pues bastará con el desacuerdo de uno u otro para que los estimados 15 mil millones de pesos de los fideicomisos queden atrapados en limbo por meses, opinó Mariano Calderón, socio experto en derecho constitucional de la firma Santamarina y Steta.
“Yo creo que se podría hacer rápido dependiendo de a qué entendimientos o acuerdos podrían llegar, y en la medida en que hubiera algo fundamental en una democracia, que es el diálogo. Tiene que haber un diálogo entre los tres poderes”, señaló.
Por su parte, el abogado postulante en materia administrativa, Tulio Antonio Salanueva Brito, miembro del Colegio Nacional de Abogados, resaltó que un acuerdo político de tal materia entre los tres poderes “No tiene un precedente reciente en la historia de México”.
“Tiene que ser a través de un mecanismo legal como se transfieran los recursos de los fideicomisos a cualquier otra actividad pública, no podría ser de otra manera porque se estaría transgrediendo diversos artículos de la legislación público, y yo no veo otra manera que no sea a través de un mecanismo legal”, aclaró.
Y es que han pasado solo cinco días desde que la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se oficializa la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, estimados en al menos 15,000 millones de pesos según lo reportado hasta finales del segundo trimestre del año.
Según lo publicado, los recursos deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación en 120 días para, posteriormente, ser asignados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) programas relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo.
Dado que la reforma ya pasó por su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado y el Ejecutivo, los expertos coincidieron que los fondos no pueden ser redirigidos antes del plazo establecido o a otro lugar que no sea el indicado por la reforma.
“Los legisladores de un plomazo decidieron que desaparecían y que todo se tenía que destinar a la Tesorera de la Federación para que se sumara a la bolsa general de los recursos del gobierno federal”, dijo Calderón.
“Los legisladores no pueden modificar esa reforma legal, salvo que presentarán una iniciativa y siguieran todo el proceso legislativo. (...) todo eso lo pueden hacer pero tienen que seguir todo el proceso legislativo”, agregó.
Por su parte, Salanueva opinó que “Una vez que el Congreso de la Unión aprueba la extinción de los fideicomisos, la legislación correspondiente tiene que ser sancionada por el Ejecutivo federal, y hasta este momento, de acuerdo con los artículos transitorios, pues puede llevarse a cabo el fin de esa legislación que es transferir los recursos de esos fondos fideicomitidos a la tesorería de la Nación”.
Sin consenso no habrá progreso
Tras la propuesta del presidente López Obrador y el visto bueno de la ministra presidenta, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, en votación económica, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se busca determinar el destino de los recursos de los fideicomisos para apoyar al estado de Guerrero, por el paso del huracán Otis. El tema se discutirá el próximo lunes 6 de noviembre, a las 11:00 horas, en modalidad presencial.
Si bien diputados y senadores de Morena, junto con sus aliados, podrían aprobar una nueva reforma en “fast track”, el experto de la firma Santamarina y Steta dijo que los fideicomisos no podrán ser destinados tan fácilmente sin el aval del Poder Judicial.
Y es que a cuatro días de que se publicara el decreto en el DOF, un juez federal suspendió de manera temporal la reforma que extingue los 13 fideicomisos, dejando así congelados, por ahora, los recursos para que no puedan ser transferidos a la Tesorería de la Federación.
Por lo que la intervención de la cabeza del Poder Judicial, Norma Piña, es necesaria para poder movilizar los fondos al destino que propuso el presidente.
“Ayer, un juez de distrito ya admitió a trámite la primera demanda de amparo que se promovió en contra de la primera reforma legal con la que se extinguieron los fideicomisos (...) y es el primero de muchos que se ven venir”, dijo Calderón, y agregó que “por lo pronto, hagan lo que hagan, mientras esté esa suspensión provisional por parte del juez de distrito, no se pueden extinguir esos fideicomisos”.