Un juez federal suspendió temporalmente la reforma que extinguió 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), los cuales representan 15 mil 434 millones de pesos hasta el segundo trimestre de 2023.
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Juan Fernando Luévano Ovalle, juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, determinó que los fondos de estos fideicomisos deben seguir operando para los propósitos con los que fueron creados, por lo que se prohibió, por el momento, transferir los fondos a la Secretaría de Hacienda y a la Tesorería de la Federación.
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En la resolución se determinó conceder una suspensión provisional a la magistrada del Primer Tribunal Colegiado en materia Civil y del Trabajo de Chihuahua, María del Carmen Cordero Martínez, que solicitó un amparo contra la eliminación de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
El juzgador sostuvo que la suspensión es para el efecto de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se abstenga de realizar la transferencia de los 15 mil millones de pesos a las autoridades hacendarias.
Además, para que no se apliquen las consecuencias y efectos de la disposición reclamara, la cual está contenida en el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del Artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF.
La suspensión provisional ordena al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y a la Banca de Desarrollo Nacional Financiera que acaten el fallo.
Será el 9 de noviembre de 2023 cuando se realice la audiencia incidental en la que se definirá si se otorga la suspensión definitiva a la magistrada María del Carmen Cordero Martínez.
“(…que se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos y se garantice su continuación, operación y administración del objeto por el cual fueron creados tales fideicomisos celebrados por el CJF, en cumplimiento a las reglas de operación de cada uno de ellos”, se lee en el fallo del juez.
El proceso de eliminación de los fideicomisos
Apenas el pasado 27 de octubre, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó dicho decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que abrió la oportunidad para los trabajadores afectados de presentar los amparos contra esta legislación que señalan afecta sus derechos laborales.
Se trata de la reforma que se realizó en el Congreso de la Unión al artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF, la cual prevé que “en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales anteriormente”.
El documento prevé que el dinero de los fideicomisos será enviado a la Tesorería de la Federación, para que de ahí pasen a formar parte de programas que nutran el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Uno de sus usos será fortalecer el presupuesto para las obras que realiza el gobierno de López Obrador.
Sin embargo, este martes 31 de octubre, el presidente López Obrador propuso al Poder Judicial Federación que destine los 15 mil millones -que fueron eliminados de sus 13 fideicomisos- para apoyar a los damnificados de Acapulco, Guerrero, afectados por el huracán Otis.
“¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15 mil millones apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco”, dijo en su conferencia mañanera.
A lo que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, aceptó discutir la propuesta del presidente.
La también titular del Consejo de la Judicatura Federal explicó, en un oficio de su administración en la Corte enviado a la Presidencia, que tuvo conocimiento del planteamiento de López Obrador en su conferencia matutina de este martes, donde propuso destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos, a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero.
“La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”, remarcó la presidenta de la Corte.
Grupo Plural rechaza pacto sobre fideicomisos
El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, aseguró que no pueden realizarse pactos ni acuerdos sobre el destino de los fideicomisos, como pretenden el presidente López Obrador y la titular del Poder Judicial.
El legislador federal destacó que no es constitucional “el pillaje del Congreso al dinero de los Fideicomisos judiciales”.
“No es admisible un acuerdo entre el presidente de la República y la presidenta del Poder Judicial, la respetada ministra Norma Piña, para darle un destino distinto a los recursos de los fideicomisos judiciales que el Congreso secuestró, no es admisible porque no es constitucional”, remarcó.
“El artículo 22 de la Constitución prohíbe la confiscación de esos recursos”, remató Martínez en un video subido a las redes sociales del Grupo Plural.