En un reciente encuentro en la capital del país, líderes de organizaciones indígenas presentaron fuertes críticas hacia la administración de Andrés Manuel López Obrador alegando negligencia en brindar apoyo ante la creciente actividad del crimen organizado que ha llevado al desplazamiento de comunidades originarias en el sur del territorio nacional, de igual forma, por estas y otras acciones, acusaron de racismo al gobierno.
Isabel Valencia Hernández, perteneciente a la comunidad Otomí, señaló que, pese a años de lucha y espera, el gobierno no ha demostrado interés en escuchar o auxiliar a estas comunidades.
”El jefe de Gobierno sigue teniendo un racismo porque no se voltea ni a ayudarnos ni a escucharnos. Seguimos en la espera después de muchos años luchando. No existe el cansancio, vamos a seguir luchando”, remarcó Isabel Valencia Hernández, de la comunidad Otomí, en una conferencia de prensa en Ciudad de México.
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A nivel nacional e internacional, se convocó una acción global con el respaldo de más de 300 organizaciones y figuras públicas, solicitando detener cualquier forma de hostilidad contra las comunidades zapatistas y los pueblos originarios a nivel global.
Una de las críticas destacadas fue hacia el proyecto Corredor Interoceánico, una iniciativa emblemática de la administración actual. La obra, que busca conectar el Pacífico con el Atlántico y establecer una plataforma de comercio internacional, ha sido objeto de controversia. Una vocera encapuchada de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida señaló que el gobierno es responsable del despojo y daño territorial derivado de proyectos como este.
"La guerra también son los megaproyectos de muerte del Gobierno, como el Corredor Interoceánico, al igual que hay guerra cuando las empresas contaminan nuestros ríos, aguas y tierras. Responsabilizamos a los jefes del Gobierno del despojo y destrucción de nuestro territorio”, destacó una representante encapuchada de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
La representante también responsabilizó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por prácticas que resultan en la contaminación de tierras y afectación al medio ambiente mediante la liberación de desechos tóxicos.
El país cuenta con una población indígena considerable, conformada por más de 23 millones de individuos en un país de 126 millones, donde aproximadamente 7 millones hablan un idioma originario, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La militarización y la presencia policial en regiones indígenas también fueron tópicos de discusión. La Asamblea demanda la cancelación de cualquier proyecto de establecimiento de complejos policiales en estas zonas, citando la falta de consenso y aprobación de las comunidades.
Leiden, destacada figura del ámbito artístico, contribuyó al diálogo al presentar un pronunciamiento sobre la situación en el país, identificando a varios actores como participantes en el conflicto: el crimen organizado, cuerpos estatales de seguridad, la clase política en su conjunto y las instituciones estatales, que, en su opinión, se ven afectadas por la corrupción.
El clímax de estas acciones reivindicatorias se espera para el 12 de octubre de 2023, reconocido como el día de la resistencia y la dignidad humana, con una gran movilización planeada en Ciudad de México.
Con información de EFE.
DJC