Este martes, organizaciones que acompañan a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, señalaron que las “descalificaciones” del Ejecutivo federal contra el grupo de expertos internacionales y los asesores de los familiares, así como la “protección al Ejército, ponen en riesgo el esclarecimiento del caso”.
A través de un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y Servicios y Asesoría para la Paz lamentaron los dichos presidenciales y subrayaron que los familiares de los estudiantes no son manipulados.
“Como los familiares se lo dijeron en reunión y lo reiteraron en su marcha, los papás y las mamás no son manipulados por nadie: conocen el caso de sus hijos y ejercen sus derechos con dignidad. Así se lo hicieron ver al propio Presidente de la República en su último encuentro, al exigir respeto y demandar que no les insulte. Para ellos y ellas, todo nuestro respeto y admiración”.
Las organizaciones también rechazaron las declaraciones del presidente de México dirigidas a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes a lo largo del período en que colaboraron con el Estado mexicano “realizaron aportes fundamentales para el esclarecimiento, conduciéndose siempre sobre la base de la evidencia, dejando un notable precedente de asistencia técnica internacional para la investigación de graves violaciones de derechos humanos”.
Además, lamentaron los ataques en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH).
“Las instancias internacionales no han callado ante la crisis de derechos humanos de México y no lo han hecho en este caso. Respecto de Ayotzinapa, sin la CIDH no habría GIEI y sin el informe de la ONUDH ‘Doble Injusticia’ no se habría documentado a profundidad la práctica de la tortura en la investigación”.
En el pronunciamiento, enfatizaron que tampoco comparten las “descalificaciones” en contra del ex titular de la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, ya que “su gestión, sin estar exenta de áreas de oportunidad, fue determinante para avanzar acusaciones que hoy el gobierno presenta como avances y es una infamia atribuirle responsabilidad en el entorpecimiento de la indagatoria”.
No obstante, resaltaron que el actual fiscal especial, Rosendo Gómez Piedra, es quien “está entorpeciendo el caso, pues en su carencia de legitimidad y conocimiento del mismo está desmantelando al equipo que logró esos avances, poniendo en riesgo los pasos dados”.
Ante la insistencia de que los militares ya entregaron toda la documentación del Caso Ayotzinapa, las organizaciones apuntaron que la “exoneración y férrea defensa del Ejército sólo es una triste comprobación del peligroso e inédito empoderamiento militar del presente”.
En el documento, respaldaron la insistencia de los familiares para que sea retirada la “narrativa de hechos” generada por el “Gabinete de Seguridad”, que les fue presentada el 25 de septiembre y difundida en redes sociales al día siguiente, ya que “se aproxima a la llamada ‘verdad histórica’ al criminalizar sin prueba bastante a uno de los estudiantes víctima de desaparición, además de reducir los hechos a un asunto local atribuible al narcotráfico, soslayando el grado de intervención de diversas instancias y el carácter estructural del caso, entre otras falencias”.
Las organizaciones aseguraron que las familias continuarán su lucha y mantienen su esperanza de acceder a la verdad en la actual administración.
“Nuestra obligación es acompañarlas hasta el final en ese digno empeño. Sin embargo, no dejamos de hacer notar que en un sexenio marcado por el enorme peso de la palabra presidencial, las recientes expresiones disminuyen la posibilidad de que las instituciones terminen de abrir los diques de encubrimiento que hoy impiden dar por esclarecido el caso y esta es una triste realidad”.
Por ello, apuntaron que acompañan la decisión de los padres y madres de sostener todavía el diálogo en el marco de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ), sobre la base del informe que, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el jueves pasado.
“Mismo que se aparta de la criminalización de los estudiantes y que no considera que la última palabra sobre el acceso a los documentos militares sea la dada por la autoridad castrense con la característica opacidad militar”.
Asimismo, insistieron en la demanda de que el Ejército entregue todos los documentos que tiene en su poder, ya que pese a solicitarlos por escrito, la Secretaría de la Defensa Nacional “simplemente niega la existencia de los documentos, perpetuando así la opacidad”.
“Es falso que los castrenses ya hayan entregado todo: hace falta, al menos, la entrega de todos los documentos generados en el 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala (CRFI), así como todos los elementos producidos a partir de la ilegal infiltración de un elemento del Ejército en la Normal Rural de Ayotzinapa, incluyendo toda la información técnica obtenida durante los días precedentes y posteriores a los hechos de la desaparición”, concluyeron.