La reducción presupuestal al Poder Judicial planteada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Poder Legislativo, complicará la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así lo aseguró el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien alertó que la problemática se presentará a nivel federal y local, obstaculizando la impartición de justicia.
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El pasado 10 de octubre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso Federal mexicano aprobó mediante una votación dividida una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, equivalentes a 15 mil millones de pesos, los cuales serán reintegrados a las arcas del Estado.
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La medida para recortar el presupuesto de la Corte, representa un nuevo choque entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, de mayoría morenista y sus aliados, con el Poder Judicial, el cual ha sido acusado en reiteradas ocasiones por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, de tener un gasto público desproporcionado, señalando que los ministros ganan mucho más que él.
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Por su parte, El Poder Judicial alertó que la extinción de 13 de sus fideicomisos afectará a los trabajadores operativos del Poder Judicial y no a los ministros, pues ninguno de los 14 fideicomisos cuenta con recursos que se destinen a pagar alguna prestación estos últimos.
“Al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro”, resaltó la Corte.
En ese mismo sentido, la oposición, quienes intentaron impedir la aprobación de la reforma para la extinción de los fideicomisos aseguraron que interpondrán recursos de inconstitucionalidad, pues alegaron que la decisión no debió tomarse por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, aunque expertos consultados por La Silla Rota afirmaron otra cosa.
De acuerdo con los expertos en materia judicial y legislativa consultados por La Silla Rota, la decisión de aumentar o reducir el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competencia exclusiva del Poder Legislativo por lo que los recursos de amparo interpuestos por la oposición no deberían prosperar, aunque señalaron que la Corte se defenderá como pueda contra la reducción del presupuesto.
Los especialistas coincidieron en que sólo juicios de amparo, presentados por los trabajadores afectados, podría echar para atrás la eliminación de dichos fideicomisos, aunque señalan que posiblemente solo apliquen a una parte y no a todos.
"El hecho es que estos fideicomisos son dinero público y sobre éste, en primera instancia, tiene poder el Congreso. Habría que ver si estas personas, que están beneficiándose a través de los fideicomisos, pueden ampararse".
"Una cosa es lo que está acusando la oposición para, en términos de las deficiencias que hay en el proceso legislativo, contravenir la reforma. Pero parece no haber tantas deficiencias, entonces, me parece que aunque puedan meterse controversias podrían no prosperar, pero sí los amparos que vengan de las personas que demanden el servicio de sus prestaciones y la federación debería garantizarles este servicio, no aplicaría para todos, solo para los amparados".
VGB