Julio Espinosa es uno de los investigadores que forman parte del Mecanismo para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica. Él, junto con otros compañeros ingresaron al Campo Militar 1 en busca de expedientes que ayudaran a tener más información sobre los movimientos sociales, así como las represiones y violaciones de derechos humanos en las que participó el Ejército mexicano entre 1965 y 1990.
Pese a que un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador publicado el 6 de octubre de 2021 establece que debe haber colaboración militar en la apertura de sus expedientes, lo que encontraron los investigadores fue una artillería de pretextos, obstáculos, sabotajes e insultos para impedir su labor.
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Espinosa, en entrevista con La Silla Rota, recuerda que desde julio del año pasado hasta hace unos días el equipo de investigadores registró demoras de militares para dejarlos entrar, impedimento para revisar expedientes, retiro de fojas y la negativa para tomar testimonios de soldados.
El investigador e historiador recuerda especialmente uno de los momentos en que vieron que a los expedientes los militares que los atendían, les quitaban fojas antes de entregárselos.
“Cuando empezamos a hacer esta entrada a los depósitos nos dimos cuenta de que había un área de oficinas, veíamos a personal que estaba revisando los expedientes y que les quitaban fojas.
- ¿Eso lo vieron?
- Sí, sí, el equipo lo pudo verlo en repetidas ocasiones. Lo comentábamos en la Sala de Consulta ‘oye, viste que estaban ahí revisando cosas y ya tenían como un montoncito que se ve que habían quitado de otra cosa’. Ahí empezó la sospecha de que lo que nos estaban entregando estaba pasando por un filtro donde los estaban revisando y esto le da sentido al hecho de que solicitamos un expediente y tardaba una hora o más en llegar”, dice.
“Esto que se menciona también en el informe Las formas del silencio, que los expedientes que contenían remaches y que después llegaban sin esos remaches, que porque se les había hecho limpieza, que porque tenían hongos. Cuando los habíamos podido consultar y únicamente para hacer el registro durante el trabajo en estanterías no habíamos detectado que tuvieran hongos, pero era el argumento que ponían ellos”, menciona.
Tampoco hubo colaboración para revisar expedientes de personal militar, en especial de los que estuvieron en el combate a la guerrilla, añade Espinosa. El argumento es que se trataba de datos personales sensibles, pero el equipo de investigación ya había firmado un acuerdo de confidencialidad al respecto. Pese a ello, la opacidad militar persistió.
“Sobre todo se aplicó cuando empezamos a solicitar expedientes de militares que teníamos identificados, que más resaltan en este contexto, el de Mario Acosta Chaparro, el de Francisco Humberto Quirós Hermosillo etcétera, pero la respuesta siempre fue que no podíamos consultarlos porque tenían información personal, a pesar del carácter que nos atribuía el decreto”.
Otros hechos fueron que cuando esperaban afuera de la caseta de vigilancia para ingresar, les llegaron a gritar “quítate estorbo”, aunque no estorbaran, y les pedían que se quitaran, o mientras platicaban con un soldado que les formulaba preguntas insistentes, los militares señalaban con el arma que cargaban -aclara que sin apuntarles- lo que de todos modos era una forma de intimidación.
Además, también les negaron tener información de las distintas zonas militares del país, pese a que ellos saben que sí la tienen.
Entrevistado por La Silla Rota luego de que el Mecanismo anunció el 11 de octubre el retiro del equipo de investigadores debido precisamente a ese cúmulo de dificultades impuestas por la Secretaría de la Defensa, se le pregunta a Espinosa si cree que esa actitud la veía como una orden de alguien con una alta jerarquía, o si era iniciativa de los soldados que los atendían.
Sin dudarlo, considera que sí era parte de una línea de mando, ya que la conducta era sistemática.
También se le pregunta por las declaraciones del presidente López Obrador, quien un día después en su conferencia mañanera expresó que los investigadores mentían y habían perdido objetividad.
“No hay nada que abonar sobre las declaraciones que dio el presidente. Creo que la prioridad sigue siendo la investigación y no hay que desviar la atención en esa discusión”.
LA OBSTACULIZACIÓN
El investigador recuerda que al inicio del ingreso del equipo, detectaron que tenían ordenadas las cajas de los expedientes por año. Pero súbitamente eso cambió.
“De pronto se llegó a dar que había cajas que no tenían año y tenían documentación del periodo que estamos trabajando, entonces les mencionamos ‘nos interesa ver las cajas completas de todo aun cuando el año sea incluso posterior, cajas de la década de los 90, de la década del 2000’. Se acordó que se pudiera ver y empezamos también a encontrar documentación, entonces otro de los señalamientos fue que necesitábamos tener este acceso constante a la estantería para poder registrar las cajas y ver qué expedientes nos servían.
“Ellos argumentaban que había que cuidar la seguridad de los documentos, que la cuestión era de Seguridad Nacional, de relaciones con otros países y en todo caso se les propuso que si querían estar, y de hecho lo hacían, estaban ahí pegados cuando entrábamos en la estantería, pero se acordó que si había una caja del 93 y la abro, no voy a ponerme a leerla, simplemente le doy una ojeada rápida y si la documentación es posterior a los años que estamos trabajando, la devuelvo, la guardo y se acabó”, recuerda, pero los militares no aceptaron y sí había un documento que no fuera de ese periodo, aunque el resto sí, ya no dejaban revisarlo.
LES QUITABAN TIEMPO
La labor de los investigadores, que comenzó en septiembre de 2022, se topó primero con las negativas de soldados que resguardaban el campo militar 1-J para dejarlos ingresar, bajo el pretexto de que eran civiles.
Entonces los investigadores explicaban que iban de parte de la Comisión de la verdad y que ya había un oficio de quiénes iban a ir. Pero los soldados les replicaban que debían llamar a Archivo e Historia. En ese proceso transcurrían entre 30 y 50 minutos, muy valiosos porque a las 3pm debían retirarse.
Cuando lograban entrar, en la Sala de Consulta les decían que quienes los iban a atender, llegaban hasta las 10am, o los hacían esperar ahí.
‘ESTÁS ESTORBANDO’
Pero también hubo intimidación en diversos momentos.
“En las casetas de entrada se ponían pesados. Nos decían vete de aquí, estás estorbando, o se ponían enfrente, queriendo imponerse o te señalaban con su arma y decían que seríamos arrestados”, recuerda Espinosa.
Para tratar de evitar cualquier incidente, los investigadores buscaban entrar en grupo. Al paso de las semanas la situación cambió, y aunque había personal que era prepotente, otros sí los dejaban pasar sin reparos.
Ya en la revisión de los expedientes les decían que no podían revisarlos porque había datos personales sensibles.
“Nosotros incluso antes de acudir a trabajar en archivos militares ya habíamos firmado un acuerdo de confidencialidad que nos compromete como servidores públicos a hacer un manejo responsable de esta información, de no difundirla, tuvimos capacitación para trabajar con ese tipo de información que estamos conscientes del uso que les vamos a dar, no vamos a estarlo publicando ni haciendo un uso incorrecto”, remarca el investigador.
Pese a ello, los militares nunca dejaron de mencionar esa razón para no prestar algunos de los expedientes.
EXPEDIENTES SIN CLASIFICAR E INVENTARIO INCONSISTENTE
El integrante del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico también recuerda que pidió información sobre la clasificación de los expedientes, pero les respondieron que no había tal.
“Una de las cosas que hicimos, recién nos incorporamos al trabajo en Archivo Militar desde julio del 2022, fue solicitar instrumentos de consulta. Como todos los archivos debe de tener un inventario general, un clasificador, un catálogo topográfico que nos permite conocer qué series documentales hay, la extensión documental del archivo así como los temas clasificados. Nos dijeron que no tenían nada, solo nos entregaron un inventario que se menciona en el informe.
“Decían que era toda la información que tenían respecto al contenido del archivo. Este inventario tenía muchas inconsistencias porque no era una información muy precisa en algunos casos, venía cuántas cajas eran sobre un asunto, en otras no. En otros casos estaba establecido el período, las fechas extremas de algunas series documentales. Con ese material empezamos a trabajar, les decíamos ‘quiero ver esta serie documental que tiene que ver con decomisos hechos por el ejército’.
“En vez de llevarnos la caja completa, nos llevaban un expediente. Con esta dinámica no podíamos conocer de cuál caja procedía, cuántas cajas eran, si la caja de donde traían ese expediente contenía otros, entonces empezamos a solicitar que nos permitieran acceder al depósito del archivo. Pasaron varios meses desde que nos permitieron llevar a cabo este acceso. Cuando al final en las mesas de trabajo se logró, pudimos entrar, empezamos a identificar que mucha de la información que estaba en ese inventario que nos entregaron no era completa ni consistente con la realidad de ese archivo”, resalta.
- ¿Cree que eso haya sido cambiado, alterado o incluso que hayan quitado expedientes?
-No, más bien la generación de ese inventario que nos entregaron para poder trabajar fue hecha con mucha prisa y quizás sí, intentando ocultar cierto tipo de información que nos iba a ser relevante. Por ejemplo mencionaba que en el inventario venían algunas series documentales con fechas extremas, algunas fuera del período de interés 65- 90, pero cuando entramos resulta que no era así.
“Había series documentales que nos aparecían fuera de nuestro período de investigación, pero al ver al interior de los depósitos resulta que había documentación incluso de los 40, 60s y era un señalamiento que les hacíamos, aquí en el inventario dice esto y resulta que no es así, hay una imprecisión.
CONSPIRACIONES Y NUEVOS RETRASOS
Pese a esos obstáculos, el grupo de ocho investigadores pudieron tener acceso a un Manual de Archivo del Ejército y Fuerza Aérea en donde pudieron conocer cuál es la clasificación documental del Ejército en sus archivos.
“Ahí encontramos una serie documental que se nos hizo por demás interesante que el nombre tal cual no me acuerdo, pero era Conspiraciones políticas, atentados y rebeliones, bastante interesante, pero en el inventario que nos entregaron decía que tenía que ver con marchas militares. Un tema completamente diferente, entonces empezamos a ver todas esas inconsistencias.
“Ese instrumento de consulta que nos proporcionaron los militares no nos servía para nada y nos pusimos en la necesidad de generar nuestros propios instrumentos. Solicitamos a finales de año del año pasado y se autorizó que pudiéramos trabajar en los depósitos para hacer un recorrido general de todo, de la estantería del archivo y conocer cuál era el contenido”.
Ellos mismos hicieron su catálogo y eso les permitió tener nuevos descubrimientos.
“Nos dimos cuenta de que había muchas más cajas por revisar. Esto nos permitió empezar a encontrar documentación que de verdad era relevante para todos los temas que estamos investigando: organizaciones políticas, militares, religiosas, combate al narcotráfico, etcétera, que no estaban registradas en el inventario que proporcionó Sedena.
“Empezamos a ver documentos que ya contenían información más relevante y ahí empezó esta cuestión de los retrasos. Ya existía, pero creció mucho más esta cuestión en la entrega de los documentos, llegábamos a las 9, solicitábamos nuestro material a veces un día antes o semanalmente y aun así decían ‘ahorita te traigo las cajas y pasaba una hora’.
“Cada tiempo que le restaba a la consulta pues al final de cuentas ellos eran muy estrictos en que a las tres se acaba la consulta y se tienen que retirar. Esas dos horas quién nos las reponía, nadie”, se queja Espinosa.
LOS DESCUBRIMIENTOS
El investigador comparte que él encontró uno llamado Cronología de grupos armados, expediente fue armado en el 2000 pero con documentación del 64 al 94.
“Alrededor de 200 hojas tenía ese expediente. Les dije quiero consultarlo, aquí están las fechas y en la carátula dice que el expediente es del 2000 pero las fechas de la documentación corresponden al periodo que estamos investigando. Me dijeron ‘no te lo podemos dejar consultar’. La razón fue que de estas 200 fojas que aproximadamente tenía el expediente, las dos primeras eran de 1964 y las cuatro últimas eran de 1994 sobre el EZLN.
“Yo les decía creo que tiene más peso y el hecho de que todo lo que está aquí es de nuestro interés, no sé consulta con el personal, con el director del Archivo, con el archivista, no sé qué podemos hacer si ustedes le quitan estas cuatro o seis hojas que están fuera del periodo y me dejas consultar todo lo demás o si prefieres quedarte aquí conmigo en lo que hago la consulta y me dejas revisar lo que sí corresponde.
“Eso que te estoy contando que encontré fue en abril. Para finales de septiembre seguía yo preguntando cuándo me iban a dejar a ver ese expediente y que no sabían, que estaban viendo, que se estaba analizando, que se estaba revisando, al final ese expediente nunca lo pude consultar y fue lo que sucedió con muchos de los desde la información encontrada
“Por ahí mencionan en el informe el expediente de Víctor Pineda o sea Víctor Yodo (profesor fundador de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, desaparecido en Juchitán en 1978, por militares) y justo esto era documentación del periodo, pero como el expediente lo habían generado en el 92, el personal militar decidió que no nos iba a permitir. Siempre era como una constante, esto de la diferencia de fechas a veces nos pedían entregar. Además de la solicitud formal propicio de lo que semanalmente íbamos a consultar”.
Así pasó con otros documentos, sobre todo los relacionados con violaciones a derechos humanos.
“Fue un ejercicio ahí muy repetitivo, muy desgastante entre el retraso de entre la pérdida del tiempo, te digo hasta dos horas en espera, expedientes que ellos mismos revolvían, que nos volvían a llevar, pensando que tal vez no nos íbamos a dar cuenta, pero nosotros hemos tratado de hacer un registro lo más completo posible de cada expediente, la carátula, el contenido.
Un caso similar fue el de los archivos de las de las zonas militares, algo en lo que la Comisión ha puesto especial acento y los investigadores también pidieron acceso y de igual manera se toparon con pared.
“La respuesta fue que no, que toda la documentación estaba en el en el archivo de concentración que se encuentra ahí en campo militar 1-J. Pero lo cierto es que varias veces el propio personal militar mencionaba ‘es que siguen llegándonos documentación de hace muchísimos años de las zonas militares’. En algún encuentro que tuvimos recientemente con parte de los investigadores que estuvieron trabajando en el tema de los de Ayotzinapa coincidimos en esto, de que mucha documentación militar aún permanece en las zonas militares, y no se ha transferido”.
- ¿Usted pensaría que ya es una línea u orden, o sea no es que algún soldado se haga estas atribuciones, sino que pues esto debe venir de mandos más grandes?
-Sí, sobre todo porque muchas veces cuando hacemos la solicitudes, son para cualquier cosa de expedientes, de entradas a depósito, etcétera, la respuesta era que ellos tenían que canalizar esta información de la solicitud con sus superiores para que se extendiera la aprobación, o la desaprobación que había que esperar la respuesta de los oficios.
“Estos se mandaban, no llegaban al día siguiente, tardaban días, semanas en dar respuesta y la comunicación que teníamos directamente con el encargado del archivo de concentración, él nos daba soluciones inmediatas a cuestiones como esto que revolvían a veces ellos los expedientes.
“Se lo comentamos, le presentamos el orden que teníamos y nos contestaba ‘trabajo sobre esto, pero las decisiones que podían tener más peso como ver ciertas series documentales, lo que se menciona en el informe de las agregadurías militares, él decía ‘yo no tengo la facultad para permitirles el acceso’. Sí dice en su decreto que ustedes deben de revisar, pero esto debe de ser analizado por mis superiores”, afirma.
ARCHIVOS DEL EMP SON FUNDAMENTALES
Eugenia Allier es una de las cuatro integrantes de la comisión para el Acceso a la Verdad, El Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Entrevistada por La Silla Rota luego de que se presentó el informe Las formas del silencio, un caso de obstrucción a la verdad, donde se detalla de manera documental los obstáculos que la Sedena les impuso, la comisionada explica que siempre fue muy importante pensar en entrar en los archivos para el esclarecimiento histórico.
“Hay archivos como lo dijimos ayer (el 11 de octubre) que siguen estando sin ser consultados, por ejemplo del Estado Mayor Presidencial. Es fundamental para nosotros sobre todo lo que tiene que ver con el 68, el 71, los archivos presidenciales, no únicamente pero son fundamentales”, agrega.
Sobre el trabajo de la comisión y el mecanismo, adelanta que uno de los objetivos finales es tener un informe final que se va a entregar dentro de poco menos de un año.
“No es el único, el otro es dejar una base testimonial importante con estos más de 800 testimonios (que han reunido), que ya llevamos acabados, más un archivo documental con todo lo que vayamos encontrando, más la divulgación a la sociedad que estamos tratando de hacer desde ya, que llevamos varios meses trabajando. Esos son nuestros grandes objetivos y obviamente la cuestión de los archivos es fundamental”.
VE COMPLICADO CAMBIO DE ACTITUD
Se le pregunta a Espinosa si ve un posible cambio de actitud, y eso lo ve con escepticismo.
“Veo complicado que exista una modificación en la situación de la consulta de los archivos militares, sobre todo por ejemplo por estas declaraciones que ha tenido el presidente, de que la colaboración del ejército es absoluta. Les da el respaldo a ellos.
“A nosotros nos deja como de hacia dónde vamos a llevar esta situación. Si volvemos, seguramente van a continuar todas estas dinámicas de retraso y negación, pues es lo que se pueda obtener ahí. El problema es que para nosotros como Comisión el tiempo se está reduciendo, cada vez tenemos menos tiempo para estar revisando expedientes.
“Va a haber un momento en el que todos los equipos de trabajo van a tener que parar la revisión documental para ponernos directamente a escribir cada parte del informe, con el material que hemos obtenido”, dice el también maestro en historia.
MILITARES SUELEN SER OPACOS
Allier, quien es integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, recuerda que esta no es la primera comisión de la Verdad en América Latina, donde ya se han creado alrededor de 20 en distintos países y el trabajo de cada una está marcado por ciertas circunstancias políticas y sociales.
Pero una constante es que pocas, si no es que casi ninguna, tiene acceso a los archivos militares, que en términos generales tienden a ser institucionales, que difícilmente permiten no solo el acceso, sino el escudriñamiento de sus expedientes.
“Funciona como una institución monolítica, aunque al interior no lo sea, entonces esta institución guarda no solamente lo que ocurre al interior, sino que busca además preservar la imagen del propio ejército. Entonces, aunque no forzosamente estén ya presentes quienes fueron las cabezas hace 40 o 50 años, puede haber gente que participó siendo muy joven y entonces el ejército lo que busca es proteger su propia imagen”, explica la historiadora.
- ¿Qué se pudo conseguir, que pendientes hay y cuál es la importancia de que se sepa que hay una opacidad dentro del ejército, para esclarecer esto, que a lo mejor ya mucho está esclarecido, pero con estas conductas, pareciera que todavía hay mucha cosa por descubrir?
-De alguna manera es continuar manteniendo una posición de la cual no se acepta de parte del Ejercito que hubo violaciones de derechos humanos. Se mantiene una narrativa en la cual no hubo violaciones de derechos humanos. De todas maneras el esclarecimiento prosigue también por otros vías. Lo que ya existe, hay una parte importante de la Dirección General de Seguridad en el AGN. Otros archivos que también se están analizando y estudiando.
“Prosigue a través de la voz de las víctimas que es fundamental, que contiene una voz, una parte muy importante de la verdad, pero por supuesto los archivos son importantes, y sería importante que el Ejército reconociera lo que ocurrió en el pasado. Ese es el problema de la opacidad, que sigue sin reconocer eso que ocurrió en el pasado.
“Que el Estado y en ese sentido el ejército siendo parte del Estado, no puede torturar, no puede desaparecer, no puede asesinar extrajudicialmente, ninguna parte de este Estado puede hacerlo. Ese es el estudio de las violaciones de derechos humanos, por eso es el Estado quien las comete, el Estado que debe estar para garantizar esos derechos humanos. Entonces lo difícil es eso, que el ejército no lo asume, no lo aceptan y eso muestra esta opacidad.
“Por supuesto que sería deseable poder acceder a todos esos archivos, que todos fueran abiertos porque nos permitiría conocer el pasado de una manera más amplia de la que ya lo conocemos y de la que estamos conociendo”.