Mauricio Razo Sánchez, extitular del Órgano Interno de Control de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles, volvió a ganar su demanda contenciosa administrativa contra la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Con una unanimidad de votos de 11-0, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que son fundados los agravios presentados por el exservidor público y quien fuera destituido e inhabilitado por 5 años por la Función Pública en 2019, contra esa sanción impuesta el 30 de octubre de 2019.
Por ello, el TFJA ordenó a la SFP emitir una nueva resolución, tomando en cuenta la sentencia alcanzada.
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“Al no prosperar los argumentos de la actora, se propone nuevamente declarar la nulidad de la resolución impugnada dejando a salvo la facultad de la autoridad demandada para dictar una nueva resolución, tomando en cuenta la conclusión alcanzada en la sentencia”, resolvieron los magistrados.
Pese a la resolución del TFJA, se espera una postura de la SFP respecto de este tema, pues en 2020, el Tribunal ya había exculpado al exfuncionario, pero la SFP apeló la decisión ante tribunales.
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Por otra parte, de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Razo Sánchez fue requerido en más de cien ocasiones para que investigara las presuntas irregularidades detectadas en la Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles Berlanga.
ROBLES TAMBIÉN LE GANA A LA SFP
Hay que recordar que, el año pasado, de igual forma, Rosario Robles ganó un amparo que frenaba la sanción que le había impuesto la SFP para inhabilitarla por un periodo de 10 años para ejercer algún cargo público.
Fue en septiembre de 2019, cuando la SFP publicó un comunicado en el cual informó que se impuso dicha sanción a la exsecretaria de Estado por falsear información en su declaración patrimonial, ya que, según la secretaría, omitió declarar la existencia de una cuenta bancaria con 2 mil 887.86 pesos.
Sin embargo, de acuerdo con el amparo que se interpuso, la conducta de Robles de no declarar esa cuenta bancaria no fue dolosa ni realizada con la intención de ocultarla, sino que no fue reportada ya que no fue utilizada durante un largo periodo y la exfuncionaria desconocía que seguía abierta.
Además, el amparo recalca que la exsecretaria fue quien inició el procedimiento administrativo que llevó a la inhabilitación de 10 años, con la intención de aclarar el malentendido en el que se incurrió al presentar las declaraciones.
Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio peñista, consiguió su libertad en agosto del 2022 luego de que la decisión del juez se aprobó “en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad”.
La también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso La Estafa Maestra.