El próximo sábado 13 de agosto Rosario Robles cumplirá tres años en prisión. Hoy, muy pocos dudan que se convirtió en la presa política de este sexenio.
El proceso, como lo señala su abogado, ha sido largo y tortuoso, pero la esperanza de que en breve pueda modificarse la injusta medida cautelar de prisión preventiva “justificada”, sigue viva y latente.
Rosario Robles no ha podido salir de prisión ni siquiera por la vía de la prescripción del delito, la cual ha quedado debidamente demostrada en tribunales. Se sabe también que los jueces han cambiado una y otra vez las causas por las que la mantienen en prisión.
Primero por la licencia de conducir apócrifa, ya demostrado que se la falsificaron. Después porque sus familiares y amigos supuestamente contaban con los recursos necesarios para facilitar una “fuga”. Será el sereno, pero Rosario Robles sigue en prisión con una salud deteriorada y por un delito que, desde el principio, no ameritaba la prisión preventiva.
¿Quién la traicionó? ¿Quién la llevó a un callejón aparentemente sin salida?
La propia Rosario ha dicho que no ha querido declarar lo que la FGR quiere que declare: una versión del caso construida a partir de una reunión con la FGR y la Consejería Jurídica, donde también le aconsejaron al presidente López Obrador meterla a la cárcel para que atestigüe “contra quien resulte responsable” y darle a cambio su libertad.
Rosario tiene más pantalones y dignidad
Pues a diferencia de Emilio Lozoya y Emilio Zebadúa, ha preferido guardar silencio y no culpar a personas inocentes.
Tal y como lo he señalado en esta serie, el exoficial mayor ha dedicado cientos de millones de pesos obtenidos ilegalmente para sobornar a funcionarios de la FGR y a jueces de control a efecto de inculpar a personas inocentes en el desfalco que él mismo admitió haber cometido y así contar con chivos expiatorios que paguen en su lugar.
Hoy sé de al menos 12 exfuncionarios de Sedesol y de Sedatu que cuentan con dos, tres, cuatro y hasta cinco carpetas de investigación abiertas en su contra por la falsificación de firmas y la fabricación de entregables que el equipo de Zebadúa operó para triangular recursos públicos para su beneficio personal.
En el capítulo “El modus operandi de la estafa maestra” les narré cómo trata de crear una cortina de humo involucrando a servidores públicos como chivos expiatorios, a efecto de generar distractores que eviten llegar a los verdaderos autores intelectuales de dicha modalidad delictiva.
¡Bonitos incentivos para la justicia!, pero eso es lo que hay.
El trasfondo de la estafa maestra NO ES SOLO UN PROBLEMA DE CORRUPCIÓN: lo que está en juego es el funcionamiento de las instituciones, que en conjunto deberían garantizar derechos fundamentales de manera efectiva y progresiva, investigar y perseguir delitos, pero, sobre todo, FINCAR RESPONSABILIDADES.
Y si este gobierno fracasa en el cumplimiento del mandato, vendrá otro al que habrá que exigirle lo mismo. El problema es que cada día el abismo es más hondo y el desencanto, mayor.
Una verdadera estafa sobre la llamada Estafa Maestra
Y hablando de Zebadúa, a propósito del criterio de oportunidad que le fue concedido, ¿no habrá un manual o guía mínima de a quién se le puede otorgar?
Porque eso de hablar por hablar y de inculpar por inculpar requiere pruebas y, hasta el momento, Emilio Zebadúa no ha presentado ninguna, más allá de su declaración ministerial de finales de 2019, donde desembuchó mentira tras mentira para cuidar su pellejo.
También se requiere un currículum ético/moral de quién otorga el criterio de oportunidad y de quién lo recibe, ¿o no?
Porque si a esas vamos, los criterios de oportunidad más sonados de este sexenio quedan mucho a deber por el lado de la oferta y por el lado de quien demanda. No cabe duda de que los “amigos” de quienes hoy ostentan el poder han sido sus beneficiarios y los resultados están a la vista.
En el caso de Emilio Zebadúa –y le pueden preguntar a Pablo Salazar Mendiguchía, y a la maestra Elba Esther Gordillo– se caracteriza por su falta de lealtad, de compromiso y de honradez. Así se ha conducido a lo largo de su carrera.
Pero, por lo visto, a la FGR esos datos no le importan a la hora de otorgar un beneficio judicial como el criterio de oportunidad. O acaso pesarán más “otros datos” que aún desconocemos. O, ¿tendrá un papi como Lozoya Austin que haga negociaciones para salvarle el pellejo?
Volviendo a Rosario Robles, ante la propuesta de la fiscalía de dar información para vincular al expresidente Enrique Peña o al exsecretario Luis Videgaray, la exfuncionaria ha señalado: “No estoy dispuesta a mentir para salir de aquí, porque al final de cuentas tienes que presentar pruebas y yo no tengo ninguna prueba que involucre a nadie. Voy a salir de aquí como lo que soy: inocente”.
Como parte de las pesquisas realizadas por la FGR, en 2020 obtuvo 11 órdenes de aprehensión de las cuales dos se cumplimentaron.
Los detenidos fueron Luis Antonio “N”, presunto accionista de una de las empresas fachada que habían transferido recursos presuntamente desviados del erario, y María de la Luz “N”, exdirectora general adjunta de Integración de Padrones de la Sedesol. Luis Antonio fue recluido en el Cefereso del Altiplano, Edomex, mientras que María de la Luz fue ingresada al Cefereso Femenil en Morelos.
De muchas de estas personas encarceladas y procesadas tengo declaraciones y sus “experiencias y vivencias” con jueces y ministerios públicos, de las cuales les platicaré en una próxima entrega.
La temporada 1 de la serie Zebadua el comesolo llegó a su fin, pero en dos semanas comenzará la temporada 2.
La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.
* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión