El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido salir del bache de la corrupción y por tercer año consecutivo registra un estancamiento en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) que presenta la organización Transparencia Internacional.
Desde 2020, México registra una calificación de 31 puntos en el ranking que califica a 180 países del mundo. En el Índice de Percepción de Corrupción, 1 es la peor calificación y 100 la mejor posible, por lo que presentar la misma calificación por tres años lo sitúa en un estancamiento.
Esto se denota en otro dato: de los 180 países evaluados, México mantenía el lugar 124 en 2020 y 2021, pero para este 2022 ocupa el lugar 126, lo que quiere decir que al menos 2 países mejoraron su calificación en el ranking que vigila qué tantas prácticas de corrupción percibe la población.
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Como lo publicó La Silla Rota este domingo, adelantando la presentación del Índice de Percepción de Corrupción 2022, el mismo ranking no ha dejado de posicionar a México como uno de los países con mayor corrupción en el mundo, desde hace 20 años.
Fue precisamente entre febrero y abril del año pasado que el gobierno de la 4T admitió la existencia de corrupción en su administración, específicamente en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dependencia encargada de ofrecer productos de la canasta básica a precios bajos en zonas marginadas, a través de sus divisiones Liconsa y Diconsa.
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A Segalmex, mientras estuvo a cargo de Ignacio Ovalle, expriista y quien fuera servidor público en la administración del expresidente Luis Echeverría, se le documentó desvío de recursos a través de empresas fantasma, desde el primer año de gobierno de López Obrador.
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En abril de 2022, el presidente decidió cesar a Ignacio Ovalle como titular de Segalmex. A su vez, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, cesó a otros funcionarios de alto rango en la dependencia.
Incluso, la Secretaría de la Función Pública (SFP) obligó a la dependencia a contratar una empresa de auditoría externa y con prestigio internacional para vigilar sus compras por los siguientes dos años, ante la permanencia de irregularidades y el registro de contratos a modo, por la vía de la adjudicación directa, ya con Leonel Cota al frente.
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El bache de la corrupción
Con la presentación del Índice de Percepción de Corrupción 2022, México se sitúa en el lugar 18 de 19 entre los países del G20 que participan en el ranking de Transparencia Internacional, y se mantiene como el país peor evaluado en la OCDE.
El año con peor desempeño para México en el Índice de Percepción de Corrupción fue 2018, el último año de gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Fue precisamente en ese gobierno cuando México se desplomó en el ranking, pero fue con Felipe Calderón cuando cayó al lugar 100 de los 180 países evaluados.
Aunque el gobierno de López Obrador pudo mejorar la calificación en el Índice de Percepción de Corrupción para 2019 y 2020, pasando del lugar 28 al 29 y luego al 31, respectivamente en esos años. El hecho fue celebrado por la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Sin embargo, que México se mantenga por tercer año consecutivo con una calificación de 31 puntos y que haya caído 2 lugares en el total de países evaluados da muestra de que, mientras otros países sí son capaces de mejorar en el Índice, México no.
Desde 2006 (año del que se tiene el primer registro), México no rebasa los 35 puntos en su calificación de percepción de corrupción a nivel mundial. Ese primer año estuvo en 33 puntos (cuando se calificaban en 10 puntos, el equivalente fue 3.3) y solo en 2014 llegó a los 35 puntos de calificación.
¿Por qué seguimos igual?
En diciembre de 2022, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, concedió una entrevista a La Silla Rota, en la que destacó que parte del problema de percepción de corrupción en México es que, aunque se denuncian los casos, “no pasa nada”.
“Queda claro que la promesa presidencial de erradicar la corrupción en México aún no se ha cumplido. Por un lado, están las grandes tramas de corrupción o los grandes casos, como Odebrecht, donde se involucra a personajes prominentes de la vida pública que no han encontrado sanción y ningún juez ha sancionado a nadie”.
Además de eso, el gobierno de López Obrador es poco transparente en las compras que realiza con dinero público, muchas de ellas –además– que se dan a través de la figura de la adjudicación directa, es decir, cuando las dependencias eligen a una empresa específica para la compra y no ve otras opciones que pudieran significar un ahorro.
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En enero de 2020, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) arrojó que 3 de cada 4 contratos firmados por el gobierno federal en 2019 se otorgaron por la vía de la adjudicación directa y no por licitación o invitación a al menos 3 empresas especializadas.
El problema con la adjudicación directa es que debe estar justificada por alguna emergencia para el gobierno y en la administración de la 4T se ha abusado de esta figura con justificación de “urgencia”.