Este 31 de enero la organización Transparencia Internacional (TI) presentará su Índice de Percepción de Corrupción 2022, un ranking que en 20 años no ha dejado de posicionar a México como uno de los países con mayor corrupción en el mundo.
Para el Índice de Percepción de Corrupción 2022 se espera el impacto que tuvo en México el caso Segalmex, la dependencia encargada de ofrecer a precios de garantía productos de la canasta básica en comunidades marginadas y a la que se le documentó desvío de recursos, a través de empresas fantasma, al menos desde 2020.
Fue en abril de 2022 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió retirar de su cargo al entonces titular de Seguridad Alimentaria (Segalmex), Ignacio Ovalle, un expriista y exfuncionario del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, a quien achacan el desvío millonario.
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Desde la destitución de Ovalle, los casos de irregularidades en Segalmex no se han detenido, medios de comunicación y organizaciones civiles han evidenciado que la dependencia mantiene irregularidades en algunas de sus compras de productos básicos.
Incluso, la Secretaría de la Función Pública (SFP) le ordenó a Segalmex –ahora bajo la titularidad de Leonel Cota Montaño– contratar a una empresa de auditoría privada para que por todo 2023 vigile su comportamiento financiero. La empresa fue elegida por la propia SFP.
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Lucrar con los más pobres
En agosto de 2021, La Silla Rota presentó un recuento de al menos 36 casos de corrupción que le explotaron al régimen de la 4T, a la mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos ya se contabilizaban algunos en Segalmex, sobre todo a través de la división Liconsa, que se encarga del abasto de leche en comunidades marginadas.
En el reportaje Corrupción... "hasta en la leche", este medio dio a conocer una auditoría hecha por la SFP a Segalmex, en la que se reconoció que al menos 83 millones 259 mil pesos en la compra de vitaminas, minerales y aceite de palma no se justificaron por parte de Liconsa.
En 2020, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detalló que, durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Liconsa incrementó hasta en 150 % el precio del litro que ofrece –supuestamente– a “precio de garantía”, y eliminó de su lista de abasto a 67 de los municipios con mayor marginación.
Pero en ese año igual se registraron irregularidades en los apoyos que se dieron a través de diversos programas sociales, como las Becas para el Bienestar, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro; en los cuales se registraron beneficiarios inexistentes y pagos duplicados.
Un caso particular fue el programa Crédito Ganadero a la Palabra, mientras el hoy gobernador de Zacatecas, David Monreal, estuvo al frente. En 2021, el programa ni siquiera recibió presupuesto y en 2020 La Silla Rota publicó un recuento de sus irregularidades: acusaban que se entregaba ganado enfermo y a punto de morir a los pequeños ganaderos de la zona occidente.
La Unidad de Investigación Aplicada de MCCI publicó, en 2021, un recuento de casos de corrupción y nepotismo en los que se vieron envueltos diversos funcionarios de la 4T.
Uno de los que más indignación causó entre la población mexicana fue el asunto de la compra de ventiladores respiratorios a sobrecosto, por parte del IMSS, a una empresa asociada a uno de los hijos de Manuel Bartlett, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La compra se enmarcó entre las compras de emergencia que, a raíz de la pandemia de covid-19, el gobierno tuvo que efectuar para sacar adelante la crisis sanitaria.
En ese momento, la SFP inhabilitó a la empresa del hijo de Bartlett, Cyber Robotic Solutions, pero al poco tiempo ya estaba firmando contratos con hospitales públicos, en el mismo periodo que la plataforma Compranet –donde se publican las compras del gobierno federal– estuvo fuera de servicio.
México no sale del hoyo
En la presentación del Índice de Percepción de Corrupción 2020, la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, celebró que en el sexenio de López Obrador “México no sólo detuvo la caída” en el ranking mundial, sino que “acumuló 3 puntos de mejora”.
Lo cierto es que México solo “recuperó” –en parte– el lugar que tenía en el sexenio de Felipe Calderón, cuando la calificación más baja obtenida desde que el país participa en el índice se dio en la administración de Enrique Peña Nieto.
México nunca ha tenido una calificación muy favorable dentro del Índice de Percepción de Corrupción que presenta la organización Transparencia Internacional al final de cada enero.
Solo durante los primeros 4 años del gobierno de Felipe Calderón y en el último año de la administración de Vicente Fox, México pudo posicionarse como uno delos 100 países con menor percepción de corrupción y mantenía un color anaranjado en el ranking.
Al concluir el segundo gobierno federal emanado del Partido Acción Nacional (PAN), México ya estaba en el lugar 105 de un total de 180. Para el fin del gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI), estaba en el lugar 135.
De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2021, México se encuentra en el lugar 124 de 180 países evaluados, igual que en 2020.
Combate a la corrupción: un discurso
Especialistas consultados por La Silla Rota sobre el tema del combate a la corrupción han identificado que la bandera que enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador se queda “solo en el discurso” y no hay avances en castigo o sanciones a quienes aparecen implicados en los casos que, incluso, se arrastran de otras administraciones.
En un texto publicado en diciembre, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo a La Silla Rota que esto se ve claro en el hecho de que, en casos emblemáticos de corrupción en el país, no se han obtenido sentencias contundentes en contra de los acusados.
“Queda claro que la promesa presidencial de erradicar la corrupción en México aún no se ha cumplido. Por un lado, están las grandes tramas de corrupción o los grandes casos, como Odebrecht, donde se involucra a personajes prominentes de la vida pública que no han encontrado sanción y ningún juez ha sancionado a nadie”.
En julio de 2022, Fernando Nieto, profesor investigador del Colegio de México con especialidad en temas de corrupción, destacó lo mismo: López Obrador repite constantemente que no existe ya la corrupción en su gobierno, pero “la realidad nos dice que el problema no se está resolviendo, que las medidas –si es que las hay–, no están reflejando resultados concreto”.0
“Los grandes escándalos siguen sucediendo, algunos por ejemplo de personajes cercanos a la administración e incluso al presidente mismo. Hay una larga lista de casos de sospechas de corrupción, casas y otro tipo de cosas que toca al gobierno federal o sus aliados”.
“Por otro lado, las áreas donde existe un alto riesgo de corrupción –como por ejemplo las compras públicas e industrias extractivas–, siguen siendo áreas de alto riesgo porque no se están resolviendo los problemas”.
Compras a modo y opacidad
En enero de 2021, La Silla Rota publicó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es 4 veces más opaco que el anterior, que encabezó el priista Enrique Peña Nieto. Esto de acuerdo con datos del Inai, que aseguran el gobierno de la 4T tiene 4 veces más recursos de revisión en solicitudes de información y transparencia de datos.
De acuerdo con datos del Inai, en 2020, el gobierno de López Obrador recibió 4 mil 491 recursos de revisión por solicitudes de transparencia que no han sido solventadas ante los ojos de la ciudadanía, mientras que, en 2018, el gobierno de Peña Nieto recibió 792 recursos.
Entre las dependencias que más recursos de revisión recibieron, para entonces, estaban la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Función Pública (SFP), de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Salud (Ssa), en orden de la que ha recibido más recursos de revisión, a la que menos.
También, en enero de 2020, una investigación de MCCI arrojó que 3 de cada 4 contratos firmados por el gobierno federal en 2019 se otorgaron por la vía de la adjudicación directa y no por licitación o invitación a al menos 3 empresas especializadas.
Ese dato salió luego de un análisis que la organización civil llevó a cabo en la plataforma Compranet durante el primer año de gobierno de López Obrador, es decir, 2019.
En ese momento, Leonardo Núñez, académico del CIDE e investigador de MCCI explicó que, en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal se plasmó, como parte de sus estrategias para combatir la corrupción, la prohibición de las adjudicaciones directas.
“El presidente López Obrador, incluso, precisó que ese era uno de los métodos favoritos para la corrupción, por abrir la puerta a ‘triquiñuelas’ y colusión a alguien que no ganaría de manera normal un proceso de licitación. Pero pese a ello, tan solo en 2019 el gobierno federal otorgó 178 mil 149 contratos y de estos, el 78 % se entregaron por licitación directa”.
SFP MULTA CON MIL 235 MDP A 197 EMPRESAS POR INFRINGIR LA LEY
Mil 325 millones 172 mil 720 pesos es el monto de las sanciones que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) a 197 licitantes, proveedores y contratistas que infringieron distintas leyes
De acuerdo con la dependencia, también se emitieron 178 inhabilitaciones a 168 personas físicas o morales, con periodos que van de los 3 meses a los 7 años.
Las distintas sanciones fueron impuestas durante las revisiones que realizaron los Órganos Internos de Control (OIC) y la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
“Se impusieron 178 inhabilitaciones a 168 personas físicas y morales, con periodos que van de los 3 meses a los 7 años, cuyas circulares se publicaron, como lo establecen las leyes en materia de contrataciones públicas, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La Secretaría de la Función Pública informó que, entre los motivos por los que se aplicaron las distintas penalidades, se encuentra proporcionar información falsa en los procedimientos de contratación, la no formalización de contratos adjudicados e incumplimientos contractuales que causaron daños
“Los principales motivos de las sanciones fueron proporcionar información falsa en los procedimientos de contratación, la no formalización de contratos adjudicados e incumplimientos contractuales que causaron daños o perjuicios graves, de acuerdo con las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)”.
En el caso de 12 empresas más, la dependencia precisó que las sanciones fueron por violaciones a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas(LFACP).
“Asimismo, en el caso de doce empresas, la causa fue simular el cumplimiento de requisitos en contrataciones públicas, en apego a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, vigente al momento de los hechos”.
La lista de empresas con distintas penalidades se encuentra disponible en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, en el hipervínculo: https://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/