Los 32 foros de análisis de la reforma electoral se realizaron en un mes y a contrarreloj. En ellos, 1 de cada 5 expertos dijo que en general estaba bien la iniciativa, mientras que 4 coincidieron en que realizar una reforma electoral en este momento, rumbo a la elección presidencial de 2024 y sin consenso general de los partidos políticos, sería un error.
Otra coincidencia es que, de concretarse una reforma, ésta debería aplicarse hasta las elecciones intermedias de 2027 y no a un año de iniciar el proceso electoral para renovar la presidencia de la República en 2024.
En 26 de esos foros, convocados por la mayoría de Morena, destacaron por la participación de algunos de sus ex diputados y asesores en el Congreso o el Instituto Nacional Electoral (INE), quienes respaldaron la iniciativa presidencial que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso el 28 de abril.
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En los otros 6 foros, a los que convocó la coalición Va por México, la principal conclusión fue que México no atraviesa por la coyuntura política adecuada “para concretar una reforma electoral de gran calado” a nivel constitucional, que reúna el voto de las dos terceras partes de los diputados federales. Tampoco avalaron desaparecer al INE ni vulnerar su autonomía.
Fue por eso que Morena comenzó en la última semana a perfilar una reforma electoral basada en cambios a leyes secundarias, misma que podría ser impulsada y aprobada solo con los votos de la coalición Juntos Hacemos Historia, poco más de 251 que se requieren en el pleno legislativo.
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Aunque López Obrador no se ha referido al tema, la estrategia surgió de su reunión plenaria del 26 de agosto cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, adelantó que la reforma a la Guardia Nacional que enviará el presidente será con esas características para lograr su aprobación en el pleno y dejar para después las reformas constitucionales.
“LA PEOR INICIATIVA EN 30 AÑOS”: WOLDENBERG
Entre las participaciones magistrales como la de José Woldenberg, ex titular del Instituto Federal Electoral; y el titular del INE, Lorenzo Córdova, cuyas ponencias expusieron también el rechazo a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. En total hubo 137 ponentes y 50 horas promedio de trabajo.
Woldenberg resaltó que la propuesta del Ejecutivo “solo satisface los propios reclamos del presidente”. Y agregó que esta es la peor iniciativa presidencial electoral de los últimos 30 años.
Este fue otro de los consensos en la mayor parte de los ponentes de estos parlamentos quienes se dijeron sorprendidos porque una propuesta de reforma electoral provenga del propio titular del Ejecutivo, por primera vez en la historia. También la mayoría rechazó que magistrados y consejeros electorales deban ser elegidos por voto ciudadano, como plantea la iniciativa.
El ex consejero titular del IFE y titular de la consultora Integralia, Luis Carlos Ugalde, solo fue invitado al foro de la coalición Va por México. Afirmó que la iniciativa presidencial es contraria a la democracia y destacó que un gran pendiente de esta administración -y de las anteriores-, es que la penetración del crimen organizado en elecciones federales y locales pone en riesgo la democracia.
“La democracia mexicana sobrevive ante la penetración de crimen organizado, en pocos años este problema puede salir de control”, planteó; y sugirió combatir el uso de efectivo en campañas electorales.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, refirió que el instituto no se cierra a un adecuado replanteamiento de sistema electoral, siempre y cuando el precio no sea perder la confianza de la ciudadanía.
La mayoría los participantes también consideraron que la autoridad electoral es una institución confiable que goza de respeto nacional e internacional; y que lo único que se debe mejorar es su estructura más no eliminarlo ni restarle autonomía e independencia.
Los exponentes en su mayoría también objetaron una probable eliminación de los Ople (organismos electorales estatales) pues consideraron se abre la puerta a que las elecciones queden en manos de los propios gobernadores en lugar de un órgano autónomo.
El ex consejero Jaime Cárdenas planteó que implantar una segunda vuelta en elecciones presidenciales no es un tema urgente cuando hay otras prioridades en materia electoral. Otros académicos también coincidieron en que tampoco es momento de entablar la figura de una vicepresidencia sino se define en la ley y a nivel constitucional, cuáles son las funciones que tendrá son competir con el titular del Ejecutivo.
SÍ A LA URNA ELECTRÓNICA
Los expertos expusieron esto con el fin de ahorrar y abaratar los costos de los procesos electorales, así como agilizar los resultados de la jornada electoral. No obstante, señalaron que aunque estás no podrían ser hackeadas porque no utilizarán internet, destacaron la posibilidad de que las principales beneficiadas sean las empresas que las fabrican.
También hubo consenso general en aumentar medidas de fiscalización para partidos políticos y campañas toda vez que, plantearon, el INE se ve rebasado en ocasiones en el tema; y que, como consecuencia, sus sanciones por delitos electorales suelen llegar con meses o años de diferencia después de concluido un proceso electoral.
En cuanto al financiamiento público los expertos también se pronunciaron por regular el uso de las criptomonedas, cerrar la puerta al financiamiento privado y fortalecer la fiscalización de financiamiento público.
La consejera Carla Humphrey refirió que se debe revisar tres tipos de financiamiento en campañas: el irregular, del dinero en efectivo y del crimen organizado.
La mayor parte de los expertos también vio con buenos ojos incluir en una nueva legislativa electoral la regulación de redes sociales, y no limitarse solo a radio y televisión para la difusión de campañas políticas. Consideraron que las redes sociales se han convertido en una alternativa económica, política y mediática con repercusión directa en elecciones por falta de regulación; y coincidieron en que partidos políticos o terceros (influencers) pueden violar la veda electoral y afectar a partidos y candidatos sin recibir ningún tipo de sanción inmediata.
Antonio García, presidente del CIRT, expuso que la radio y la televisión están sobre reguladas a diferencia de medios digitales y redes sociales; y planteó eliminar veda electoral porque no se aplica a las redes sociales.
Gabriel Sosa Plata, columnista y defensor de audiencias Canal 22, propuso poner límite a financiamiento de plataformas sociales que pueden incidir en las preferencias electorales y regular en la ley el papel de influencers.
También consideraron que la propaganda electoral se debe ajustar a la nueva realidad frente a las redes sociales. Por ejemplo, recomendó el ex consejero electoral Marco Baños, revisar y/o replantear las limitaciones a los artículos 41 y 134 constitucional.
FRENAR LA SOBRERREPRESENTACIÓN
La mayor parte de los ponentes consideró que si bien es importante reducir el número de legisladores, esto no garantiza una mayor representatividad de los partidos políticos.
Javier Aparicio, académico del CIDE, señaló que un congreso se evalúa por su eficacia legislativa y las políticas públicas que diseñe, más no por austeridad republicana. Expuso que la iniciativa presidencial fortalece el poder del Ejecutivo y mantiene un problema de sobrerrepresentación con fórmula que plantea lo afectará la representación en el Congreso de los estados más pequeños.
Otros ponentes expusieron que tampoco queda claro quiénes elaborarán las listas de candidatos de los partidos políticos y que esto abre la puerta para que ellos mantengan el control de sus candidaturas. También plantearon que los partidos deben mejorar su transparencia y regular su vida interna.
El consejero Uuc-Kib Espadas planteó que tras realizar diversos ejercicios numéricos, con base en el contenido de la iniciativa, concluyó que el Senado no debe reducir su representación sino mejorarla.
Rogelio Muñiz Toledo, consultor electoral, refirió que la propuesta del Ejecutivo dará resultados segmentados para la integración del Congreso.
Finalmente, algunos de los expertos también señalaron que en caso de que concretarse una reforma debe incluirse legislación en delitos electorales, aunque el tema no fue abordado en la iniciativa presidencial.
Y recomendaron, como Humphrey, legislar la paridad de género para incluir candidaturas con fórmula mujer-mujer para gubernaturas y alcaldías.