Hace exactamente 2 años, La Silla Rota publicó un texto de balance sobre los pendientes que la Suprema Corte mantenía en la congeladora y cuya falta de resolución benefició al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por ello, especialistas y políticos de la oposición consideraron a la Corte un guardaespaldas del gobierno de la 4T. Eso a dos años de su inicio.
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La Suprema Corte se acerca a la recta final de la presidencia del ministro Arturo Zaldívar, mandato en el que quiso influir el Poder Legislativo y el Ejecutivo, cuando el primero presentó la llamada “Ley Zaldívar” y el segundo la apoyó abiertamente.
Para enero próximo, será elegido el sucesor de Zaldívar y el reto del Poder Judicial se centrará en si puede mostrar una verdadera autonomía del Poder Ejecutivo.
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El blindaje
Para diciembre de 2020, La Silla Rota realizó un balance de los temas pendientes que tenía el Poder Judicial y cuyo atraso –en declarar su constitucionalidad o no– beneficiaba en imagen y capacidad de acción al gobierno de la 4T.
Algunos de esos temas fueron las reformas a la Ley Extinción de Dominio, la Ley de Guardia Nacional, nuevas penalizaciones al delito de fraude fiscal por facturas falsas y el decreto del Poder Ejecutivo para hacer uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
No solo esos: había pendientes en materias de educación, por acciones de inconstitucionalidad presentadas por las leyes secundarias de la Reforma Educativa; y de salud, por la reforma a la Ley de Adquisiciones para comprar medicamentos a través de la ONU y no directamente a proveedores, lo que retrasó tiempos de surtido.
Esos atrasos se leyeron, ante algunos expertos y políticos opositores al gobierno, como un blindaje del Poder Judicial al Ejecutivo. En ese sentido, también pusieron bajo la lupa a los ministros propuestos por el presidente López Obrador: Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat.
El romance
El 15 de abril de 2021, el Senado avaló diversas reformas al Poder Judicial, mismas que incluyeron un artículo transitorio –presentado por senadores del Partido Verde, aliado de Morena en el Congreso– que permitía a Zaldívar terminar su presidencia en 2024 y no en 2022, como lo marca la ley.
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A eso se le conoció como la “Ley Zaldívar” y recibió el apoyo del presidente López Obrador: “es constitucional la ampliación, pero eso lo van a decidir en Diputados. Mi opinión ya la externé, es que el ministro presidente es un hombre íntegro, honesto, y que ayudaría mucho en la renovación del poder judicial”.
Fue hasta el día 23 de ese mismo mes que el ministro presidente dejó en su cuenta de Twitter su postura: dejaba en manos de sus colegas ministros cualquier resolución de controversia constitucional por ese artículo transitorio.
La reforma (sin la ampliación de mandato de Zaldívar) fue impulsada por el Poder Judicial, pero ante la incapacidad de este poder para presentar iniciativas de ley, se organizó un grupo de trabajo con la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para presentarla ante el Congreso.
Fue en noviembre de 2021 cuando el pleno de la Corte rechazó, por unanimidad, la Ley Zaldívar que ampliaba el periodo de Zaldívar por dos años. Así que este 31 de diciembre Arturo Zaldívar concluye su gestión como presidente.
Siguió el blindaje
En enero de 2022, La Silla Rota organizó otro balance sobre los pendientes de la Corte. Algunos eran los mismos que a finales de 2020 –como la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de la Guardia Nacional–, pero se sumaron algunos más, como el acuerdo presidencial que convirtió todas las obras de infraestructura del gobierno en un tema de seguridad nacional.
En ese momento, Zaldívar aseguró que no había intenciones de atrasar los pendientes que el Poder Judicial tenía en el tintero y, sobre todo, los que son relevantes para la 4T.
“La cantidad de asuntos que debemos atender es enorme, por lo que no existe ninguna intencionalidad de diferir el conocimiento de asuntos relevantes, sino simplemente las cargas de trabajo propias del Tribunal Constitucional”.
En noviembre pasado los pendientes ya tenían un aumento considerable: reformas en materia de Prisión Preventiva Oficiosa –que terminó resolviéndose parcialmente en diciembre–, a la Ley de Hidrocarburos y reducciones salariales a organismos autónomos.
En ese momento, expertos consultados por este medio también consideraron que la Corte ha sido considerada y “blanda” incluso con el Poder Legislativo, a quien le han condonado en más de una ocasión la obligación de legislar sobre temas como el uso de marihuana.
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Los aspirantes
Precisamente este martes 6 de diciembre, la Corte dio a conocer a los 5 ministros aspirantes para suceder a Arturo Zaldívar en la presidencia del Poder Judicial.
Para eso, se anotaron los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.
La Suprema Corte deberá elegir a su próximo presidente el 2 de enero, ya que la actual presidencia, a cargo de Zaldívar, concluye el 31 de diciembre y el día 1 es inhábil.