La política comercial de Donald Trump vuelve a enfrentar una batalla en los tribunales. Una coalición de 25 estados gobernados por demócratas presentó este lunes 3 de agosto una demanda contra el gobierno federal para intentar detener y anular los nuevos aranceles generalizados impulsados por la Casa Blanca.
La acción judicial abre un nuevo frente contra la estrategia comercial del presidente estadounidense, quien volvió a utilizar los gravámenes a las importaciones como una de sus principales herramientas de presión económica internacional.
Los fiscales generales de los estados demandantes sostienen que la administración federal se excedió en las facultades que le otorgó el Congreso y que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) utilizó de manera indebida sus atribuciones para establecer el nuevo esquema arancelario.
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¿Qué reclaman los estados demócratas contra Trump?
El argumento central de la demanda es que el gobierno federal carece de autoridad suficiente para imponer las nuevas restricciones comerciales mediante el mecanismo utilizado.
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Los estados cuestionan particularmente el procedimiento seguido por la USTR y lo describen como un proceso ilegal y apresurado, al considerar que la investigación utilizada como fundamento para los aranceles no estableció límites claros para justificar una medida de alcance tan amplio.
La coalición también pone en duda el argumento relacionado con el trabajo forzoso internacional, utilizado por la administración Trump para respaldar el nuevo esquema.
Según los demandantes, esa justificación habría servido para mantener una estructura arancelaria que anteriormente ya había enfrentado cuestionamientos judiciales.
Los nuevos aranceles de Trump alcanzan hasta 12.5%
Contexto: El conflicto se intensificó después de que el gobierno estadounidense reactivara, el 23 de julio, nuevos aranceles generalizados de entre 10% y 12.5% para aproximadamente 60 socios comerciales.
La medida sustituyó al anterior esquema de gravámenes que había enfrentado obstáculos legales y que dejó de aplicarse al no contar, según los argumentos de los estados, con el respaldo necesario del Congreso.
El nuevo mecanismo está relacionado con la Sección 301 de la legislación comercial de Estados Unidos, utilizada por el gobierno para responder a determinadas prácticas comerciales que considera injustas o perjudiciales para el país.
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Nueva York y California están entre los estados demandantes
La demanda reúne a 25 estados, entre ellos Nueva York y California, dos de las principales economías estatales de Estados Unidos.
El alcance económico de la coalición es considerable: los estados involucrados representan aproximadamente 99.4% de las importaciones de mercancías que ingresan al país, de acuerdo con los datos citados en el litigio.
Por ello, el caso podría tener consecuencias que vayan más allá de la disputa política entre los gobiernos estatales demócratas y la Casa Blanca.
¿Qué buscan conseguir con la demanda?
Los estados pretenden que los tribunales bloqueen y anulen los nuevos aranceles, al considerar que la administración Trump se extralimitó al imponerlos.
La disputa podría terminar convirtiéndose en un nuevo examen judicial sobre los límites del poder presidencial en materia comercial y sobre las facultades que puede ejercer el Ejecutivo sin una autorización específica del Congreso.
El resultado también podría afectar a empresas estadounidenses que dependen de productos importados y a los socios comerciales de Estados Unidos sujetos a las nuevas tarifas.
La demanda presentada por los 25 estados representa un nuevo capítulo en la disputa por los aranceles de Trump.
La administración estadounidense ha defendido los gravámenes como una herramienta para proteger los intereses económicos del país y modificar las condiciones comerciales con sus socios. Los estados demócratas, en cambio, sostienen que la Casa Blanca está utilizando mecanismos administrativos para ejercer facultades que corresponden al Congreso.
AJA