Durante más de dos décadas, Gustavo Petro consolidó su imagen política como uno de los principales denunciantes de casos de corrupción en Colombia. Desde sus investigaciones sobre la denominada parapolítica, que evidenció vínculos entre paramilitares y dirigentes políticos, hasta las denuncias sobre el llamado carrusel de la contratación en Bogotá, el hoy mandatario construyó buena parte de su capital político con un discurso de combate a las prácticas ilícitas.
Ese historial lo llevó a convertirse en una de las figuras más relevantes de la izquierda colombiana. Tras ser congresista, candidato presidencial en 2010 y 2018, y alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, Petro alcanzó la Presidencia en 2022, convirtiéndose en el primer mandatario de izquierda en la historia reciente del país.
Sin embargo, cuando restan pocos días para el término de su administración, diversas investigaciones y polémicas relacionadas con personas de su entorno han opacado el cierre de su gobierno, según un análisis publicado por El País. El diario español señala que "la sombra de la corrupción" acompaña los últimos días del mandatario, debido a una serie de casos que continúan bajo investigación.
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Denuncias de Angie Rodríguez abren un nuevo frente para el gobierno colombiano
Uno de los episodios más recientes involucra a Angie Rodríguez, exdirectora de la Presidencia y actual gerente del Fondo de Adaptación.
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La funcionaria aseguró haber impedido una maniobra para desviar 1.2 billones de pesos colombianos hacia otra entidad con menores controles administrativos. Además, denunció presuntas presiones para abandonar su cargo después de hacer públicas esas irregularidades.
De acuerdo con la emisora Blu Radio, Rodríguez afirmó que fue insultada, amenazada y presionada tras sus denuncias, e incluso manifestó temer por su seguridad.
Por su parte, Petro rechazó las acusaciones mediante un mensaje publicado en la red social X, donde anunció acciones legales contra la exfuncionaria. También cuestionó su desempeño y afirmó que mantenía una supuesta relación con sectores políticos que calificó como herederos del paramilitarismo. Asimismo, hizo pública una incapacidad médica de Rodríguez, hecho que la exfuncionaria calificó como estigmatizante.
Las investigaciones que involucran a familiares de Gustavo Petro
Las controversias también alcanzaron al entorno familiar del presidente. Antes de asumir el poder, Gustavo Petro enfrentó cuestionamientos por reuniones sostenidas por su hermano, Juan Fernando Petro, con personas privadas de la libertad, incluidos narcotraficantes. El hermano del mandatario sostuvo que esos encuentros buscaban contribuir a iniciativas de paz, mientras sus críticos señalaron posibles negociaciones irregulares.
No obstante, el caso que mayor impacto político tuvo fue el de Nicolás Petro, hijo del presidente.
El exdiputado fue señalado por su expareja, Day Vásquez, de recibir recursos de un antiguo contrabandista y de un contratista cuestionado para financiar la campaña presidencial en la región Caribe.
Posteriormente fue detenido y aceptó cargos relacionados con enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En un primer momento aseguró que su padre conocía los hechos, aunque más tarde modificó esa declaración. El proceso judicial continúa abierto.
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Laura Sarabia y el caso del polígrafo
Otro de los episodios que marcó el inicio del gobierno fue el protagonizado por Laura Sarabia, entonces una de las colaboradoras más cercanas del presidente.
La desaparición de una maleta con una importante suma de dinero en efectivo derivó en un procedimiento en el que la niñera Marelbys Meza fue sometida a un examen de polígrafo dentro de instalaciones oficiales, situación que posteriormente fue ampliamente cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos y por distintos sectores políticos.
Durante esas investigaciones también salió a la luz el caso del coronel Óscar Dávila, integrante del equipo de seguridad presidencial e investigado por presuntas interceptaciones ilegales.
El oficial falleció por un disparo en un hecho que las autoridades calificaron como suicidio, aunque versiones posteriores de Angie Rodríguez cuestionaron esa conclusión sin aportar pruebas públicas que respaldaran sus afirmaciones.
El escándalo de la UNGRD, uno de los mayores golpes para el gobierno Petro
El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se convirtió en uno de los mayores escándalos de la administración.
Las investigaciones judiciales y periodísticas detectaron presuntas irregularidades en la adquisición de 40 carrotanques destinados al abastecimiento de agua en La Guajira, una región afectada históricamente por la escasez hídrica.
De acuerdo con las investigaciones, los vehículos fueron adquiridos con presuntos sobrecostos dentro de una red encabezada por el entonces director de la entidad, Olmedo López, quien había sido nombrado por el propio gobierno.
El caso escaló cuando fiscales e investigadores señalaron que parte de los recursos presuntamente desviados habrían sido utilizados para intentar influir en el Congreso con el propósito de facilitar la aprobación de proyectos impulsados por el Ejecutivo.
Como resultado de las investigaciones permanecen detenidos dos excongresistas, mientras la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, enfrenta procesos judiciales. Asimismo, dos exministros del gobierno han sido llamados a juicio.
El legado de Gustavo Petro enfrenta su mayor desafío
A pocos días del relevo presidencial, los múltiples procesos e investigaciones mantienen la atención pública sobre el gobierno de Gustavo Petro.
Aunque el mandatario llegó al poder con un discurso centrado en el combate a la corrupción y la transformación institucional, el cierre de su administración se encuentra condicionado por investigaciones que afectan a integrantes de su entorno político y familiar.
El desenlace de estos casos podría influir tanto en la evaluación histórica de su mandato como en el futuro del proyecto político del Pacto Histórico, en un contexto de alta polarización en Colombia.
AJA