El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está siendo objeto de al menos dos investigaciones penales en Estados Unidos por posibles vínculos entre el mandatario y narcotraficantes, incluyendo reuniones y potenciales aportaciones ilegales a su campaña presidencial, de acuerdo con información de The New York Times (NYT).
Las investigaciones, que no habían sido reportadas previamente, involucran a fiscales especializados en narcotráfico internacional, así como a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de Investigaciones de Seguridad Nacional.
Según las fuentes citadas, las investigaciones son independientes entre sí ya que aún se encuentran en etapas tempranas y no está claro si alguna de ella tendrá cargos penales.
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Trump, tensión bilateral y posible presión política
Aunque no hay evidencia de que la Casa Blanca haya tenido un papel en el inicio de las investigaciones, es sabido que Donald Trump las ha usado como herramientas contra sus rivales y enemigos. Además, ha criticado duramente a Petro, llamándolo un “hombre enfermo”.
De acuerdo con el NYT, Trump podría usar las investigaciones como una palanca para buscar mayor cooperación de Colombia, el principal productor mundial de cocaína, en la lucha contra el narcoterrorismo de la región. También podría usarlas para influir en las elecciones presidenciales que serán en mayo ya que Petro, quien es el primer presidente de izquierda del país y solo está limitado a un mandato, ha pedido a sus seguidores respaldar a su sucesor.
En los últimos años, Trump ha intervenido en varias elecciones de la región, contribuyendo a impulsar una ola de derecha.
¿Qué ha dicho Gustavo Petro sobre las acusaciones?
En su cuenta de X, Petro aseguró que "en Colombia no existe ninguna investigación que vincule mi persona con narcotraficantes, porque nunca he tenido contacto con ellos” y recordó que durante diez años denunció los vínculos entre narcotraficantes poderosos y políticos del Congreso y de gobiernos locales y nacionales, durante lo que se ha llamado la época de la gobernanza paramilitar.
Respecto a sus campañas, afirmó que nunca se aceptaron donaciones de banqueros ni de narcotraficantes, y que las investigaciones no registraron fondos provenientes del narcotráfico, en coherencia con sus principios personales. Señaló además que los procesos legales en Estados Unidos le permitirán refutar las acusaciones de sectores de la extrema derecha colombiana, “que sí han mostrado vínculos con narcotraficantes”.
En ocasiones anteriores también ha negado reiteradamente cualquier vínculo con el narcotráfico, destacando avances en la reducción de cultivos de coca, base de la cocaína, así como las órdenes al ejercito de atacar a grupos armados dedicados al tráfico, en donde ha impulsado diálogos de paz con grupos armados sin éxito alguno.
La Embajada de Colombia en Estados Unidos calificó como información no verificada y sin sustento legal las versiones sobre investigaciones contra Petro, señalando que se basan en fuentes anónimas y carecen de confirmación oficial. Además, destacó que la trayectoria del mandatario ha estado marcada por la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, tanto en Colombia como durante su exilio.
Sin embargo, medios en Colombia han señalado que personas vinculadas con narcotraficantes intentaron canalizar sus fondos hacia Petro a través de su hijo, quien admitió que el dinero ilícito entró en la campaña electoral de 2022, de acuerdo con fiscales colombianos, aunque no se han presentado cargos penales al respecto.
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Momentos clave en la relación entre EU y Colombia
La relación entre Washington y Bogotá durante el segundo mandato de Trump ha atravesado múltiples episodios de tensión. En enero, Petro bloqueó el ingreso de vuelos militares estadounidenses con migrantes deportados, cediendo tras amenazas de imposición de aranceles.
Posteriormente, en septiembre, Washington revocó la visa de Petro durante la Asamblea General de la ONU, luego de que este mandará a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump en una manifestación pro-Palestina en Nueva York.
Cuando el gobierno estadounidense bombardeó embarcaciones bajo el argumento de que transportaban drogas en el Caribe, Petro acusó al gobierno de Estados Unidos de cometer “asesinato”. Poco después, el Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas contra él y miembros de su familia, congelando los activos que pudieran tener en Estados Unidos.
“El presidente Petro ha permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, dijo en ese momento el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
En diciembre, Trump afirmó que Petro debía “tener cuidado” y lo acusó de inundar a Estados Unidos de cocaína. Luego de la operación militar estadounidense en Caracas en la que Nicolás Maduro fue capturado, Trump advirtió que Petro sería “el siguiente”, argumentando que el mandatario colombiano “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.
Días después, ambos mandatarios sostuvieron una llamada telefónica que marcó un giro en la relación. Posteriormente, Petro visitó la Casa Blanca, en un gesto que fue interpretado como un intento de distensión tras meses de confrontación.
Antecedentes y posibles escenarios legales
El caso recuerda antecedentes recientes en la región. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos poco después de dejar el cargo en 2022, donde fue condenado por delitos relacionados con narcotráfico.
Petro dejará la presidencia a finales de este año, lo que abre la posibilidad de que cualquier acción judicial en su contra, en caso de avanzar, se materialice una vez concluido su mandato.
Por ahora, las investigaciones continúan sin conclusiones públicas, en medio de un complejo entramado de intereses políticos, judiciales y geopolíticos que podrían redefinir la relación entre Estados Unidos y Colombia.