La administración del presidente Donald Trump emitió el pasado viernes citatorios contra varios periodistas de The New York Times, quienes fueron convocados a declarar ante un gran jurado federal en Manhattan el próximo miércoles.
De acuerdo con el diario, algunos de los citatorios fueron entregados por agentes federales directamente en los domicilios de los reporteros, una acción que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa y especialistas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Los periodistas citados —Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt— participaron en investigaciones publicadas esta semana sobre el nuevo Air Force One, un Boeing 747-8 donado por Qatar al gobierno estadounidense.
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Uno de los reportajes reveló que Trump habría abandonado Turquía utilizando el antiguo Air Force One por recomendación del Servicio Secreto, mientras que otro informó que la nueva aeronave carecería de algunos sistemas avanzados de protección presentes en los aviones presidenciales anteriores, incluidas capacidades antimisiles. Ambos trabajos citaron fuentes anónimas debido a la sensibilidad de la información relacionada con la seguridad nacional.
Antes de la publicación del primer reportaje, un alto funcionario del Buró Federal de Investigaciones (FBI) solicitó al periódico que no difundiera la información y pidió revelar la identidad de las fuentes consultadas. The New York Times rechazó ambas solicitudes, según confirmó su portavoz, Charlie Stadtlander.
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The New York Times denuncia un intento de intimidación
El principal abogado de redacción del periódico, David McCraw, condenó la actuación del gobierno y sostuvo que las citas buscan limitar el trabajo periodístico.
"La aparición de agentes federales de las fuerzas del orden en la puerta de los periodistas debería conmocionar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que protege", afirmó McCraw en un comunicado.
El abogado agregó que los reporteros "informan de los hechos y promueven el derecho del público estadounidense a saber cómo funciona su gobierno", y calificó las citas como un intento de intimidar a los periodistas para impedir que continúen realizando su labor.
Las órdenes judiciales contienen pocos detalles y únicamente indican que los periodistas deberán testificar "respecto a una supuesta violación de la ley penal federal". Fueron emitidas por Jay Clayton, fiscal federal en Manhattan y recientemente nominado por Trump para ocupar el cargo de director de Inteligencia Nacional.
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Crece la tensión entre la Casa Blanca y la prensa
Contexto: La relación entre la administración Trump y diversos medios de comunicación se ha deteriorado durante el segundo mandato presidencial. A principios de este año, el Departamento de Justicia también intentó obligar a declarar a periodistas de The Wall Street Journal y The Washington Post, aunque posteriormente retiró las citaciones tras la oposición legal presentada por ambos medios.
En enero, agentes del FBI registraron la vivienda de la reportera del Washington Post Hannah Natanson, como parte de una investigación sobre el manejo de información clasificada. Durante el operativo fueron confiscados teléfonos móviles, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos.
Especialistas en libertad de prensa recuerdan que, si bien administraciones demócratas y republicanas han investigado filtraciones de información clasificada, las citaciones dirigidas contra periodistas son poco frecuentes y podrían tener un efecto inhibidor sobre el trabajo de investigación y la protección de las fuentes confidenciales.
La confrontación también se desarrolla en los tribunales. Trump demandó el año pasado a The New York Times por presunta difamación relacionada con su campaña presidencial de 2024. Por su parte, el periódico mantiene varias acciones legales contra el gobierno estadounidense por restricciones al acceso de periodistas al Pentágono y otras medidas que considera contrarias a la Primera Enmienda.
Además, el viernes el medio presentó una contrademanda contra la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), argumentando que una demanda presentada por esa agencia constituye una represalia por su cobertura periodística sobre la administración Trump y vulnera las garantías constitucionales de libertad de expresión y de prensa.
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AJA