El Gobierno de España dio un paso clave hacia la regulación de la inteligencia artificial al aprobar en segunda vuelta la Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la IA, iniciativa que ahora será enviada al Congreso de los Diputados para continuar su proceso legislativo.
El proyecto incorpora las obligaciones del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y contempla medidas inéditas, como la identificación obligatoria de contenidos creados con IA, la prohibición de los deepfakes sexuales y sanciones que podrían alcanzar los 35 millones de euros o el 7 % de la facturación anual de las empresas infractoras.
La futura legislación busca adaptar el marco jurídico español a las disposiciones del Reglamento Europeo de IA, ya vigente en la Unión Europea.
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Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública detallaron que el objetivo principal es garantizar un uso ético y transparente de esta tecnología, permitiendo a los ciudadanos distinguir entre contenidos reales y materiales generados artificialmente.
Tras recibir el aval del Consejo de Ministros, el texto será analizado y debatido en el Congreso de los Diputados, donde podría experimentar modificaciones antes de su aprobación definitiva.
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La iniciativa adopta además carácter de ley orgánica, al considerar que impacta directamente en derechos fundamentales como la privacidad, la identidad y la protección frente a manipulaciones digitales.
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Contenidos generados con IA deberán incluir etiquetas y marcas visibles
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la obligación de identificar expresamente los contenidos elaborados mediante inteligencia artificial.
El Gobierno español sometió a audiencia pública un borrador de código de buenas prácticas que establece cómo deberán presentarse estas advertencias.
En el caso de los textos generados con IA, será obligatorio incorporar las letras “AI” con dimensiones específicas que permitan reconocer su origen artificial.
Para las imágenes, la ubicación del etiquetado dependerá del formato y naturaleza del contenido visual.
La regulación contempla también criterios diferenciados para videos y audios:
- Video completamente generado con IA: deberá advertirse durante toda la reproducción.
- Video con fragmentos creados artificialmente: la advertencia aparecerá al inicio.
- Videos extensos con múltiples segmentos artificiales: el aviso será visible al comienzo y durante la reproducción.
- Audios generados con IA: seguirán criterios equivalentes a los del formato audiovisual.
Según el Ministerio, esta identificación busca combatir la desinformación y reducir la confusión generada por materiales hiperrealistas producidos mediante inteligencia artificial.
Ley de IA prohibirá ‘deepfakes’ sexuales y otras prácticas consideradas abusivas
La legislación incorpora un catálogo de conductas prohibidas que podrán ser denunciadas por la ciudadanía.
Entre las medidas de mayor alcance destaca la prohibición de los deepfakes sexuales, es decir, contenidos manipulados digitalmente que utilizan inteligencia artificial para crear imágenes o videos falsos con carácter sexual.
La norma también vetará de forma explícita la pornografía infantil generada mediante IA, disposiciones incorporadas dentro del denominado Ómnibus de IA, integrado en el Paquete Ómnibus Digital de la Unión Europea e impulsado con participación española.
El Ejecutivo considera estas prácticas particularmente graves por su impacto sobre la dignidad, la privacidad y la seguridad de las personas afectadas.
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Reconocimiento emocional y biometría, bajo fuertes restricciones
La futura ley amplía además el listado de tecnologías restringidas o prohibidas. Entre ellas destacan:
- Manipulación engañosa destinada a anular la voluntad individual cuando provoque daños físicos o psicológicos.
- Aprovechamiento de vulnerabilidades relacionadas con edad, discapacidad o situación económica.
- Clasificación biométrica y sistemas de puntuación social.
- Evaluación del riesgo delictivo basada únicamente en perfiles personales.
- Reconocimiento de emociones en espacios laborales y educativos.
- Extracción masiva e indiscriminada de imágenes para crear bases de datos faciales.
- Uso de biometría remota en espacios públicos, salvo excepciones críticas y con autorización judicial.
Estas restricciones responden a preocupaciones crecientes sobre vigilancia masiva, discriminación algorítmica y afectaciones a derechos fundamentales.
Multas por incumplir la ley de IA podrían alcanzar 35 millones de euros
El régimen sancionador previsto por la legislación contempla penalizaciones económicas de gran magnitud.
De acuerdo con fuentes ministeriales, las infracciones relacionadas con prácticas prohibidas podrían derivar en multas de hasta 35 millones de euros o equivalentes al 7 % del volumen anual de negocio de la empresa responsable.
Aunque las sanciones solo podrán imponerse una vez aprobada la ley, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) sí tendrá capacidad para emitir advertencias y apercibimientos desde etapas previas de implementación.
El Ministerio confía en que el Congreso respalde la iniciativa debido al creciente impacto social y económico de la inteligencia artificial.
AJA