SANCIONES DE EU

EU sanciona a Nicaragua por “mega cárcel” estilo Bukele

Washington informó sobre una sanción al director de la prisión “La Modelo” en Nicaragua por violaciones a derechos humanos; en El Salvador, informes oficiales de EU y de organismos internacionales documentan abusos en cárceles sin medidas equivalentes contra sus responsables

El doble rasero de Estados Unidos: sanciona a Nicaragua y no a El Salvador
El doble rasero de Estados Unidos: sanciona a Nicaragua y no a El SalvadorCréditos: Imagen creada con IA | Ilustrativa
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Estados Unidos anunció una sanción contra el director de una prisión en Nicaragua por violaciones a derechos humanos. La decisión contrasta con la ausencia de una medida similar frente a autoridades penitenciarias de El Salvador, donde existen denuncias documentadas y reconocimientos oficiales sobre abusos en centros de detención.

Este 18 de febrero, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó restricciones de visado contra Roberto Clemente Guevara Gómez, responsable del penal “La Modelo”. La medida le prohíbe ingresar a territorio estadounidense por su presunta participación en actos contra la integridad de personas privadas de la libertad identificadas como opositoras al gobierno de Daniel Ortega.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos registran denuncias sobre aislamiento prolongado, golpizas y tratos degradantes en áreas de máxima seguridad de ese centro penitenciario. Informes vinculados al sistema de Naciones Unidas incluyen testimonios de familiares y defensores sobre condiciones de reclusión en Nicaragua.

Washington sostiene que la sanción busca establecer responsabilidades individuales por violaciones a derechos humanos. Nicaragua enfrenta otras medidas restrictivas de Estados Unidos en un contexto de tensión diplomática bilateral.

Denuncias documentadas en El Salvador

En El Salvador, organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Cristosal publican informes sobre detenciones masivas desde la entrada en vigor del régimen de excepción en 2022. Esos documentos describen capturas sin orden judicial, restricciones al acceso a defensa y denuncias de tortura y muertes bajo custodia estatal.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo concentra a miles de detenidos en operativos contra pandillas. Reportes de organizaciones civiles señalan encierros prolongados, limitaciones en la atención médica y fallecimientos dentro del sistema penitenciario salvadoreño.

El propio Departamento de Estado de Estados Unidos incluye en sus informes anuales sobre derechos humanos referencias a condiciones carcelarias en El Salvador que ponen en riesgo la vida de los internos, además de señalamientos de abusos físicos y falta de atención médica adecuada.

Y en El Salvador, el vicepresidente Félix Ulloa declaró ante medios que se registran casos de abuso de autoridad y muertes en prisión durante la implementación de la política de seguridad. Sus declaraciones reconocen fallecimientos dentro del sistema penitenciario bajo el gobierno de Nayib Bukele.

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Sanciones en un caso, cooperación en otro

En 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Osiris Luna por presuntas negociaciones con pandillas. La medida impone restricciones financieras, pero Luna continúa en funciones dentro del sistema penitenciario.

La relación entre Washington y San Salvador mantiene cooperación en materia de seguridad y migración. El gobierno salvadoreño recibe personas deportadas desde Estados Unidos y coordina acciones en el ámbito penitenciario y de control territorial.

En contraste, Estados Unidos aplica sanciones individuales y sectoriales de forma recurrente contra funcionarios nicaragüenses vinculados con fuerzas de seguridad y administración de justicia. La decisión contra Guevara Gómez se suma a ese esquema.

La diferencia de medidas frente a denuncias documentadas en ambos sistemas penitenciarios establece un trato distinto por parte de Washington. Mientras un director de prisión en Nicaragua recibe sanción directa por violaciones a derechos humanos, no existe una acción equivalente contra autoridades penitenciarias de El Salvador pese a reportes oficiales y de organismos internacionales que registran abusos en ese país.

VGB