La madrugada del 18 de enero marcó un punto de inflexión en la crisis de seguridad en Guatemala. Células de la pandilla Barrio 18 asesinaron a diez agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y dejaron ocho heridos, en uno de los ataques más letales contra las fuerzas del orden en los últimos años. La ofensiva, precedida por la toma simultánea de tres cárceles y la retención de 46 empleados penitenciarios, desató un estado de sitio nacional y reavivó un pulso político que va más allá del crimen organizado.
La escalada de violencia atribuida al Barrio 18 comenzó el 17 de enero con la toma coordinada de tres presidios, el Preventivo de la Zona 18, Fraijanes II y Renovación 1, dos de ellos de máxima seguridad. Reos vinculados a maras mantuvieron como rehenes a decenas de trabajadores penitenciarios, una señal de capacidad operativa y control interno.
Horas después, ya en las calles, se produjo el ataque contra patrullas policiales. Diez agentes, dos de ellos mujeres, murieron en distintos puntos del país. La magnitud y coordinación del golpe colocaron a Guatemala en una alerta nacional.
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Un ataque anunciado
Un alto funcionario del Ejecutivo, consultado bajo reserva por BBC Mundo, aseguró que el 15 de enero agentes de inteligencia detectaron un plan del Barrio 18 para una ofensiva simultánea en cárceles y calles. La información fue compartida con la PNC, pero no hubo una alerta específica e inminente a los patrulleros.
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El 22 de enero, el vocero de la PNC, Jorge Aguilar, confirmó que se conocía el plan general, aunque sostuvo que las instrucciones a los agentes se limitaron a “extremar medidas de protección”, sin una advertencia concreta.
Activistas con acceso a líderes de la “rueda” del Barrio 18 mostraron mensajes internos que recomendaban no acercarse a policías por “consecuencias”. En Villa Nueva, donde murieron dos agentes, estos mensajes circularon desde el 14 de enero.
Otra señal clave fue la cancelación de partidos de fútbol barriales, una práctica habitual de control territorial cuando se anticipan hechos violentos.
¿Motivaciones criminales o políticas?
Miembros y veteranos de la pandilla señalaron a BBC Mundo que la ofensiva respondió al traslado de líderes a penales de mayor seguridad y a las malas condiciones carcelarias. El grupo se mantuvo hermético con la prensa, limitándose a esas quejas.
El mismo 18 de enero, Mario Roberto Barneon García, líder carcelario no pandillero recluido en Renovación 1, difundió un video llamando a derrocar al presidente Bernardo Arévalo. Portaba un chaleco antibalas con el logo policial. Según la PNC, el mensaje habría sido pagado por el Barrio 18.
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El pulso político: acusaciones cruzadas y nombres políticos
Fuentes cercanas al gobierno, y de acuerdo con información dada a conocer por la BBC, aseguran que la lectura interna es política: los ataques buscarían desestabilizar al Ejecutivo en un momento clave de renovación institucional (Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad y relevo de la Fiscalía en mayo).
Arévalo afirmó que antes de asumir recibió información sobre un posible atentado en su contra discutido por el Barrio 18, aunque reconoció no contar con pruebas para señalar responsables concretos. “Es un sistema de colusión entre élites político-criminales y pandillas”, dijo recientemente.
Sandra Torres y el foco de la controversia
El gobierno actual llegó a señalar vínculos indirectos con personas cercanas a Sandra Torres, excandidata presidencial de la UNE. Un elemento central es María Marta Castañeda Torres, esposa de Aldo Dupie, alias “El Lobo”, líder del Barrio 18, y sobrina de Sandra Torres.
Castañeda, capturada en agosto de 2025 por delitos graves, fue enviada a aislamiento en Mariscal Zavala el 20 de enero, reforzando la tesis oficial de una trama político-criminal.
La oposición rechazó las acusaciones. El diputado José Inés Castillo (UNE) sostuvo que la responsabilidad penal es “personalísima”. La propia Torres acudió a la Procuraduría de Derechos Humanos y responsabilizó al presidente de cualquier atentado contra su integridad.
¿Quién es Sandra Torres?
Sandra Torres, comunicadora y empresaria de 67 años, es una de las figuras más persistentes de la política guatemalteca. Cofundadora de la UNE, fue primera dama (2008–2012) y candidata presidencial en 2011 (no inscrita), 2015 y 2019.
Analistas destacan su impulso a programas sociales y transferencias condicionadas, pero también su alto nivel de rechazo urbano. Se opuso al regreso de la Cicig y fue detenida en 2019 por presunta financiación ilegal, causa de la que fue absuelta recientemente. En campaña prometió mano dura, militarizar cárceles y emular el modelo Bukele.
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AJA