Guatemala cumplió este domingo una semana bajo estado de sitio, una medida decretada por el presidente Bernardo Arévalo de León tras el asesinato coordinado de diez agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a manos de presuntos pandilleros. La disposición, vigente por 30 días, busca contener la violencia y debilitar a las estructuras criminales que operan en el país.
Patrullajes intensificados en zonas de alta incidencia
Durante los últimos siete días, las fuerzas de seguridad han reforzado su presencia en zonas consideradas focos de delincuencia, especialmente en el barrio El Gallito, ubicado a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, así como en la zona 18, uno de los sectores con mayor presencia de la pandilla Barrio 18.
El subdirector general de Prevención del Delito de la PNC, Pablo Rodríguez, explicó que los operativos se concentran en áreas estratégicas como El Limón, Juana de Arco y Nueva Jerusalem, utilizadas —según las autoridades— por grupos criminales para coordinar actividades ilícitas.
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Casi 900 detenidos en una semana
El balance oficial de la PNC indica que 896 personas han sido detenidas por diversos delitos desde el inicio del estado de sitio.
No obstante, la cifra es similar a las registradas en semanas previas, cuando no estaba vigente la medida extraordinaria, lo que ha generado debate sobre su impacto inmediato.
Ejército apoya operativos de seguridad
El Ejército de Guatemala también participa en los patrullajes, principalmente en el municipio de Villa Nueva, donde se han identificado varias zonas rojas. De acuerdo con la portavoz militar Pamela Figueroa, los recorridos se realizan tanto a pie como en vehículos, en coordinación con la policía.
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Entre los resultados recientes destacan el decomiso de municiones y un chaleco antibalas en El Gallito, así como la captura de Miguel Ángel Ruiz, presunto integrante de la Mara Salvatrucha, detenido en el departamento de Jutiapa.
Origen del conflicto y postura del Gobierno
Los ataques contra policías ocurrieron el domingo 18 de enero, luego de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles donde se registraron motines. Las agresiones fueron atribuidas a miembros de Barrio 18, una de las dos principales pandillas del país.
El Gobierno mantiene una confrontación abierta con las pandillas desde el año pasado, tras el traslado de sus líderes a la prisión de alta seguridad Renovación I y la eliminación de privilegios como comida especial, camas ampliadas y aire acondicionado. El presidente Arévalo ha reiterado que no cederá ante las exigencias de los cabecillas criminales.
LSHV