El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, señaló este 20 de enero al Ministerio Público por el tratamiento judicial otorgado a personas vinculadas con el asesinato de nueve agentes de la Policía Nacional Civil. El señalamiento apuntó a que los detenidos enfrentan cargos por portación de armas y drogas. Según el Ejecutivo, los hechos corresponden a ataques directos contra fuerzas de seguridad. La Fiscalía mantiene la investigación bajo su conducción institucional.
Arévalo denunció públicamente a través de sus redes sociales y medios oficiales que la fiscalía local protege a los presuntos asesinos de los policías
El cruce público se suma a una serie de desacuerdos previos entre Arévalo y la fiscal general, Consuelo Porras. Desde el inicio del actual gobierno, ambas partes sostienen posturas opuestas sobre procesos penales y decisiones judiciales. Este nuevo episodio ocurre en medio de operativos de seguridad en varias regiones del país. Las autoridades federales y locales coordinan acciones bajo un marco de excepción.
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La confrontación se desarrolla mientras Guatemala enfrenta una escalada de violencia asociada a estructuras criminales. Ataques armados y motines en centros penitenciarios marcaron los días recientes. El gobierno atribuye estos hechos a reacciones por cambios en el sistema carcelario. Las fuerzas de seguridad mantienen despliegues ampliados en zonas urbanas y rurales.
Ante este escenario, el Ejecutivo decretó un estado de sitio por 30 días en todo el territorio nacional. La medida permite detenciones sin orden judicial y la participación directa del Ejército en tareas de seguridad interna. Las autoridades buscan contener ataques contra policías y personal penitenciario. El Ministerio de Educación suspendió clases presenciales en varias áreas como acción preventiva.
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Violencia y decisiones de seguridad
El origen inmediato de la ola de ataques se relaciona con el traslado de líderes pandilleros a la prisión de alta seguridad Renovación 1. En ese centro, las autoridades penitenciarias modificaron las condiciones de reclusión de los internos. El gobierno informó que el objetivo consiste en recuperar el control del sistema carcelario. Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha figuran entre los grupos señalados.
Las acciones criminales incluyeron agresiones contra agentes policiales y disturbios en cárceles. Las autoridades reportaron coordinación entre eventos ocurridos en distintos puntos del país. El Ejecutivo sostuvo que la respuesta estatal busca restablecer el orden público. Las investigaciones continúan bajo responsabilidad del Ministerio Público.
El señalamiento presidencial hacia la Fiscalía se centra en la tipificación de los delitos imputados. Arévalo indicó que los cargos presentados no corresponden a la gravedad de los hechos investigados. El Ministerio Público no modificó su postura procesal en los casos referidos. El sistema judicial sigue su curso conforme a la legislación vigente.
Este desacuerdo retoma una relación tensa entre el Ejecutivo y el órgano acusador. Desde 2023, el gobierno enfrenta procesos y resoluciones que cuestionan decisiones políticas y electorales. Arévalo sostiene que esas acciones afectan la gobernabilidad. La Fiscalía defiende su autonomía institucional.
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Antecedentes del conflicto institucional
La fricción entre ambas partes no inició con la actual crisis de seguridad. Tras las elecciones de 2023, el Ministerio Público impulsó acciones legales contra el partido Movimiento Semilla. Jueces y fiscales promovieron resoluciones sobre la validez de la personería jurídica del instituto político. El Ejecutivo rechazó esas decisiones y mantuvo su posición constitucional.
En semanas recientes, Arévalo presentó denuncias contra el juez Fredy Orellana. El señalamiento se relaciona con resoluciones que plantean escenarios sobre la titularidad del Poder Ejecutivo. El gobierno afirma que esas facultades corresponden al Tribunal Supremo Electoral. El proceso sigue en instancias judiciales.
Consuelo Porras y otros funcionarios enfrentan sanciones internacionales por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Dichas medidas refieren a acciones que afectan procesos democráticos y judiciales. El Ministerio Público continúa en funciones conforme a la ley guatemalteca. El gobierno mantiene comunicación con organismos internacionales.
La actual coyuntura adquiere relevancia por el calendario institucional. En mayo de 2026 concluye el mandato de la fiscal general. El presidente deberá designar a la próxima persona titular del Ministerio Público. El debate sobre seguridad y justicia se mantiene abierto mientras el país permanece bajo estado de sitio.
Con información de EFE
VGB