El Gobierno español aprobó este martes un programa de regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular, dirigida a quienes hayan residido en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.
Se estima que beneficiará a medio millón de personas, marcando un hito en la política migratoria española y generando un intenso debate político y se espera que permita cubrir la demanda laboral en sectores estratégicos como la agricultura y la hostelería que necesitan mano de obra cualificada.
¿Cómo funcionará la regularización?
La autorización inicial otorga la residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector y podrán solicitarla migrantes irregulares y solicitantes de asilo cuya petición se haya presentado antes del 31 de diciembre de 2025, siempre que no tengan antecedentes penales.
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Para acreditar el tiempo de residencia se aceptarán documentos cómo el padrón municipal, un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero.
El trámite tendrá un plazo máximo de tres meses, aunque la admisión inicial permitirá a los solicitantes trabajar desde el primer día. Se prevé que las solicitudes puedan presentarse a partir de abril de 2026. Durante este tiempo, se suspenderán los procedimientos de expulsión o retorno por motivos administrativos.
Tendrá una vigencia de un año y permitirá a la persona acceder al mercado laboral y a una vivienda, recibir atención sanitaria con normalidad y viajar sin miedo a una posible multa o expulsión. Pasado este periodo, los beneficiarios podrán solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
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Conflicto político: izquierda vs derecha
La medida surge de un acuerdo entre el Partido Socialista (PSOE), que gobierna, y Podemos, tras más de un año de bloqueo en el Congreso de una iniciativa popular que reunió más de 700,000 firmas. Al tramitarse como un real decreto, el Gobierno no requiere de su convalidación parlamentaria, lo que le permite esquivar la falta de apoyos.
Sin embargo, la medida ha generado rechazo en la oposición. El Partido Popular (PP) calificó la regularización de “ilegal” y consideró que fomenta "a las mafias" para que sigan llevando a gente a España. Por su parte, Vox anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo.
Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, calificó la medida como un “día histórico”, que permitirá a los beneficiarios acceder a trabajo, vivienda y derechos sociales.
Reacciones de sindicatos y sectores productivos
Los sindicatos de la Policía Nacional SUP, Jupol y CEP, advirtieron sobre un posible colapso en las unidades de Extranjería debido a la regularización masiva. Por otro lado, sectores como la hostelería y el sector agrícola apoyan la medida, vaya acompañada de programas de formación para avanzar en la profesionalización de esas personas.
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) destacó la importancia de contar con personal cualificado para el campo, mientras que la Conferencia Episcopal Española (CEE) la considera un acto de justicia social. Fernando García, presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones, afirmó que la medida “pone luz y esperanza” en la situación de muchos migrantes.
Sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) también expresaron su satisfacción, considerando que esta regularización es imprescindible y solicitando que se efectúe con rapidez.
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Contexto histórico y precedentes
No es la primera vez que España realiza un procedimiento de este tipo. La última regularización masiva se produjo en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde los años 80, se han registrado al menos seis procesos similares.
Según estimaciones del centro de análisis Funcas, España cuenta con aproximadamente 840,000 migrantes en situación administrativa irregular, de los cuales 760,000 provienen de América, representando el 91% del total.
JL, con información de EFE