El gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, que incluye esta forma de violencia machista como delito en el Código Penal y reconoce como víctimas no solo a los hijos e hijas menores, también a familiares y parejas de las mujeres.
El texto, primera ley integral sobre esta cuestión, define la violencia vicaria como “aquella que, con el objetivo de causar dolor y sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre los hijos e hijas o descendientes”, personas menores de edad sujetas a su guarda y custodia, ascendientes, hermanos y parejas o antiguas parejas de la víctima.
Introduce en el Código Penal un nuevo artículo que tipifica la violencia vicaria como un delito contra la integridad moral de las mujeres con penas de prisión de seis meses a tres años, y también incluye la pena accesoria para la prohibición de que los agresores vicarios difundan públicamente detalles de sus crímenes y evitar así que se repita lo que sucedió con el asesino José Bretón y el libro “El odio”.
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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que esta ley vuelve a poner a España “a la vanguardia de las políticas de defensa de la igualdad” cuando la violencia machista sigue siendo uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad.
Los objetivos de la ley
Redondo ha indicado que la futura norma nace con tres objetivos: proteger a las víctimas y concienciar a la sociedad española sobre la necesidad de acabar con “estas violencias tan radicales, tan salvajes, tan inconcebibles”; definir y tipificar la violencia vicaria en el ordenamiento jurídico; y desarrollar el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que recoge alrededor de 40 medidas de este tipo de violencia de género.
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La titular de Igualdad ha explicado que el texto define la violencia vicaria como un tipo de violencia que se ejerce sobre la mujer por parte de la pareja o la expareja “a través de persona interpuesta”.
Son, ha dicho la ministra, fundamentalmente hijos menores, pero también otros descendientes, mayores con discapacidad a cargo de la víctima, ascendientes, hermanos y parejas o exparejas de la víctima.
El anteproyecto introduce en el Código Penal un nuevo artículo, el 173 bis, que castiga con penas de seis meses a tres años la violencia vicaria e incluye como pena accesoria la prohibición de tenencia de armas entre 3 y 5 años.
También obliga a escuchar a los menores antes de decidir sobre el régimen de guardia y custodia y solo se prescindirá de su intervención como excepción que tendrá que ser motivada.
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65 menores asesinados desde 2013
El caso que sobrecogió a la sociedad española y contribuyó a poner el foco sobre esta violencia que se ceba con la infancia fue el doble crimen perpetrado en 2011 por José Bretón, que mató a sus hijos Ruth y José y quemó sus cuerpos para vengarse de su exmujer después de que ella decidiera separarse.
2015 y 2024 fueron los años más cruentos en cuanto a asesinatos de menores por violencia de género a manos de sus padres o las parejas o exparejas de sus madres, con nueve víctimas mortales cada uno.
En 35 ocasiones (el 54%), el agresor se suicidó tras cometer el crimen y en otras 7 lo intentó (10.7%). La inmensa mayoría de los asesinos eran el padre biológico de las víctimas, el 86%.
Entre los primeros casos detectados de violencia vicaria figura el asesinato en Arroyomolinos (Madrid), el 24 de abril de 2003, de Andrea, de 7 años, a manos de su padre, que después se suicidó.
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Su madre, Ángela Carreño, había denunciado a su exmarido en decenas de ocasiones. Sin embargo, un juez autorizó una visita en la que la pequeña fue asesinada. Carreño elevó su desprotección a la ONU, que condenó a España por no haberla protegido ni a ella ni a su hija. Tras esta resolución, el Supremo obligó al Estado en 2018 a indemnizarla con 600,000 euros.
Además del caso de José Bretón, generó una gran conmoción el del ‘parricida de Moraña’ (David Oubel), que en julio de 2015, drogó y mató con una sierra radial a sus dos hijas, de cuatro y nueve años.
También el de las hijas de Itziar Prats, de 6 y 2 años, que fueron asesinadas por su expareja, que se suicidó, en Castellón en 2018 y en 2021 el caso de Olivia y Anna, dos niñas de 6 años y 1 año, a las que su padre, Tomás Gimeno, mató arrojando al mar en aguas de Tenerife.
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