Pachuca.- La asociación civil Ley Sabina Hidalgo delató que los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) desconocen qué es violencia vicaria, por lo que solamente hay una sentencia por dicho delito a nivel estatal, este se registró en los juzgados de Ixmiquilpan.
En total, las activistas hidalguenses Citlali Macías y Abigail Díaz calcularon alrededor de 30 casos de esta violencia caracterizada por causar daño físico, emocional o patrimonial a una mujer al provocar la separación de sus hijas e hijos, esto en Hidalgo.
Sin embargo, pocos fueron denunciados a la PGJEH y solamente hay una sentencia registrada a nivel estatal, lo que las activistas atribuyeron a que los ministerios públicos desconocen y no están sensibilizados con este tipo de agresión contra la mujer.
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“Tenemos como alrededor de unos 30 casos, pero de los cuales solo pocos se han iniciado de manera judicial, porque también aquí dentro del estado en los mismos funcionarios públicos está el desconocimiento de lo qué es la violencia vicaria”, declaró Macías.
El caso que tuvo sentencia fue registrado en Ixmiquilpan, a donde la asociación civil acudió para asesorar y apoyar a la víctima de violencia vicaria, debido a que el MP quería iniciar la carpeta de investigación por violencia familiar; las activistas aseguraron que se trata de una punibilidad diferente.
“De hecho, este mismo caso fue el primero en el que dieron una resolución con esta perspectiva de violencia vicaria (en el estado)”, expusieron las hidalguenses.
Cabe mencionar que este tipo de violación a los derechos de las mujeres fue ubicada en el Capítulo IX del Código Penal estatal, el cual habla sobre violencia familiar y contiene sentencias de uno a seis años de cárcel, multas de 50 a 100 días, así como la pérdida del acceso a una pensión alimentaria.
“Comete el delito de violencia familiar quien ejerza cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial o vicaria que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite”, dicta el marco normativo hidalguense.
El caso de Ana
Ley Sabina Hidalgo contó que Ana inició una queja para la manutención de su hija menor de edad, sin embargo, su pareja sustrajo a la infancia y comenzó una carpeta de investigación en contra de la madre por abuso sexual.
“Cuando entrevistan a la menor, pues justamente está esta alineación donde el señor le dijo detalles de un abuso sexual, entonces, ahí es donde vemos que no solo están violentando a la madre, sino también están violentando a las infancias”, mencionaron y agregaron que el juez determinó que la niña fue manipulada por lo que hubo una sentencia a favor de Ana.
Este tipo de amenazas o denuncias en contra de las madres, explicaron las activistas, son parte de los motivos por los que las mujeres prefieren desistir de denunciar, además, de los costos excesivos en algunos servicios, el poco o nulo apoyo económico y el cansancio físico y emocional que conlleva un juicio y la crianza por sí mismas.
Derivado de la falsedad en los cargos, Ana también ganó el juicio de guarda y custodia de su hija, pero las autoridades “no han girado la orden de aprehensión y la alerta Amber para la niña” hasta el momento. Tanto la madre como la colectiva desconocen el paradero de la menor de edad, pero destacaron que su derecho a la educación también es violentado, ya que su nombre no fue localizado en los registros de la SEP.
“Hasta el momento no conocemos dónde está la niña ni el papá; y le está violentando el derecho a la educación porque pues ya se giraron oficios a la Secretaría de la Educación Pública (SEP) y pues la menor no está recibiendo su educación”, dijeron.
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