En El Salvador, el régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele no solo ha transformado el panorama de seguridad, sino que ahora es señalado como instrumento para el desplazamiento forzado de comunidades vulnerables, facilitando la expansión de proyectos inmobiliarios y turísticos. La gentrificación, con respaldo institucional, se impone en zonas históricamente marginadas.
La política de régimen de excepción en El Salvador, instaurada por Nayib Bukele en marzo de 2022, ha sido presentada como una estrategia para combatir la violencia de pandillas. Sin embargo, diversas organizaciones civiles y medios internacionales denuncian que también se está utilizando para facilitar el despojo territorial, promoviendo el avance de megaproyectos turísticos e inmobiliarios a costa de comunidades empobrecidas.
Primero de Diciembre: un caso paradigmático
Un reportaje publicado por El País (22 de septiembre de 2025) documentó el caso de la comunidad Primero de Diciembre, en Soyapango, donde cerca de 5,000 personas han vivido por dos décadas sobre un antiguo vertedero. Sin escrituras formales y con viviendas autoconstruidas, sus habitantes fueron sorprendidos por una inmobiliaria, Quebec S.A., que exigía desalojos o pagos de entre $25,000 y $30,000 dólares para “legalizar” los terrenos.
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“La tierra era un basurero cuando llegamos, nadie la quería”, declaró Gilberto Rodas, vecino de 65 años, citado por El País. La empresa entregó contratos sin documentación clara y ofreció opciones de compra o desalojo, generando desconfianza.
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Intervención estatal y desprotección jurídica
Aunque el Ministerio de Vivienda entregó algunas escrituras a familias que pudieron pagar, la mayoría permanece en la incertidumbre. Mercedes Alvarado, lideresa comunitaria, denunció que la empresa “no tiene una sola versión” sobre el origen de su propiedad, ni ha mostrado títulos claros.
La Silla Rota ha documentado anteriormente cómo la falta de garantías legales y acceso a la vivienda digna se ha combinado con políticas extractivistas, propiciando el desplazamiento de comunidades rurales e indígenas para dar paso a desarrollos turísticos o de infraestructura, como el aeropuerto del Pacífico.
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El régimen como herramienta de despojo
El Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA) ha señalado que el régimen de excepción —originalmente una medida contra las maras— ahora opera como un sistema de silenciamiento y represión contra comunidades en disputa territorial.
Organizaciones como FESPAD y Cristosal advierten que al menos 45 comunidades, que representan a más de 11,000 familias, están enfrentando procesos de desalojo en los que la militarización del territorio y las detenciones sin orden judicial juegan un papel intimidatorio.
VGB