Las personas detenidas bajo el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele, en El Salvador podrán permanecer hasta siete años en prisión sin recibir sentencia, incluso en casos donde resulten inocentes, así lo establecen las recientes reformas a la Ley de Seguridad Nacional y Justicia.
La nueva disposición otorga a la Fiscalía un plazo hasta 2027 para presentar acusaciones, lo que significa que miles de personas podrían pasar cinco años en prisión preventiva antes de ser imputadas y dos años más en procesos judiciales que podrían volver a iniciarse.
Desde la implementación del régimen, se han detenido a 88,750 personas, incluidos menores de edad, que permanecen en cárceles comunes y de máxima seguridad en espera de juicio, por lo que más del 70% podría enfrentar hasta siete años sin sentencia.
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Organismos de derechos humanos advierten que esta política abre la puerta a detenciones arbitrarias, juicios masivos y graves violaciones al derecho de defensa.
Prisión preventiva es irracional
La organización Cristosal cuestionó la legalidad de mantener a una persona más de cinco años en prisión preventiva, calificando este plazo como “irracional e injustificable”.
Además, alertó que la falta de control judicial imparcial y las restricciones al derecho de defensa agravan la situación.
“Mantener a una persona más de cinco años en detención provisional es un plazo irracional e injustificable”, señaló en un comunicado la organización.
Cabe destacar que más de 6,000 denuncias por detenciones arbitrarias han sido documentadas en El Salvador desde el inicio del régimen de excepción, aunque organizaciones humanitarias sospechan que la cifra real es mucho más alta.
En los primeros meses de la medida de excepción, agentes policiales denunciaron que se les imponían cuotas diarias de capturas, lo que derivó en la fabricación de pruebas falsas, de acuerdo con un informe difundido por Human Rights Watch.
Además, datos de la organización Socorro Jurídico Humanitario, al menos 400 personas han muerto en las cárceles desde el inicio del régimen; muchas de ellas presentaban signos de violencia o falta de atención médica.
Salvadoreños exigen libertad de detenidos
Contexto: Este lunes, cerca de 300 salvadoreños exigieron libertad para personas "inocentes" detenidas en el marco de un régimen de excepción en El Salvador, para activistas y pidieron "un alto" a retrocesos en derechos humanos ante, según lo que expresaron, "violaciones masivas a derechos" por parte del Estado.
Los salvadoreños aprovecharon el día festivo, por la conmemoración y celebración de los 204 años de independencia del país, para marchar y demandar al Gobierno del presidente Nayib Bukele medidas económicas, sociales y de seguridad que "no atenten contra la democracia y contra los derechos humanos de los ciudadanos".
"¿Cómo podemos hablar de una independencia? Cuando estamos bajo un régimen de excepción que reprime, encarcela y mantiene a todo un pueblo en zozobra (…) no podemos hablar de una verdadera independencia, cuando la independencia que nos han vendido es ilusión, porque mientras estemos en un régimen de excepción no podemos hablar de una verdadera independencia", dijo a medios internacionales la activista Sonia Urrutia.
La activista señaló que también, en la actualidad, "hay un miedo en el pueblo de salir a manifestarse por la represión que ejerce el Estado para callar las voces".
Exigimos, expresó Urrutia, la libertad inmediata de los defensores de derechos humanos detenidos, como la abogada Ruth López arrestada en pasado mayo por el cargo de peculado. Asimismo, pidieron la liberación del defensor de derechos ambientales Alejandro Henríquez, del pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, y del activista Fidel Zavala.
La marcha, organizada por el Bloque de Resistencia y Rebeldía y en la que también participaron familiares de personas detenidas organizadas en el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), se movilizó por la principales calles de la capital y concluyó en la histórica Plaza Capital Gerardo Barrio sin inconvenientes.
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Con información de EFE.
gph