Mientras El Salvador conmemoraba sus 204 años de independencia centroamericana con desfiles cívicos y militares, y el presidente Nayib Bukele celebraba la "libertad conquistada" y la "unión de nuestros pueblos", un grupo de salvadoreños se manifestaba en las calles de San Salvador para denunciar la falta de libertad y el acoso a voces críticas en el país.
Organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanos críticos del gobierno marcharon para expresar su descontento con la gestión de Bukele, bajo el lema "no puede haber independencia sin libertad".
Sus principales demandas incluyen la derogación del régimen de excepción, vigente desde 2022, que según organismos locales e internacionales de derechos humanos, ha permitido la violación de derechos humanos y detenciones arbitrarias. Este régimen suspende garantías constitucionales, como la ampliación del plazo de detención provisional de 72 horas a 15 días y la intervención de telecomunicaciones sin autorización judicial.
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Los manifestantes también rechazaron las reformas constitucionales que permiten la reelección presidencial indefinida, señalando que "no se podía que un presidente consecutivamente esté en el poder".
Hostigamiento y miedo a la represión
Entre las denuncias más destacadas se encuentra la criminalización de activistas de derechos humanos y abogados que han criticado abiertamente la gestión de Bukele. Se pidió la libertad del abogado constitucionalista Enrique Anaya, quien cumple 100 días en prisión preventiva, acusado de lavado de dinero, cargos que él niega. También se mencionó el caso de Ruth Eleonora López, acusada de presunto enriquecimiento ilícito, quien ha rechazado los cargos y solicitado un juicio público.
Amnistía Internacional ha señalado un "alarmante incremento de hostigamiento, persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil" en El Salvador. Los líderes de las protestas atribuyen la baja convocatoria de las marchas al "miedo" generalizado a posibles represalias. El temor a "sanciones laborales, presiones, arrestos" o ser "señalado de algo" y "desprestigiado públicamente" disuade a muchos de salir a las calles. Además, la vigencia del régimen de excepción genera el temor a ser encarcelado y pasar años en prisión mientras se investiga la culpabilidad o inocencia.
La postura del gobierno y el respaldo popular
El gobierno de Nayib Bukele ha desestimado estas críticas, argumentando que las más de 88,000 detenciones realizadas bajo el régimen de excepción han convertido a El Salvador en "uno de los países más seguros del hemisferio", contrastando con su pasado como uno de los más peligrosos por la actividad de pandillas
*Material generado con apoyo de la inteligencia artificial