Indonesia vive una crisis política y social de gran escala. Las protestas comenzaron a principios de 2025 y se intensificaron a finales de agosto. El punto de quiebre fue la aprobación de un subsidio de vivienda para legisladores, equivalente a 3,000 dólares mensuales, más de diez veces el salario mínimo en Yakarta y hasta veinte veces en las regiones más pobres.
La medida provocó rechazo, especialmente por los comentarios en redes sociales de algunos parlamentarios que la defendieron o minimizaron el descontento. La población expresó frustración por recortes en salud, educación e infraestructura, así como por el aumento de impuestos. Estas decisiones financiaron programas como los almuerzos escolares gratuitos y los créditos para vivienda social.
Las manifestaciones también se relacionaron con una enmienda a la Ley de las Fuerzas Armadas que permite a militares ocupar cargos gubernamentales. Las reformas generaron preocupación sobre la militarización de la política.
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En febrero ya hubo protestas masivas bajo la consigna “Indonesia Gelap” contra las políticas económicas del presidente Prabowo Subianto, quien asumió el poder en octubre de 2024.
Escalada de las manifestaciones
Las protestas se intensificaron a partir del 25 de agosto frente a la Cámara de Representantes en Yakarta. Participaron estudiantes, sindicalistas y trabajadores de distintos sectores. El 28 de agosto, un vehículo blindado de la policía atropelló y mató al joven mototaxista Affan Kurniawan. La difusión de este hecho amplificó la indignación social.
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Las manifestaciones se extendieron a ciudades como Bandung, Depok, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar y Lombok. En varias de ellas, grupos de manifestantes incendiaron edificios públicos y legislativos. En Makassar, tres funcionarios murieron en el incendio del parlamento regional. En Bandung y Lombok ocurrieron hechos similares.
Saqueos afectaron propiedades de funcionarios, como la residencia de la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati. También se incendiaron estaciones de transporte, sedes de la policía y cabinas de peaje.
Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, cañones de agua y detenciones masivas. En Yakarta, la policía desplegó más de 1.200 efectivos. El ejército colocó francotiradores y puntos de control en calles estratégicas.
Detenciones, desaparecidos y daños
Desde el inicio de la crisis, murieron al menos seis personas. Algunas organizaciones estimaron siete u ocho fallecidos. La organización KontraS reportó 23 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales 20 seguían sin ser localizadas al 1 de septiembre.
Las autoridades detuvieron a más de 3,000 personas en todo el país, de las cuales 1,000 en Yakarta. Las cifras de heridos se contaron por cientos. La policía informó de "decenas" de lesionados. Las pérdidas materiales se estimaron en 11,3 millones de dólares.
Algunas organizaciones sociales, como la Alianza de Mujeres de Indonesia, cancelaron movilizaciones para evitar mayores enfrentamientos.
Respuesta del gobierno
El presidente Prabowo Subianto canceló un viaje oficial a China para atender la crisis. Ordenó investigar la muerte de Affan Kurniawan y prometió que los policías responsables enfrentarán juicio. Hasta ahora, siete agentes fueron detenidos.
El gobierno revirtió beneficios económicos para los legisladores, incluyendo el subsidio de vivienda. También suspendió visitas oficiales al extranjero por parte de parlamentarios.
Subianto instruyó a las fuerzas armadas y policiales a actuar con firmeza contra quienes participen en saqueos o destruyan propiedad pública. Advirtió que algunos hechos podrían considerarse como terrorismo o traición.
El gobierno recordó que las protestas deben contar con autorización oficial y concluir antes de las 18:00 horas. El ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, advirtió que se aplicarán medidas severas.
Medidas económicas y comunicacionales
El gobierno anunció la aceleración de programas sociales, como las comidas gratuitas para estudiantes y mujeres embarazadas, y el otorgamiento de créditos para impulsar la inversión en sectores intensivos en mano de obra. El banco central intervino en el mercado de divisas para sostener la rupia.
TikTok suspendió temporalmente su función de transmisión en vivo en Indonesia. Según fuentes locales, el gobierno presionó a plataformas como TikTok, Meta y X para limitar la difusión de contenido que pudiera incentivar protestas.
La Bolsa de Indonesia registró una caída superior al 3% en la apertura del lunes 1 de septiembre.
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Reacciones internacionales y sociales
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU solicitó una investigación sobre el uso de la fuerza. La portavoz Ravina Shamdasani insistió en que las fuerzas de seguridad deben respetar los principios del derecho internacional.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch calificaron como desproporcionada la criminalización de los manifestantes bajo etiquetas como “terrorismo” o “traición”. Ambas organizaciones atribuyeron la protesta a causas estructurales no resueltas.
La Conferencia Episcopal de Indonesia pidió a los líderes escuchar las demandas sociales y gobernar con responsabilidad. El Foro de la Sociedad Católica condenó la muerte del joven mototaxista y llamó a respetar los derechos humanos.
Anarquistas indonesios señalaron que las protestas nacieron de forma orgánica, más allá de estructuras sindicales o estudiantiles. Según sus declaraciones, la población apoya cada vez más las acciones directas.
Causas de fondo
Desde que Subianto asumió el poder, se registraron al menos tres grandes jornadas de protesta: el Día del Trabajo (1 de mayo), el Día de la Independencia (17 de agosto) y las actuales movilizaciones.
Entre los factores que explican el malestar se encuentran el aumento de precios en alimentos y combustibles, la corrupción persistente, la desigualdad social y la precarización del empleo.
Casi el 60% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal. En Yakarta, el salario mínimo mensual equivale a 5,4 millones de rupias (unos 340 dólares), mientras que en otras regiones no supera los 130 dólares.
La tasa de desempleo juvenil alcanza el 16%. Muchos jóvenes expresaron frustración por su situación laboral, la falta de oportunidades y la desconexión de las élites políticas con la realidad social.
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Panorama incierto
El desenlace de la crisis aún no está claro. Algunos sectores anticipan un posible endurecimiento de la represión. Otros plantean la posibilidad de negociaciones con actores sociales para establecer mesas de diálogo. También existe el riesgo de una escalada prolongada.
Mientras tanto, el gobierno intenta contener la situación con reformas parciales y operativos de seguridad. Las demandas de fondo continúan sin respuesta estructural.
VGB