Ante los diversos conflictos sociales que han surgido durante las dos primeras semanas de mayo, el gobierno salvadoreño ha recurrido a un patrón que incluye el uso excesivo de la fuerza, la militarización indebida, la criminalización de la protesta y amenazas de restringir aún más el espacio cívico. Estas acciones han estado dirigidas contra diversas expresiones sociales que legítimamente han exigido mejoras en las condiciones de vida y una mayor responsabilidad estatal.
En este contexto, Amnistía Internacional, junto con Artículo 19, CEJIL, IM-Defensora, LAWG, OMCT, PRODESC, RFK y WOLA, emitieron un comunicado conjunto para lanzar una alerta sobre esta situación.
Una de las situaciones destacadas ocurrió a principios de mayo, cuando el descontento social se manifestó por el cierre de una vía estratégica. El gobierno intentó mitigar la situación ofreciendo transporte público gratuito, una medida que, según reportes, se anunció sin coordinación previa con el gremio de transportistas, generando deficiencias y malestar.
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La respuesta gubernamental ante las quejas de la población fue ordenar la detención de 16 transportistas. Se les imputaron delitos sin una base fáctica clara o sustento legal, como el delito de incumplimiento de deberes (artículo 321 del Código Penal), que legalmente solo aplica a funcionarios públicos, no a particulares como los concesionarios de transporte.
Días después de su detención, uno de los transportistas falleció bajo custodia estatal en un centro de detención de la Policía Nacional Civil. Aunque la causa del deceso no se conoce, este hecho se produce en medio de cientos de denuncias sobre condiciones de detención que podrían constituir tortura u otros malos tratos, agravadas por el hacinamiento derivado del régimen de excepción.
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Según organizaciones de la sociedad civil, este régimen ha provocado más de 85 mil detenciones arbitrarias y cerca de 400 muertes bajo custodia estatal hasta la fecha, sin que las autoridades salvadoreñas hayan realizado investigaciones efectivas e independientes.
Otro incidente reportado ocurrió el 12 de mayo, cuando el Estado reprimió una protesta pacífica de más de 300 familias de la comunidad El Bosque en Santa Tecla, quienes se manifestaban contra un desalojo inminente.
Por primera vez, las autoridades desplegaron a la Policía Militar —una fuerza sin competencia legal para el control del orden y seguridad pública—, junto con la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC, para dispersar a los manifestantes. La intervención resultó en el uso abusivo de la fuerza, incluyendo agresiones físicas y la detención arbitraria del defensor ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez.
Las organizaciones firmantes han señalado que la represión no debe ser la respuesta a demandas sociales legítimas, ya que aumenta la tensión y deteriora la confianza en las instituciones.
Consideran que el uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, la criminalización de defensores de derechos humanos y la instrumentalización del sistema penal para aplacar demandas sociales son prácticas autoritarias que no deben constituir la respuesta estatal al descontento.
Afirman categóricamente que "gobernar no debe ser sinónimo de reprimir".
Bukele va contra ONGs
Horas después de estos sucesos, el presidente Nayib Bukele anunció que enviaría a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros que busca imponer un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciben organizaciones no gubernamentales.
El argumento esgrimido es que estas organizaciones "manipulan" a la población. De aprobarse, esta normativa constituiría un nuevo y grave ataque contra el espacio cívico y el derecho a defender derechos, al debilitar la labor de las organizaciones que acompañan a las numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.
Según Ana Piquer, directora para Las Américas de Amnistía Internacional, con esta ley, el gobierno no solo busca silenciar a las organizaciones que denuncian abusos, sino que también golpea directamente a las personas que reciben su asistencia y acompañamiento.
Subrayó que acceder a recursos financieros sin restricciones indebidas es un componente del derecho a la libertad de asociación, un derecho humano reconocido internacionalmente.
Piquer advirtió, basándose en otros contextos, que las restricciones indebidas a los recursos de las ONGs llevan inevitablemente a mayores dificultades para que las personas accedan a sus derechos económicos y sociales como salud y educación.
Señaló que, en lugar de enfocarse en estas áreas y erigirse como un buen ejemplo, el presidente Bukele hace justamente lo contrario.
Violaciones a los derechos humanos
En conjunto, las detenciones arbitrarias, la criminalización de la protesta social, el uso ilegítimo de fuerzas militares y los intentos de restringir indebidamente o castigar el trabajo de quienes acompañan a víctimas de abusos estatales constituyen violaciones graves a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes exigen al Estado salvadoreño varias acciones:
- Liberar inmediatamente a las personas detenidas solo por ejercer sus derechos.
- Iniciar sin dilación una investigación efectiva e independiente sobre la muerte del transportista bajo custodia estatal.
- Crear medidas para canalizar las legítimas demandas sociales, garantizando los derechos de quienes alzan su voz.
- Desistir de cualquier intento legislativo que sancione el trabajo legítimo de organizaciones de derechos humanos y de quienes acompañan a víctimas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.
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Asimismo, instan a las autoridades a retroceder en su esfuerzo por silenciar y estigmatizar a las organizaciones de derechos humanos y a desistir de limitar el espacio para la libre expresión.
Subrayan la necesidad de utilizar todos los mecanismos legales para evitar la aprobación e implementación de cualquier ley que sirva para desmantelar, silenciar y castigar a las organizaciones de la sociedad civil.