Nayib Bukele se encamina a consolidar un régimen con poder absoluto e ilimitado mediante reformas electorales que autorizan la reelección presidencial indefinida, amplían el mandato presidencial y eliminan la segunda vuelta electoral. La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó estos cambios de manera expedita, lo que generó una ola de críticas y preocupación internacional.
Organismos de derechos humanos y analistas políticos advierten sobre la creciente concentración de poder en el Ejecutivo. El diario español "El País" publicó un artículo titulado "Bukele: el mismo libreto hacia el poder absoluto", en el que describe cómo el presidente salvadoreño da un nuevo paso hacia la consolidación de un control sin contrapesos. La publicación señala que las acciones de Bukele siguen patrones observados en regímenes como el de Venezuela.
La reforma aprobada no solo habilita la reelección indefinida, sino que extiende el periodo presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. Según los legisladores oficialistas, estas medidas buscan “devolverle el poder al pueblo”. Sin embargo, organizaciones como Cristosal y Acción Ciudadana aseguran que las reformas cierran la vía electoral a la alternancia de poder y fortalecen el control personalista del mandatario.
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Cristosal califica la reforma como el “tiro de gracia” a la democracia salvadoreña. Y Acción Ciudadana advierte que Bukele podría ejercer la presidencia durante al menos 14 años consecutivos. Actualmente cumple su segundo mandato desde el 1 de junio, tras una reinterpretación constitucional emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, cuyos magistrados fueron nombrados por la Asamblea oficialista en 2021.
Represión y restricciones: denuncias de organizaciones internacionales
La reforma política se suma a una serie de acciones que, según Amnistía Internacional y otras organizaciones, evidencian un proceso de autoritarismo acelerado. En una alerta conjunta, denuncian el uso excesivo de la fuerza, la militarización de la seguridad pública, la criminalización de la protesta y la amenaza de nuevas restricciones al espacio cívico.
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Entre los casos documentados se incluye la detención de 16 transportistas acusados sin evidencia clara, uno de los cuales falleció bajo custodia del Estado en medio de denuncias de tortura. También se reporta la represión de una protesta pacífica integrada por más de 300 familias. Y la Policía Militar, sin competencia legal para intervenir en manifestaciones civiles, participa en operativos con uso excesivo de fuerza.
Bukele impulsó además una iniciativa denominada “Ley de Agentes Extranjeros”, que impone un impuesto del 30 % sobre las donaciones que reciben las organizaciones no gubernamentales. Esta ley es vista por múltiples organizaciones como una medida para silenciar y castigar a quienes documentan violaciones a los derechos humanos o denuncian la falta de transparencia estatal.
Más de 70 organizaciones rechazan esta propuesta, considerándola una escalada de criminalización. Voceras como Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, y Gabriela Santos, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, señalan que la ley vulnera derechos fundamentales como la libertad de asociación y de expresión.
Estado de excepción y amenazas a la prensa
Contexto: desde marzo de 2022, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales. Esta medida permite detenciones sin orden judicial, limita el acceso a la información y debilita el rol de los jueces. El gobierno justifica su aplicación como parte de su estrategia de seguridad pública.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado su preocupación ante versiones que indican posibles detenciones de periodistas del medio El Faro. Esta amenaza se suma a otras acciones restrictivas contra la prensa independiente en el país, como campañas de estigmatización, bloqueos informativos y vigilancia digital.
Organizaciones internacionales consideran que estos hechos forman parte de un patrón común en regímenes autoritarios, donde el control de la narrativa pública y la eliminación del periodismo crítico son herramientas clave para consolidar el poder. Las recientes reformas refuerzan ese modelo, al eliminar mecanismos de control democrático y debilitar los contrapesos institucionales.
Las denuncias acumuladas sobre represión, persecución a opositores, uso de la fuerza sin control judicial y reformas legales regresivas colocan al gobierno salvadoreño bajo escrutinio internacional. Diversos actores coinciden en que el país atraviesa un momento crítico para el futuro de su democracia.
El paralelismo con Daniel Ortega en Nicaragua
La ruta política de Nayib Bukele ha sido comparada con la que emprendió Daniel Ortega en Nicaragua desde su regreso al poder en 2007. Ortega, electo con una minoría de votos, utilizó reformas legales e institucionales para eliminar la separación de poderes y afianzar el control familiar del Estado.
En Nicaragua, el régimen ha cooptado las instituciones públicas, las fuerzas armadas y sectores económicos clave. La Policía Nacional y el Ejército operan bajo órdenes directas del Ejecutivo, y sus mandos enfrentan sanciones internacionales por participar en actos de represión.
El uso de grupos paramilitares, la realización de ejecuciones extrajudiciales y el desmantelamiento de organizaciones civiles marcan el modelo nicaragüense. Una ley similar a la propuesta en El Salvador provocó el cierre de 3,000 ONG y la confiscación de sus bienes.
En las elecciones de 2021, Ortega encarceló a precandidatos y anuló partidos opositores. Su esposa, Rosario Murillo, ocupa la vicepresidencia desde 2017. La comunidad internacional califica a su gobierno como un régimen dictatorial sin garantías para el ejercicio democrático.
Ecos del chavismo: el modelo venezolano
Expertos como Juan Pappier, de Human Rights Watch, comparan el proceso de Bukele con el de Hugo Chávez en Venezuela, aunque a una velocidad mayor. Chávez gobernó entre 1999 y 2013, y utilizó su popularidad para modificar el marco institucional y eliminar los contrapesos democráticos.
Durante su mandato, Chávez intervino el Poder Judicial, cambió las reglas electorales y censuró medios críticos. Su gobierno fue definido como una autocracia que usó mecanismos democráticos para fortalecer el control autoritario, restringiendo libertades y derechos políticos.
El modelo chavista también estuvo marcado por altos niveles de corrupción. Se estima que se desviaron recursos públicos a redes cercanas al poder. El "socialismo del siglo XXI", impulsado por Chávez, sirvió de inspiración para otros gobiernos de la región, incluyendo Nicaragua.
Los críticos del gobierno de Bukele observan similitudes entre estas estrategias. La preocupación principal es que El Salvador replique un modelo de concentración del poder que ya produjo el deterioro de las instituciones y la pérdida de libertades en otros países de América Latina.
Un patrón repetido en la región
Las reformas recientes, la represión a la disidencia, las amenazas a la libertad de prensa y el debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil indican que El Salvador se aproxima a un modelo de gobierno autoritario. La comparación con los regímenes de Daniel Ortega y Hugo Chávez refuerza esta percepción.
Diversos actores nacionales e internacionales advierten sobre el riesgo de que el país transite hacia un sistema de poder sin límites, sin rendición de cuentas y sin garantía de alternancia democrática. La comunidad internacional sigue con atención el desarrollo de estos acontecimientos.
VGB