Tras más de tres años de implementación del régimen de excepción de Nayib Bukele, El Salvador se encuentra en un punto crucial respecto al estado de las pandillas. El régimen de excepción que comenzó en marzo de 2022 ha transformado drásticamente la percepción de seguridad pública en el país y ha generado tanto elogios a nivel nacional como críticas internacionales por su impacto negativo en relación a los derechos humanos y la democracia.
La ofensiva del gobierno contra las pandillas, principalmente la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, ha resultado en una reducción histórica de la violencia. El Salvador cerró 2024 con un mínimo histórico de 114 homicidios, una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, la más baja de América Latina y del hemisferio occidental, superando incluso a Estados Unidos en el índice de seguridad.
Esta cifra es una disminución drástica desde los 2,390 asesinatos registrados en 2019, el año en que Bukele asumió la presidencia. Según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental.
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Expertos como Luis Enrique Amaya, consultor internacional en pandillas, afirman que de la MS-13 solo quedan "sus restos, sus vestigios, sus cenizas", y que Bukele ha resuelto el problema de las pandillas al romper sus estructuras. Y una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA en enero de 2025 indicó que solo el 9.8% de los salvadoreños se siente "inseguro o muy inseguro" en su colonia.
Sin embargo, a pesar del discurso triunfalista del gobierno, los informes de inteligencia policial, como el de la Subdirección de Inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) de mayo de 2025, sugieren cautela. El ministro Villatoro ha matizado que no se puede asegurar que las pandillas estén totalmente "desarticuladas", ya que existen "chequeos" (jóvenes en período de prueba) y "paros" (colaboradores).
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El informe de la PNC señala que la MS-13 todavía conserva 230 clicas activas en El Salvador, agrupadas en 32 programas. Se estima que, al 30 de abril de 2025, quedan 4,682 miembros de la Mara Salvatrucha no detenidos en los archivos policiales. De estos, el 40% (aproximadamente 1,700) permanecerían ocultos en el país, mientras que unos 2,800 habrían huido a países como Guatemala, México y Honduras.
Además, la MS-13 aún mantiene 29 "grupos armados" en áreas rurales desoladas del país. Las pandillas reconocen su debilitamiento, pero no abandonan la idea de ejercer violencia en el futuro.
En un intento por sobrevivir, las pandillas han adoptado nuevas estrategias, como el reclutamiento de menores o adeptos que modifican su comportamiento y apariencia para pasar desapercibidos. Ante la disminución de ingresos por extorsión, están incursionando a mayor escala en el narcomenudeo.
En cuanto a las condenas, en enero de 2025, una corte contra el Crimen Organizado de El Salvador emitió penas de hasta 120 años de prisión a siete pandilleros del Barrio 18 por diversos delitos, incluyendo un doble asesinato cometido entre 2013 y 2016.
El régimen de excepción y sus consecuencias
Contexto: El régimen de excepción fue decretado el 27 de marzo de 2022 en respuesta a un repunte de violencia que dejó 62 homicidios en un solo día en marzo de ese año, considerado el día más violento en la historia reciente del país. A mediados de 2025, la medida ha sido prorrogada consecutivamente 39 veces.
La Constitución de El Salvador establece que un régimen de excepción no puede extenderse más de 60 días. Sin embargo, el gobierno justifica la continuidad de la medida argumentando la persistencia de "grupos terroristas" y la necesidad de evitar un retroceso en los resultados de seguridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de junio de 2024, señala que la situación actual de seguridad en El Salvador no justifica la continuidad de la suspensión de derechos, ya que las razones objetivas iniciales de emergencia no persisten.
Bajo el régimen de excepción, se han suspendido derechos constitucionales como la libertad de asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a ser informado de los motivos de arresto y asistencia de un abogado, y se ha ampliado el plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días.
Según cifras oficiales, más de 86,000 personas han sido detenidas en el marco de la ofensiva contra las pandillas. El presidente Bukele ha admitido que al menos 8,000 de los detenidos han sido liberados por ser inocentes debido a falta de pruebas. Organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que podría haber hasta 25,000 personas inocentes encarceladas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de junio de 2024, documentó que hasta principios de noviembre de 2023, 73,000 personas habían sido detenidas, la mayoría con prisión preventiva decretada.
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Contexto político
La política de seguridad de Bukele, conocida como el "método Bukele", goza de un enorme apoyo popular en El Salvador, con encuestas que muestran un 95% de aprobación a su gestión en seguridad. Este éxito ha llevado a otros países de América Latina a debatir la posibilidad de adoptar estrategias similares. La popularidad de Bukele fue clave para su reelección el 4 de febrero de 2024, obteniendo el 84.6% de los votos.
Sin embargo, el gobierno de Bukele ha sido objeto de serias acusaciones de pactos con pandillas antes de la implementación del régimen de excepción. El medio salvadoreño El Faro ha publicado audios de funcionarios, fotografías y documentos oficiales que, según ellos, demuestran la existencia de acuerdos entre el gobierno y las pandillas MS-13 y Barrio 18 Revolucionarios.
Estos acuerdos, que habrían iniciado alrededor de 2014-2015 cuando Bukele se postulaba para la alcaldía de San Salvador, se mantuvieron sólidos durante su primer período presidencial hasta su ruptura en marzo de 2022.
Un líder del Barrio 18 Revolucionarios, conocido como "Charli", relató cómo ayudaron a Bukele a ganar la alcaldía de San Salvador y la presidencia, e incluso cómo recibieron un cuarto de millón de dólares del partido de Bukele. Las pandillas habrían incentivado el voto a favor de Bukele bajo amenaza.
Documentos oficiales de Estados Unidos también constatan la existencia de estos acuerdos. La ruptura de este pacto se habría producido tras la masacre de 87 personas en marzo de 2022, lo que detonó la "guerra" de Bukele contra las pandillas.
El control del gobierno sobre el sistema judicial también es una preocupación. En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa, con mayoría del partido Nuevas Ideas de Bukele, destituyó y reemplazó a magistrados de la Corte Suprema y al Fiscal General sin el debido proceso, eliminando controles institucionales.
Esto ha facilitado la implementación de políticas de seguridad sin restricciones. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto favorablemente solo el 1.4% de las 7,074 demandas de habeas corpus interpuestas durante el régimen de excepción hasta junio de 2024.
Contexto social y preocupaciones por Derechos Humanos
La estrategia de seguridad de mano dura ha suscitado graves preocupaciones por violaciones a los derechos humanos por parte de organismos internacionales y locales. Estas incluyen:
- Detenciones arbitrarias y masivas: Más de 86,000 personas han sido detenidas, muchas de ellas de forma arbitraria y sin orden judicial. Las denuncias señalan un patrón de ilegalidades y arbitrariedades, incluyendo el uso de criterios discriminatorios como la apariencia o antecedentes criminales para justificar arrestos. Se ha reportado una "cuota de detenidos" para la policía.
- Muertes bajo custodia estatal: Al menos 261 detenidos han muerto en prisión durante el Régimen de Excepción hasta julio de 2023, según la organización Cristosal. El Fiscal General afirmó en junio de 2023 que 142 investigaciones sobre estas muertes fueron archivadas.
- Tortura y malos tratos: Se han documentado denuncias de torturas y malos tratos en las prisiones, incluyendo golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, uso excesivo de gas pimienta, y encierro prolongado. Marvin Medrano, un pandillero de la MS-13 condenado a 100 años en la megacárcel CECOT, relató haber sufrido y perdido a su familia, consciente de que no saldrá de la prisión.
- Falta de debido proceso: Las organizaciones de Derechos Humanos critican la demora en el control judicial de las detenciones, la ineficacia del habeas corpus, la falta de pruebas para sustentar los cargos, la realización de audiencias judiciales masivas, y limitaciones al derecho de defensa.
- Condiciones carcelarias inhumanas: Las prisiones en El Salvador, incluyendo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) inaugurado en febrero de 2023, enfrentan hacinamiento, falta de acceso a higiene, alimentación y atención médica adecuadas. El CECOT tiene una capacidad para 40,000 detenidos y actualmente alberga a unos 15,000. Los reclusos son vigilados 24 horas al día, salen de sus celdas solo para audiencias virtuales o media hora de ejercicio diario, y no reciben visitas familiares. No está prevista la rehabilitación oficial en estas cárceles, y el discurso gubernamental apunta a que los pandilleros "morirán" allí y "estarán ahí el resto de sus vidas".
- Impacto en la niñez y mujeres: Se ha denunciado el reclutamiento de menores por parte de las pandillas, y que niños, niñas y adolescentes han sido detenidos y procesados bajo legislación que viola garantías básicas de debido proceso. Mujeres, incluyendo embarazadas y madres con bebés, han enfrentado condiciones críticas en prisión, con denuncias de partos en celdas, falta de atención médica, y separación de sus hijos.
Restricciones contra la libertad de expresión
El acceso a la información pública también ha sido restringido, con un aumento drástico en la reserva de información por parte de las instituciones estatales, dificultando el escrutinio público y el trabajo periodístico. Al menos 10 periodistas y un comunicador han tenido que abandonar el país por motivos de seguridad. A pesar de la derogación de leyes que penalizaban la difusión de mensajes de pandillas, persiste un clima hostil y la criminalización del periodismo independiente.
Desde el punto de vista económico y social, El Salvador es un país pequeño y densamente poblado, donde el 27% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza nacional en 2023, y casi el 9% en pobreza extrema. La economía del país está dolarizada y se sostiene en gran medida por las remesas que envía un tercio de la población salvadoreña que vive en Estados Unidos.
A pesar de la reducción de la violencia, la canasta básica ha experimentado un alza significativa, con precios de productos como los huevos duplicándose. Organizaciones de DH señalan que las medidas del gobierno, aunque buscan combatir la criminalidad, han tenido un "doble impacto" en la economía familiar, especialmente para las mujeres y familias de los detenidos.
El gobierno ha implementado programas para la prevención y reconstrucción del tejido social como parte del "Plan Control Territorial". Estos incluyen los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), equipados con bibliotecas, centros de cómputo y espacios deportivos, ubicados en zonas previamente consideradas de alta inseguridad.
También se han creado las Escuelas Integradoras, que ofrecen oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal en arte, deportes, tecnología y capacitación técnica. La Dirección Nacional de Integración coordina esfuerzos entre el Estado, la empresa privada, universidades y comunidades para gestionar becas y empleos.
En resumen, El Salvador celebra una reducción de la violencia sin precedentes, atribuida a la ofensiva del gobierno contra las pandillas. Sin embargo, esta estrategia se ha basado en un régimen de excepción prolongado y ha generado graves denuncias de violaciones a los derechos humanos, falta de transparencia, y un deterioro de las libertades civiles, lo que plantea un debate constante sobre el equilibrio entre seguridad y democracia en el país.
Pacto Trump-Bukele: riesgo para la erradicación de la MS-13
El acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele pone en riesgo la promesa de Trump de "desmantelar, diezmar y erradicar" a la banda salvadoreña MS-13.
Este pacto establece que El Salvador aceptaría a más de 200 migrantes expulsados de Estados Unidos en una prisión construida para terroristas. A cambio, Estados Unidos ha pagado millones de dólares y, a petición de Bukele, se ha acordado devolver a los principales líderes de la MS-13 bajo custodia estadounidense a El Salvador. Al menos uno de estos líderes, César López Larios, ya fue trasladado en marzo, a pesar de estar a la espera de juicio en Estados Unidos.
La razón fundamental por la que este acuerdo amenaza los esfuerzos estadounidenses es la acumulación de pruebas sustanciales por parte de fiscales de EU de un pacto corrupto entre el gobierno salvadoreño y altos dirigentes de la MS-13.
Este pacto implicaba que la pandilla reduciría la violencia y reforzaría políticamente a Bukele a cambio de dinero y beneficios en la cárcel, como celulares y prostitutas. Incluso, se sospecha que recursos de la USAID y ayuda directa del gobierno estadounidense fueron canalizados ilícitamente hacia la MS-13 a través de programas como Tejido Social. Bukele, sin embargo, ha negado reiteradamente la existencia de dicho pacto.
El retorno de líderes como Vladimir Arévalo ("Vampiro") se percibe como un intento de Bukele de evitar que revelen información perjudicial sobre su gobierno. De hecho, los abogados de Arévalo han argumentado que si regresa a El Salvador, podría ser "torturado o 'desaparecido'" para ser silenciado.
Esta situación ha llevado a los fiscales estadounidenses a solicitar el retiro de cargos contra líderes clave de la pandilla, citando "motivos de seguridad nacional" y "consideraciones de política exterior". Esto socava directamente las investigaciones de larga data de EU contra la pandilla, incluido el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, creada por Trump para perseguir a los principales líderes de la MS-13.
Investigadores que arriesgaron sus vidas para detener a estos líderes están alarmados y frustrados, temiendo que sus esfuerzos se vean gravemente perjudicados y que otros acusados sean menos propensos a cooperar o testificar. Un agente del FBI incluso tuvo que abandonar El Salvador con su familia después de que un líder de la pandilla ordenara su asesinato.
Por lo tanto, el acuerdo debilita la promesa de Trump de erradicar la MS-13 al permitir que líderes clave puedan escapar de la justicia o ser silenciados, lo que impide los esfuerzos en curso para desmantelar esta pandilla transnacional.
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¿Por qué es relevante conocer el estado actual de las pandillas en El Salvador?
Conocer el estado actual de las pandillas en El Salvador es relevante porque permite comprender el impacto real de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno, así como sus consecuencias sociales, económicas y en materia de derechos humanos.
Durante décadas, las pandillas como la MS-13 y Barrio 18 dominaron amplias zonas del país, ejerciendo control territorial, extorsionando a comerciantes y generando altos índices de violencia. Por ello, cualquier cambio en su presencia o capacidad de operación tiene implicaciones directas para la vida cotidiana de los ciudadanos.
Desde 2022, el gobierno salvadoreño ha implementado un régimen de excepción con miles de detenciones masivas, alegando una reducción histórica en los homicidios. Evaluar el estado actual de las pandillas permite verificar si efectivamente han sido desarticuladas o si han cambiado de estrategia y operan de forma más encubierta.
También es clave para determinar si el enfoque represivo ha logrado un resultado sostenible o si ha generado otras problemáticas, como la criminalización de personas inocentes o el debilitamiento del Estado de derecho.
A nivel internacional, este tema es importante por su relación con la migración forzada y los derechos humanos. La violencia de pandillas ha sido una causa frecuente de desplazamientos internos y migración hacia Estados Unidos. Si su influencia ha disminuido, podría haber cambios significativos en estos flujos migratorios.
Además, conocer la situación actual de las pandillas ofrece una base para evaluar críticamente el modelo de seguridad de El Salvador, el cual ha sido promovido por el gobierno como un ejemplo para otros países. Esta evaluación permite a la sociedad y a la comunidad internacional analizar si se trata de un modelo efectivo y legítimo, o si encubre prácticas autoritarias bajo el discurso del orden y la seguridad.
VGB