La Asamblea Legislativa de El Salvador domindado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) aliados del presidente Nayib Bukele, propusieron este jueves una reforma constitucional para habilitar la reelección presidencial indefinida, así como la extensión del mandato a 6 años, la eliminación de la segunda vuelta electoral y otras modificaciones a la Carta Magna.
La propuesta busca reformar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna salvadoreña, la cual hasta el momento prohibía la reelección inmediata.
"Históricamente, la reelección ha estado permitida en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular, sin prohibiciones, sin condiciones en particular” y la única excepción hasta el momento ha sido la Presidencia", dijo la diputada Ana Figueroa de NI.
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La iniciativa contempla ampliar el período presidencia a 6 años -actualmente es de 5- y propone que el mandato actual de Bukele concluya en 2027 y no en 2029, para que las próximas elecciones presidenciales coincidan con las legislativas y municipales.
La propuesta también anularía la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, por lo que la Presidencia se ganaría por mayoría y no sería necesario el 50 % más uno, como se contempla actualmente en la Constitución salvadoreña, vigente desde 1983.
Cabe señalar que Bukele inició el pasado 1 de junio su segundo mandato consecutivo a pesar de que varios artículos de la Constitución lo prohíben tras un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que la primera Legislatura dominada por NI en 2021 nombró en un proceso irregular.
Diputados modifican Constitución para abandonar el Parlacen
Además, el legislativo aprobó una reforma a la Constitución con el objetivo de eliminar el reconocimiento de los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y dar paso a la salida formal del país de ese organismo regional.
De acuerdo con el medio La Prensa Gráfica, la iniciativa fue presentada por el diputado Giovanny Zaldaña para reformar los artículos 80 y 133 de la Constitución para eliminar las diputaciones del Parlacen, la reforma fue aprobada sin debate previo, con 57 votos y uno en contra. La reforma deberá ser ratificada en una segunda votación por la misma legislatura.
Según los legisladores oficialistas, el Parlacen no genera beneficios reales, representa un gasto innecesario de aproximadamente 1.7millones de dólares anuales y ha sido usado como refugio para políticos acusados de corrupción, debido a los privilegios de inmunidad que ofrece.
Cabe destacar que la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, se pronunció inicialmente en favor del contenido de la reforma, pero rechazó la forma de realizarla, pues dijo que los asuntos constitucionales debían discutirse a profundidad y no mediante una dispensa de trámite.
¿Qué es el Parlacen?
El Parlamento Centroamericano (Parlacen) es el órgano político de representación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con sede en Guatemala. El cual esta conformado por Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador. Costa Rica es el único país centroamericano que no se ha adherido al mecanismo.
Cada país cuenta con 20 diputados electos por voto popular, a los que se suman otros dos, quienes son los expresidentes y exvicepresidentes de las naciones centroamericanas que automáticamente pasan a ser legisladores del organismo.
El Parlacen tuvo su primera sesión plenaria el 28 de octubre de 1991 y su origen se da tras las reuniones de presidentes centroamericanos en la década de los años 80, que buscaban salidas pacíficas a los conflictos armados internos, y son conocidos como los Acuerdos de Esquipulas.
El precedente de Panamá
El gobierno del expresidente Ricardo Martinelli fracasó en su intentó de sacar a Panamá del Parlacen, una medida que impulsó bajo el argumento de que era una institución inoperante.
La dificultad radica en que el Tratado Constitutivo del Parlacen no contempla una cláusula de denuncia o de retiro explícita, por lo que intentar este paso involucra dos vías, la diplomática y la del derecho internacional, ambas aplicadas por Panamá sin éxito.
En noviembre de 2009 el entonces presidente del Parlacen, el nicaragüense Jacinto Suárez, explicó que la vía diplomática consistía en que los presidentes de las naciones miembros debían dar el visto bueno a la salida de un país.
Entonces se informó que los gobiernos de Guatemala y Nicaragua, presididos por Álvaro Colom y Daniel Ortega respectivamente, se habían opuesto a la salida de Panamá del parlamento regional.
Ante ello, el Gobierno de Martinelli impulsó una ley, la 78 de 2011, que derogó las normas que aprobaban los instrumentos internacionales relativos al Parlacen haciendo efectivo así el retiro de Panamá de este foro político.
Pero la Corte Suprema de Justicia panameña declaró inconstitucional la Ley 78, por lo que en enero de 2013 la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó una ley que restableció la presencia de Panamá en el Parlacen.
De acuerdo con la información de la prensa local, Panamá adeudaba en 2013 unos 3,7 millones de dólares al foro regional por el tiempo que se mantuvo ausente.
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Martinelli, que llegó a llamar "cueva de ladrones" al Parlacen, hizo uso de la prerrogativa que le otorga a los expresidentes y juró como diputado del ente regional, lo que le dio un fuero que le permitió evadir la justicia ordinaria en un caso de escuchas ilegales, del que finalmente fue absuelto.
El expresidente Martinelli está asilado en Colombia para evitar ir a la cárcel tras ser condenado por la Justicia de su país a más de 10 años por un caso de blanqueo de capitales.
Con información de Efe
kach