El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez este 19 de agosto de 2025. La decisión respondió a una acción de tutela presentada por su defensa.
El fallo reconoció una vulneración a los derechos fundamentales del exmandatario y permite que enfrente en libertad la etapa de apelación del juicio por corrupción. El Tribunal revocó la orden de detención emitida por una jueza de primera instancia el 1 de agosto.
Los magistrados señalaron que la jueza no justificó de forma clara la necesidad de la detención inmediata. El Tribunal indicó que no existía riesgo de manipulación de pruebas, ya que la fase probatoria concluyó, ni se registró inasistencia del acusado a las citaciones judiciales.
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El fallo sostuvo que la privación de la libertad no podía basarse en criterios subjetivos o genéricos. El tribunal aplicó principios como la presunción de inocencia y la proporcionalidad, y rechazó el argumento de que la libertad de Uribe ponía en riesgo la convivencia.
Condena previa y desarrollo del caso
Contexto: un juzgado de Bogotá declaró culpable a Uribe Vélez el 29 de julio de 2025 por fraude procesal y soborno en actuación penal. El 1 de agosto, la jueza Sandra Heredia ordenó su detención domiciliaria.
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La pena dictada fue de 12 años. La Fiscalía había solicitado una condena de 9 años. Uribe resultó absuelto del cargo de soborno simple.
La investigación comenzó en 2012 tras acusaciones del entonces senador Iván Cepeda, quien lo vinculó con grupos paramilitares. Uribe respondió con una denuncia que fue desestimada por la Corte Suprema en 2018.
Ese mismo año, la Corte inició una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos. En 2020, la Corte ordenó su detención domiciliaria por riesgo de obstrucción a la justicia, la cual duró 66 días.
Avances judiciales y reacciones políticas
Tras renunciar a su curul en el Congreso, el caso pasó de la Corte Suprema a la justicia ordinaria. La Fiscalía intentó cerrar el caso en dos ocasiones, pero los jueces rechazaron esas solicitudes.
La jueza Heredia aceleró el juicio para evitar la prescripción. Su decisión final incluyó una orden de detención inmediata, argumentando riesgo de fuga por la visibilidad internacional de Uribe.
La condena generó reacciones en distintos sectores políticos. El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y congresistas republicanos calificaron el fallo como una posible instrumentalización judicial.
El presidente Gustavo Petro pidió respeto por la justicia colombiana y rechazó pronunciamientos externos. Políticos de derecha, como María Fernanda Cabal, expresaron apoyo a Uribe y cuestionaron la imparcialidad del fallo.
Seguridad judicial y contexto electoral
Organizaciones de derechos humanos solicitaron medidas de protección para la jueza Sandra Heredia ante denuncias de hostigamientos y amenazas. La petición fue dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En paralelo, Uribe anunció su intención de impulsar una coalición política rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. Esta iniciativa busca integrar distintos sectores de derecha.
El Centro Democrático enfrenta una situación interna compleja tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, considerado una figura clave para los próximos comicios.
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Uribe pidió definir al candidato presidencial del partido antes de terminar septiembre. Señaló que el proceso electoral requerirá una agenda centrada en propuestas concretas frente a los problemas del país.
También advirtió que las condiciones de seguridad complican la campaña de los precandidatos y su propia participación, aunque ahora cuente con libertad mientras continúa el proceso judicial.
VGB