La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay este 11 de agosto de 2025, dos meses después de sufrir un atentado en Bogotá, Colombia, recuerda la muerte de su madre, la periodista Diana Turbay Quintero, asesinada en 1991 en el marco de un operativo de rescate tras un secuestro. Ambos murieron en hechos violentos que marcaron a la familia y generaron repercusión nacional e internacional.
Atentado contra Miguel Uribe Turbay
Contexto: Miguel Uribe Turbay, de 39 años, pertenecía al partido Centro Democrático de Colombia. El 7 de junio de 2025, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un mitin político en el barrio Modelia de Bogotá. El ataque ocurrió mientras se dirigía a simpatizantes en un parque del sector.
Tras el atentado, fue trasladado a la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permaneció en estado crítico. Presentó edema cerebral y sangrado intracerebral. El 16 de julio fue sometido a una cirugía que permitió una mejoría temporal. El 9 de agosto su condición volvió a ser crítica por una hemorragia en el sistema nervioso central.
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Este lunes 11 de agosto de 2025 se confirmó su muerte. Su esposa, María Claudia Tarazona, informó el hecho por redes sociales. Su hijo Alejandro tenía en ese momento casi cinco años.
Avances de la investigación
Las autoridades judicializaron a seis personas por el ataque. El autor material, un adolescente de 15 años, fue aprehendido en el lugar junto con el arma. Cinco adultos fueron señalados por presunta participación en la planificación y encubrimiento.
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Uno de los capturados, Elder José Arteaga Hernández, alias “el Costeño”, fue detenido el 5 de julio en Bogotá y señalado como coordinador del atentado. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que Arteaga habría recibido alrededor de mil millones de pesos para organizar el ataque.
La investigación determinó que el arma, una pistola Glock calibre 9 mm, fue adquirida en Arizona, Estados Unidos, en 2020 y luego pasó por Florida. El presidente Gustavo Petro solicitó apoyo del FBI y la CIA para identificar a los autores intelectuales. Según Petro, una red criminal habría contratado a menores de edad para cometer el crimen.
La familia de Uribe denunció a la Unidad Nacional de Protección por presunta negligencia. Señaló que durante 2025 presentó más de 23 solicitudes de refuerzo de seguridad que fueron rechazadas, incluida una dos días antes del atentado. El presidente Petro indicó que el día del ataque el esquema de seguridad se redujo de siete a tres personas.
El secuestro y muerte de Diana Turbay Quintero
Diana Turbay Quintero, abogada, periodista y directora del noticiero Criptón, fue secuestrada por el grupo Los Extraditables, el 30 de agosto de 1990, bajo el mando de Pablo Escobar, con el fin de presionar al gobierno para derogar el tratado de extradición con Estados Unidos.
El secuestro ocurrió bajo la excusa de una entrevista con un comandante del ELN, alias “el Cura Pérez”. Al llegar a una finca en Copacabana, Antioquia, fue informada de que quedaba en poder de Los Extraditables. Permaneció en cautiverio cerca de cinco meses.
El 25 de enero de 1991, durante una operación de rescate en Copacabana, recibió un disparo que afectó su hígado y su riñón izquierdo. Fue trasladada al Hospital General de Medellín, donde murió tres horas después por paro cardíaco y shock hipovolémico.
Su madre, Nydia Quintero, responsabilizó a Pablo Escobar y al presidente César Gaviria. En 2009, la justicia declaró el caso como delito de lesa humanidad. Miguel Uribe tenía entonces casi cinco años.
Patrón de violencia en la familia Turbay
Los casos de Miguel Uribe Turbay y Diana Turbay Quintero presentan coincidencias: ambos murieron por disparos de arma de fuego, en el ejercicio de actividades públicas y a edades similares, dejando hijos de edad cercana.
Desde 1991, al menos cinco miembros de la familia Turbay murieron en hechos violentos. Entre ellos, Rodrigo Turbay Cote en 1997, e Inés Cote de Turbay y Diego Turbay Cote en 2000, asesinados por las FARC.
La abuela de Miguel, Nydia Quintero, murió el 30 de junio de 2025, antes de conocer el desenlace médico de su nieto. La esposa de Miguel quedó a cargo de su hijo Alejandro.
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El hecho es relevante porque expone la persistencia de la violencia política y criminal en Colombia, así como las vulnerabilidades en la protección de figuras públicas.
Refleja la capacidad de redes delictivas para operar con alcance internacional y emplear menores en crímenes, lo que plantea retos a la seguridad y justicia.
Además, evidencia cómo la violencia puede afectar de forma reiterada a una misma familia, convirtiéndose en un símbolo de los riesgos que enfrentan quienes participan en la vida pública del país.
VGB