La reciente condena del expresidente colombiano Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal ha generado una oleada de reacciones en todo el país sudaméricano y en el extranjero; y es que si bien se trata de un proceso judicial, la idea de que se trata de un juicio político comienza a mermar y amenaza con profundizar la polarización de una sociedad que, de por sí, ya está fracturada.
Y es que la resonancia que hay en Colombia, agrega Cifuentes, va por dos vías: la sociedad indignada que piensa que todo se trata de una revancha política y que hay una estrategia para anular a Uribe e intervenir en el Poder Judicial, y la otra parte que clama responsabilidad del ex presiedente por lo que consideran graves violaciones a los derechos humanos.
En entrevista con La Silla Rota el analista político Gabriel Cifuentes refiere que la complejidad de este caso histórico en su país, si bien genera polarización, es necesario mirar la relevancia que adquiere la justicia colombiana.
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“La justicia y las instituciones en Colombia han demostrado ser sólidas a pesar de los embates de gobiernos de derecha y de izquierda. Y hoy estamos viendo que una jueza común y corriente le está mandando un mensaje muy poderoso a la ciudadanía: aquí no hay intocables y el hecho de que en Colombia sea la primera vez en 210 años de historia republicana, que un presidente esté en un banquillo, dice muy bien de la justicia o muy mal de la justicia, porque hemos tenido presidentes, bandidos, hemos tenido presidentes que han visto financiadas sus campañas con dineros del narcotráfico, presidentes que han conectado con el paramilitarismo, presidentes que han tenido vínculos con multinacionales corruptas y nunca ha pasado nada”, manifiesta.
Desentraña la complejidad de este caso histórico, destacando el papel de la justicia colombiana, la inesperada intervención de Estados Unidos y el mensaje que este hecho envía a América Latina.
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Un proceso judicial con lectura política
Para Cifuentes, el fallo judicial que se produce tras una investigación de más de una década, tiene dos caras. La primera es la cara jurídica, que se dio en la sala de audiencias y culminó con la jueza determinando que Uribe fue "el determinador de un entramado criminal para sobornar y manipular testigos". Sin embargo, el analista enfatiza que el proceso más relevante es el que se ha desarrollado "por fuera de la sala de audiencias", en la conversa colombiana.
"El lunes pasado la jueza leyó en vivo y en directo en todas las televisiones abiertas por más de diez horas el sentido del fallo y la gente que lo estaba escuchando no estaba escuchando los argumentos jurídicos, lo estaba interpretando como un juicio político, así no lo fuera", explica Cifuentes.
Este "juicio político" ha dividido al país en dos bandos. Por un lado, una parte de la ciudadanía se siente "indignada" y percibe el proceso como una "persecución política, revanchismo" y una estrategia de la izquierda para anular al expresidente. Por otro, hay un sector que "durante décadas ha clamado la responsabilidad del expresidente Uribe por lo que ellos consideran han sido graves violaciones de derechos humanos".
Cifuentes subraya que esta polarización es particularmente dañina para el país en un año electoral, ya que la sociedad se ve obligada a tomar una posición en un "código maniqueo y binario entre la derecha, la izquierda, el uribismo".
Un caso que nace de una contrademanda
Este caso se origina en 2012, cuando en Colombia se debatía sobre el origen y las consecuencias de los grupos paramilitares de extrema derecha. El propio Álvaro Uribe denunció penalmente al senador Iván Cepeda por buscar, supuestamente, de manera irregular, testimonios de exparamilitares presos en varias cárceles del país y del exterior, para vincularlo a esos grupos criminales.
Cepeda, en ese momento, estaba investigando la relación de grupos paramilitares con Uribe cuando era gobernador de Antioquia. Al enterarse de estas indagaciones, Uribe lo demanda. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no solo rechazó la denuncia de Uribe, sino que le abrió un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos.
Desde entonces, el proceso ha sido largo y ha pasado por varias instancias. En un momento la Corte Suprema dictó una medida de detención preventiva contra Uribe, quien en ese entonces era senador. El expresidente, a su vez, renunció a su curul y el caso pasó a la justicia ordinaria, donde finalmente ha avanzado.
Cifuentes resalta la necesidad de que se conozca el caso desde el inicio, porque resulta facil hacer señalamientos en contra -por ejemplo- de la izquierda por la condena a Uribe.
"Es muy fácil llegar a esas conclusiones si no se tiene en cuenta que este es un proceso que lleva más de una década, por donde han pasado tres o cuatro fiscales generales y donde, incluso, la Corte Suprema de Justicia ha sido la que ha obtenido el mayor número de evidencias incriminatorias en contra del expresidente”, destaca.
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La intervención de Estados Unidos: un "ataque al Estado de derecho"
Para el colombiano, la intervención de funcionarios de Estados Unidos en una evidente defensa hacia Álvaro Uribe, reflejan un señalamiento directo al sistema de justicia del país y la acusación en contra del actual presidente, Gustavo Petro, de aparentemente utilizar a las instancias jurídicas como herramienta política.
“Pero eso no es del todo cierto. Este caso inicia en el 2012, es decir, lleva más de una década, cuando estaba de presidente Juan Manuel Santos, que fue presidente, ex ministro del presidente Uribe”, ataja.
El analista señala que este tipo de declaraciones, que sugieren que el sistema judicial colombiano es parcial, son un acto de injerencia que socava la credibilidad de las instituciones del país, que han demostrado ser sólidas a pesar de los embates políticos.
El mensaje a América Latina: un hito republicano con matices
Cifuentes reflexiona sobre el mensaje que la condena de Álvaro Uribe envía al exterior, en una región que ha visto a otros expresidentes ser procesados y encarcelados, como Alberto Fujimori en Perú o Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, aunque advierte que para el caso de su país, se trató no de un mandatario en activo, sino de alguien que dejó el poder hace ya algunos años.
"¿Por fin entramos al club de los países que no le tienen miedo a enjuiciar a presidentes?", se pregunta. Y aunque lo considera un hito, Cifuentes matiza que este caso es atípico en Colombia, ya que se juzga a Uribe por hechos cometidos después de haber sido presidente, no durante su mandato.
Según el analista, el sistema constitucional colombiano otorga al fuero presidencial una "casi que una inmunidad y una impunidad absoluta". Sin embargo, Cifuentes considera que el solo hecho de que "un presidente esté en un banquillo" es un mensaje poderoso para la ciudadanía, que demuestra que "no hay intocables".
El fallo, advierte, representa un "hito" en la historia republicana de Colombia, ya que es la primera vez en 210 años que un expresidente se enfrenta a un juicio. Este hecho, a su juicio, "dice muy bien de la justicia", aunque también "muy mal de la justicia", ya que en el pasado ha habido mandatarios vinculados al narcotráfico, al paramilitarismo y a la corrupción y que nunca fueron juzgados.
"La justicia ha sido íntegra en Colombia con sus fallas, pero ha sido verdaderamente leal al principio de los frenos y contrapesos", concluye Cifuentes, destacando la importancia de la independencia judicial en el sistema democrático.
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El impacto en la administración de Gustavo Petro
Finalmente, Gabriel Cifuentes evalúa la situación del gobierno de Gustavo Petro en el contexto de este fallo. Lo describe como una administración "inexperta, desorganizada" y "decepcionante" que ha fracasado en cumplir las altas expectativas que generó al llegar al poder.
El analista critica al presidente por hacer uso de "narrativas estigmatizantes" y por "incendiar el país" con ataques constantes a la oposición, los medios de comunicación y los empresarios. Advierte que Petro, a pesar de los escándalos de corrupción y el fracaso de sus políticas, mantiene una base de apoyo del 30% del electorado, un "efecto teflón" que lo hace inmune a las críticas, lo describe.
Por su parte, apunta, la oposición se encuentra "absolutamente atomizada" entre una derecha extrema y un centro "acéfalo" que no logra conectar con los votantes, dejando a la sociedad colombiana en un estado de "zozobra, de angustia, pero sobre todo de cansancio y de decepción".
VGB