En un hito histórico, por primera vez en Colombia un expresidente ha sido hallado culpable de delitos graves. Tras un proceso judicial que se extendió por 13 años, una audiencia procesal de doce horas y un expediente que supera las mil páginas, Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó el país entre 2002 y 2010, fue condenado por fraude procesal y soborno en actuación penal. La jueza Sandra Heredia, anunció que la sentencia final se dará a conocer el próximo viernes 1 de agosto a las 2 de la tarde, con una posible pena de entre 8 y 13 años de prisión domiciliaria, dada su condición de persona de la tercera edad, habiendo cumplido 73 años.
Álvaro Uribe Vélez es, sin duda, una de las figuras políticas más influyentes de Colombia en las últimas dos décadas. De orientación conservadora, su presidencia marcó un antes y un después en la lucha contra los grupos armados ilegales. Tras dejar el Palacio de Nariño, su influencia no mermó; apadrinó a los dos presidentes que lo sucedieron en el poder y actualmente se erige como líder del partido Centro Democrático, la principal fuerza de oposición al gobierno del actual presidente de izquierda, Gustavo Petro.
La condena actual de Uribe se enmarca en un juicio de larga data que lo ha vinculado con presuntos nexos con las fuerzas paramilitares colombianas. Las acusaciones específicas que llevaron a esta sentencia son fraude procesal y soborno en actuación penal, este último, referido al supuesto pago a presos a cambio de testimonios favorables. Tanto el exmandatario como sus seguidores han calificado este proceso como una “persecución política” mientras que la oposición lo enmarca en un hecho histórico para la dignidad de las víctimas de la violencia que han esperado décadas por la verdad.
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El origen de este caso se remonta a 2012, cuando Uribe interpuso una demanda contra el senador de izquierda Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. En ese entonces, Cepeda preparaba una denuncia contra Uribe por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, lo que desencadenó la cadena de eventos que culmina con esta condena.
Una tendencia regional: expresidentes ante la justicia en América Latina
El caso de Álvaro Uribe Vélez, aunque trascendental para Colombia, no es un hecho aislado en el panorama político de América Latina, una región que en las últimas décadas ha visto a una numerosa lista de sus exmandatarios enfrentarse a la justicia, e incluso, ser condenados y encarcelados por diversos delitos.
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Perú: el precedente más amplio
Perú ostenta el récord de ser el país con el mayor número de expresidentes juzgados y condenados. Alberto Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000, fue extraditado de Chile en 2007, encarcelado y condenado a múltiples penas, la más severa de 25 años, como autor mediato de crímenes de lesa humanidad y secuestros.
La mega investigación por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht arrastró ante la justicia a otros dos exmandatarios peruanos: Ollanta Humala (2011-2016), quien fue recluido preventivamente junto a su esposa en 2017, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), sentenciado a 3 años de prisión preventiva en 2019 por su vinculación con el mismo caso.
Adicionalmente, Alejandro Toledo (2001-2006) enfrenta un proceso de extradición desde Estados Unidos por supuestos sobornos de Odebrecht, mientras que Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se quitó la vida en 2019 cuando iba a ser detenido en el marco del mismo escándalo.
Centroamérica: una constelación de condenas
La región centroamericana también ha sido escenario de múltiples procesos judiciales contra sus líderes. Nueve ex presidentes de El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras y Nicaragua han enfrentado veredictos adversos. En Guatemala, Alfonso Portillo (2000-2004) fue encarcelado en Estados Unidos; Álvaro Colom (2008-2012) fue detenido y encarcelado en 2018 por fraude y malversación; y Otto Pérez Molina (2012-2015) fue condenado a 16 años de prisión en 2022 por asociación ilícita y fraude aduanero.
Álvaro Colom. Foto: Especial
En El Salvador, Francisco Flores (1999-2004) fue acusado de peculado y enriquecimiento ilícito, y Antonio Saca (2004-2009) fue enviado a prisión en 2017 por peculado, agrupaciones ilícitas, lavado de dinero y malversación. Panamá también tiene su cuota: el militar Manuel Antonio Noriega (1983-1989) falleció en prisión en 2017 tras años de encarcelamiento, y Ricardo Martinelli (2009-2014) fue extraditado de Estados Unidos y encarcelado en 2017, aunque absuelto en 2019, aún enfrenta otros juicios. La lista la completan el hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado (2014-2022), extraditado a los Estados Unidos por sobornos del narcotráfico, y el nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002), condenado en 2003 a 20 años de prisión por lavado de dinero.
Otros Casos en Sudamérica
Más allá de Perú y Colombia, otros países sudamericanos también han visto a sus expresidentes rendir cuentas ante la justicia. En Ecuador, Abdalá Bucaram (1996-1997) fue destituido y posteriormente condenado por injurias. Rafael Correa (2007-2017) fue condenado en 2020 a ocho años de prisión e inhabilitación política por cohecho en el caso “Sobornos 2012-2016”. Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993) de Venezuela, ingresó en prisión en 1994 y fue condenado por “malversación genérica”.
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado en 2017 y 2019 por corrupción en el caso Petrobras, cumpliendo dos años de prisión antes de ser absuelto en 2021.
En Bolivia, Jeanine Áñez, expresidenta interina en 2019, fue detenida en 2021 acusada de sedición y terrorismo. Finalmente, en Argentina, Carlos Ménem (1989-1999) fue procesado y condenado en 2013 por contrabando de armas. Cristina Fernández (2007-2015), entonces vicepresidenta de Argentina, fue condenada en 2022 a seis años de prisión por irregularidades en obras viales durante su gobierno.
Estos casos, incluido el de Álvaro Uribe Vélez, reflejan una creciente tendencia en América Latina hacia la rendición de cuentas de figuras de alto poder, un avance en la lucha contra la impunidad y la corrupción en la región. ¿La ola de rendición de cuentas que barre el continente tocará a México?
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