El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó una demanda contra la Ciudad de Nueva York, el alcalde Eric Adams y otros funcionarios de la ciudad, acusándolos de "seguir obstruyendo la aplicación de la ley con políticas de "ciudad santuario". La fiscal general del país, Pamela Bondi confirmó la demanda este jueves 24 de julio de 2025.
La demanda, interpuesta en el Distrito Este de Nueva York, denuncia que las políticas de santuario de Nueva York permiten que "delincuentes peligrosos deambulen por las calles y cometan crímenes atroces dentro de la comunidad".
La fiscal general Bondi ha declarado que "la Ciudad de Nueva York ha liberado a miles de delincuentes para que cometan delitos violentos contra ciudadanos respetuosos de la ley debido a las políticas de ciudad santuario".
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El DOJ sostiene que estas políticas son un "esfuerzo intencional por obstruir la aplicación de la ley federal", lo que, según la Casa Blanca, hace que los ciudadanos estadounidenses "estén pagando el precio".
Base legal y precedentes nacionales
El Departamento de Justicia argumenta que las políticas de santuario de Nueva York son inconstitucionales y están "excluidas de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos". Esta cláusula otorga al Gobierno Federal una "autoridad bien establecida, preeminente y preventiva para regular la inmigración".
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La demanda contra Nueva York forma parte de una ofensiva más amplia del gobierno de Trump. En los últimos tres meses, el DOJ ha presentado demandas similares contra Los Ángeles, el estado de Nueva York, Colorado, Illinois, la ciudad de Rochester (Nueva York) y varias ciudades de Nueva Jersey, buscando invalidar políticas santuario que consideran inconstitucionales.
El fiscal general adjunto, Brett Shumate, afirmó que "La Ciudad de Nueva York ha liderado por demasiado tiempo los intentos por frustrar la aplicación de nuestras leyes migratorias. Esa interferencia termina ahora".
Historial de Nueva York como "ciudad santuario"
Contexto: La demanda destaca que "la Ciudad de Nueva York ha estado a la vanguardia de la interferencia con la aplicación de las leyes de inmigración de este país durante mucho tiempo". Su historia como "ciudad santuario" se remonta a 1989, y "sus esfuerzos para frustrar la aplicación de la ley federal de inmigración solo se han intensificado desde entonces".
Se citan ejemplos específicos, como la política de la ciudad que prohíbe a su Departamento de Correcciones honrar las solicitudes de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que solicitan la notificación a las autoridades federales de inmigración al liberar a un inmigrante ilegal con antecedentes penales.
En 2014, la ciudad resistió aún más la cooperación con ICE, agregando una enmienda a su política de ciudad santuario que establecía que las órdenes de detención de inmigración no serían honradas sin una orden judicial emitida por un juez federal (o juez de primera instancia) y a menos que el sujeto de la orden hubiera sido condenado por un delito "violento o grave" en los últimos cinco años o fuera una posible coincidencia en la lista federal de vigilancia terrorista.
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Incidentes citados y estadísticas
El Departamento de Justicia cita un incidente reciente del 20 de julio de 2025, donde dos migrantes en el país ilegalmente supuestamente intentaron robar a un oficial de aduanas fuera de servicio en un parque de la ciudad, disparándole en la cara y la pierna.
La demanda alega que ambos individuos ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y fueron arrestados repetidamente por conducta delictiva desde entonces, y que el Departamento Correccional de la Ciudad de Nueva York ignoró una orden de detención migratoria de ICE.
El DOJ argumenta que "de no ser por las políticas de santuario de la Ciudad de Nueva York, esta tragedia podría haberse evitado".
Además, los datos de la propia Ciudad de Nueva York citados en la demanda indican que en el año fiscal 2024, las cárceles de la ciudad solo honraron el 4% de las solicitudes federales para retener a los reclusos para que pudieran ser recogidos por violaciones de inmigración.
Respuesta de la ciudad de Nueva York
La oficina del alcalde Adams emitió un comunicado afirmando que el alcalde "ha trabajado cada día durante casi cuatro años" para garantizar la seguridad de los neoyorquinos.
El comunicado señala que el alcalde "apoya la esencia de las leyes locales promulgadas por el Concejo Municipal, pero también ha dejado claro que van demasiado lejos en lo que respecta al tratamiento de los delincuentes violentos que hay en nuestras calles".
Adams ha "instado al Concejo Municipal a que las revise para garantizar que podamos colaborar eficazmente con el Gobierno federal para que nuestra ciudad sea más segura", pero "hasta ahora, el Concejo Municipal se ha negado". La oficina del alcalde añadió que "Revisaremos la demanda".
Reacciones y críticas a la demanda
La fiscal General Pamela Bondi: Reiteró en X que "Si los líderes de Nueva York no dan un paso al frente para proteger a sus ciudadanos, lo haremos nosotros".
Y la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que "las ciudades santuario solo son santuarios para los criminales. El presidente Trump prometió Hacer que Estados Unidos sea seguro de nuevo y deportar a los extranjeros ilegales criminales". Añadió que "La Administración Trump no tolerará que los políticos locales interfieran en la aplicación de las leyes federales de inmigración".
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, criticó al alcalde Adams, sugiriendo que "podría haber hecho las cosas mejor". El zar de la frontera, Tom Homan, advirtió que ICE "inundaría" Nueva York con operaciones debido a la falta de colaboración.
El representante Nicole Malliotakis (R-N.Y.) aplaudió la demanda, calificando las políticas santuario de "equivocadas", "costosas y peligrosas". Destacó que "Restaurar la seguridad pública en nuestras comunidades comienza con la cooperación de la Ciudad de Nueva York con las solicitudes de detención de ICE". Su solicitud de Ley de Libertad de Información (FOIA) mostró que más de 16,000 delitos fueron cometidos por miles de personas que vivían en hoteles y refugios a expensas de los contribuyentes.
En contraparte, la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) calificó la demanda de "frívola" y un "ataque a la capacidad de Nueva York para autogobernarse".
Defendió que "Nuestras leyes locales están diseñadas para proteger la seguridad pública de cada neoyorquino" y que "cuando la policía local se centra en proteger nuestros vecindarios en lugar de implementar la agenda de desapariciones masivas del gobierno federal, cada neoyorquino puede sentirse lo suficientemente seguro como para denunciar delitos".
E instó al alcalde Adams a "luchar contra esta extralimitación federal y defender el bienestar de todos los neoyorquinos".
La demanda llaga en medio de un proceso electoral
La demanda se presenta mientras el alcalde Eric Adams busca la reelección en noviembre. Se ha señalado que Adams, quien comenzó su primer mandato en 2022 como demócrata, planea postularse como independiente, enfrentándose a Zohran Mamdani, quien ganó la nominación demócrata en junio.
Anteriormente, en febrero, el Departamento de Justicia de EU retiró los cargos de corrupción contra Adams, citando que el caso dificultaba que el alcalde reprimiera la inmigración ilegal. Un juez federal calificó el acuerdo de "acuerdo". Adams y Trump se han reunido al menos dos veces este año, y Adams incluso elogió a la administración Trump por asegurar la frontera sur, trayendo "un verdadero alivio" para la ciudad.
¿Por qué es relevante el tema?
La demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la ciudad de Nueva York por sus políticas de ciudad santuario es relevante por su impacto en tres ejes clave: el federalismo, la seguridad pública y el contexto político.
El gobierno federal alega que la ciudad interfiere en la aplicación de las leyes migratorias, violando la Cláusula de Supremacía de la Constitución. Esto sienta un precedente legal importante sobre los límites del poder local frente al federal.
Además, el caso se apoya en incidentes recientes de violencia cometidos por inmigrantes en situación irregular, lo que refuerza el argumento de que estas políticas pueden poner en riesgo la seguridad ciudadana.
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Por otro lado, la demanda llega en un momento político crucial: Adams busca la reelección en medio de críticas y presiones tanto del gobierno federal como de grupos proinmigrantes, mientras Trump endurece su retórica contra las ciudades santuario como parte de su estrategia electoral.
Así, este caso no solo plantea un debate sobre la constitucionalidad de las políticas locales, sino que también se convierte en una herramienta clave en la disputa política nacional sobre inmigración, seguridad y autonomía local.
Con información de agencias (AFP, EFE, Reuters) y medios locales
VGB