El asesinato del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam Ruiz el pasado 19 de junio en su domicilio en la capital costarricense ha generado preocupación entre la comunidad de exiliados nicaragüenses y organizaciones de derechos humanos sobre una presunta persecución transnacional dirigida contra opositores del gobierno de Nicaragua.
Samcam, de 66 años, mayor retirado del ejército y exmiembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, se había establecido en Costa Rica tras el estallido de las protestas antigubernamentales en Nicaragua en 2018. Desde el exilio, se convirtió en analista político y figura crítica del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fue asesinado por dos atacantes que, según versiones preliminares, lo habrían estado vigilando durante semanas. No hay arrestos reportados hasta la fecha.
Este hecho se suma a una serie de agresiones sufridas por exiliados nicaragüenses en Costa Rica desde 2018. De acuerdo con reportes de activistas y defensores de derechos humanos, al menos seis disidentes han sido blanco de atentados, secuestros o asesinatos en territorio costarricense.
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Uno de los casos previos es el de Joao Maldonado, exsandinista de Carazo, quien sobrevivió a dos atentados armados en 2021 y 2023 mientras tramitaba su condición de refugiado en Estados Unidos. Otro caso es el de un activista secuestrado en Costa Rica y encontrado muerto en Honduras en 2022.
Diversas voces, como la de la abogada internacional Almudena Bernabeu, han calificado los hechos como una posible manifestación de "terrorismo de Estado", al señalar patrones en los ataques dirigidos contra figuras críticas del gobierno nicaragüense. Bernabeu, quien representa a la viuda de Samcam, participa en la investigación del caso como fiscal privada, figura permitida por la legislación costarricense.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, no ha emitido declaraciones sobre el asesinato de Samcam. Autoridades del Ministerio de Seguridad Pública han informado que la investigación está en curso y que se han identificado sospechosos en otros casos relacionados. No obstante, Chaves declaró en 2023 que “no existe ningún tipo de indicio” de que haya células controladas por el gobierno nicaragüense operando en su país.
Desde las protestas de 2018 en Nicaragua, más de 250 mil ciudadanos han buscado refugio en Costa Rica, según datos proporcionados por abogados de derechos humanos. Muchos de ellos afirman sentirse nuevamente en peligro y han solicitado a las autoridades costarricenses una respuesta más firme ante los incidentes.
Organismos internacionales, como expertos de Naciones Unidas, han documentado prácticas represivas del gobierno nicaragüense, incluyendo detenciones, expropiaciones, expulsiones del país y la retirada de la nacionalidad a personas disidentes.
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Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense y exiliado, expresó que Costa Rica históricamente ha ofrecido refugio a perseguidos políticos de su país y que espera que esa tradición se mantenga. Chamorro pertenece a una familia con larga trayectoria en el periodismo y la política nicaragüense, y ha denunciado amenazas en su contra.
Los ataques ocurren en un contexto de creciente violencia en Costa Rica, atribuida principalmente a la actividad del narcotráfico. Sin embargo, para los exiliados nicaragüenses, los hechos recientes responden a una persecución política que trasciende fronteras.
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