Organizaciones civiles y familiares de detenidos en El Salvador levantaron la voz este miércoles para pedir el fin del régimen de excepción y la no prórroga del Decreto 803, que otorgan facultades cuasi omnipotentes al presidente Nayib Bukele, cuyo gobierno se ha caracterizado por la detención masiva de personas y ha permitido la ejecución de juicios colectivos.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), una organización no gubernamental, lideró una marcha pacífica este 25 de junio de 2025 hacia la Asamblea Legislativa en San Salvador, donde entregaron una carta a los diputados pidiendo el fin del régimen de excepción.
La principal solicitud es que no se prorrogue el Decreto 803, el cual, específicamente, otorga a la Fiscalía General de la República (FGR) la facultad de prolongar las detenciones provisionales hasta por dos años para presentar pruebas contra los detenidos. Este decreto fue aprobado en julio de 2023 y también autoriza juicios colectivos para pandilleros.
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Samuel Ramírez, dirigente y coordinador de Movir, enfatizó la necesidad de que la Fiscalía, si no tiene pruebas, libere a los inocentes, y que solo los culpables sean encarcelados tras una comprobación de su crimen.
Los manifestantes portaban carteles con fotografías de detenidos pidiendo su liberación. Se ha denunciado que muchos presos tienen "cartas de libertad" emitidas por juzgados, pero siguen privados de libertad. Un ejemplo es el caso de Ana Mercedes García, de 63 años, cuyo hijo fue detenido en mayo de 2022 y, a pesar de obtener una carta de libertad en octubre de 2023, continúa preso.
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Aunque cifras oficiales indican que unos 8,000 de los más de 87,000 capturados han sido liberados tras ser declarados inocentes, organizaciones de derechos humanos sostienen que miles de inocentes permanecen tras las rejas.
El régimen de excepción, implementado en marzo de 2022 tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana, ha sido clave en la reducción de la criminalidad en El Salvador y cuenta con un amplio respaldo popular. Sin embargo, esta medida ha generado miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal.
Amnistía Internacional ha calificado el régimen como una "herramienta" para "silenciar voces críticas".
Detención de estudiantes por sospecha de formar una nueva pandilla
Un día antes de que cientos de ciudadanos salvadoreños salieran a las calles para demandar el fin del régimen de excepción, el 24 de junio de 2025, un operativo conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) resultó en la captura de 40 estudiantes de bachillerato en San Salvador.
Los estudiantes, provenientes del Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Albert Camus y el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), son señalados de intentar formar una "nueva estructura criminal" o "pandilla" dentro de los centros escolares.
Se les acusa de organizar "actos delictivos" y de buscar "reclutar a más estudiantes".
Las investigaciones sugieren que los implicados intimidaban a otros alumnos y existen testimonios que los vinculan con agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física tanto a compañeros de clase como a estudiantes de otras instituciones.
Como parte del proceso, se realizaron registros en las viviendas de los capturados, y a los alumnos se les revisaron mochilas con agentes caninos en busca de ilícitos, y se les inspeccionó en busca de tatuajes alusivos a pandillas.
Los estudiantes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, además de otros cargos relacionados con su conducta criminal.
Este miércoles, 25 de junio, los 40 jóvenes fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para recibir asistencia legal.
Padres de familia denunciaron la inocencia de sus hijos, afirmando que su "único 'pecado' es estudiar en instituciones consideradas 'problemáticas'". Alegaron malos tratos y falta de información sobre las acusaciones, y algunos mencionaron que no se les mostró la orden de captura. Una madre expresó que no es justo que "se lleven a los jóvenes por cumplir una cuota".
Los jóvenes regresaron a las bartolinas conocidas como El Penalito, donde permanecerán detenidos hasta ser presentados ante un tribunal especializado.
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Salvadoreños temen criticar a Bukele
Una reciente encuesta reveló un alto nivel de temor en la población salvadoreña a criticar al presidente Nayib Bukele y a su gobierno. Este miedo está profundamente arraigado en la sociedad, a pesar del amplio apoyo que el mandatario sigue recibiendo.
Seis de cada diez salvadoreños (aproximadamente el 60%) creen que criticar al presidente o a su gobierno, incluso en redes sociales, puede traerles "consecuencias negativas".
De este porcentaje, casi la mitad (48.3% o 48 de cada 100 ciudadanos) considera que la consecuencia más probable es ser "detenido o encarcelado".
Este temor se ha intensificado bajo el régimen de excepción, que ha estado en vigor por tres años (extendido 36 veces) y ha otorgado a las autoridades poderes especiales para detener a cualquier persona indefinidamente con solo la sospecha policial.
El régimen de excepción, aunque justificado para combatir pandillas, ha sido utilizado para encarcelar a opositores y defensores de derechos humanos. Informes de Cristosal, una destacada organización de derechos humanos, registran 3,807 denuncias por detenciones arbitrarias durante los tres años del régimen de excepción.
En los últimos meses, se han documentado capturas de críticos del gobierno, incluyendo a cuatro defensores de derechos humanos, como la abogada Ruth López, quien había denunciado casos de corrupción. El abogado constitucionalista Enrique Anaya fue detenido en julio de 2025, días después de criticar al presidente en televisión, y expresó su propio miedo.
Debido a esta situación, al menos 60 periodistas y defensores de derechos humanos han huido del país en el último mes por temor a ser capturados.
A pesar del miedo a la crítica, la población salvadoreña muestra una tendencia a ver el autoritarismo como una cualidad positiva del presidente. Más de la mitad de la población (52.2%) está de acuerdo con la idea de que "en algunas circunstancias un Gobierno autoritario puede ser mejor que uno democrático".
Además, el 67.7% cree que "es necesario que las autoridades gobiernen con mano dura", y el 44.7% considera necesario "sacrificar algunos derechos de la población para alcanzar el bienestar de la sociedad".
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La población es consciente del control que Bukele ejerce sobre el sistema de justicia; el 77% cree que el gobierno influye "algo o mucho" en las decisiones de los jueces. Aún así, el 60% de la población opina que el régimen de excepción debe continuar.
La seguridad, producto de la "guerra contra las pandillas", es considerada lo "mejor" que ha sucedido en el país, superando incluso la preocupación por el encarcelamiento de inocentes o las violaciones de derechos humanos, que solo el 2.1% de los encuestados citó como problemas principales.
Con información de agencias: AP, AFP y EFE
VGB