El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue reelegido en 2024 con el 85% de los votos, a pesar de las preocupaciones por parte de observadores sobre sus tendencias autocráticas. La reelección ocurrió en medio de un estado de emergencia que fue extendido por dos años y utilizado para encarcelar a unos 85,000 presuntos miembros de pandillas sin el debido proceso, destaca un artículo de .
El gobierno del presidente Bukele también ha sido señalado por supuestamente ignorar fallos judiciales y usar soldados para presionar a legisladores. Tras la obtención de una supermayoría legislativa en 2021 por parte de su partido, el sistema judicial fue reestructurado, y jueces considerados afines permitieron su postulación a un segundo mandato consecutivo, a pesar de la restricción constitucional.
La disminución en la violencia de las pandillas es vista como un factor clave en su popularidad. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios se redujo de 51 por cada 100,000 personas en 2018 a 1,9 el año pasado. Sin embargo, se ha indicado que el gobierno ajusta estas cifras al excluir a personas muertas por la policía o en prisión, o cuyos cuerpos se descubren mucho después. El Salvador registra la tasa de encarcelamiento más alta a nivel mundial.
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Un año después de su reelección, Bukele ha dirigido acciones contra quienes lo critican, incluyendo periodistas, líderes sindicales y agricultores. Recientemente, la abogada de derechos humanos Ruth López fue arrestada el 18 de mayo.
La ofensiva contra sus críticos
El 20 de mayo, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que, según se informa, introduce medidas represivas similares a las observadas en otros países. Esta legislación exige que las organizaciones que reciben fondos extranjeros o que se considera que responden a intereses foráneos se registren como "agentes extranjeros", permitiendo una estricta vigilancia y la posibilidad de su clausura a discreción del gobierno. La ley también especifica que los "agentes extranjeros" tienen prohibido realizar actividades con "fines políticos".
Los informes del medio de investigación El Faro han documentado supuestos pactos entre el Bukele y las pandillas, que datan de 2014. Estos informes sugieren que las pandillas colaboraron para ayudar a su partido en campañas electorales, incluida su primera elección como alcalde de San Salvador, y para influir en las estadísticas de homicidios ocultando cuerpos.
Fuentes adicionales, incluidos procesos legales en Estados Unidos, también han señalado vínculos, como las sanciones impuestas en 2021 por el Tesoro de Estados Unidos a Osiris Luna, el director de prisiones de Bukele, por sus conexiones con pandillas. Se reporta que, en lugar de refutar estas afirmaciones, el gobierno ha emitido órdenes de arresto contra tres periodistas de El Faro, quienes han abandonado el país.
La relación con Donald Trump
La relación del Bukele con la administración de Donald Trump ha sido notable. Mientras que el expresidente Joe Biden expresó objeciones a las acciones de Bukele y sancionó a sus colaboradores presuntamente corruptos o abusivos, se informa que Donald Trump ha calificado el trabajo de Bukele de "fantástico".
Además, Bukele permite a Trump utilizar las prisiones salvadoreñas para deportados, con la administración Trump pagando 6 millones de dólares por este arreglo. Se menciona que Trump ha repatriado a miembros de pandillas encarcelados en Estados Unidos que podrían poseer información comprometedora sobre Bukele.
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El Salvador, una economía "mediocre"
Aunque la seguridad ha mejorado, se describe que la economía de El Salvador sigue siendo "mediocre". Se reporta un aumento de la pobreza, deficiencias en los servicios públicos, y sospechas de corrupción en las altas esferas. La deuda pública se sitúa en el 88% del PIB. Las encuestas son consideradas poco fiables debido al temor generalizado a expresar opiniones, pero algunas indican un descenso en su índice de aprobación desde su punto máximo.
Se señala que el Bukele ha consolidado un control considerable sobre las instituciones estatales. Ha obtenido el apoyo del ejército y la policía, cuenta con una supermayoría en la Asamblea Legislativa que, entre otras acciones, redujo el número de diputados y municipios.
Los tribunales han sido reorganizados con jueces afines, lo que facilitó la superación de la prohibición constitucional para su segundo mandato y ha simplificado los procedimientos para reformar la constitución. La aplicación de leyes consideradas "aparentemente benignas" también contribuye a afianzar su autoridad. El estado de excepción, que suspende el debido proceso, se encuentra en su cuarto año de vigencia.
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