El futuro de más de 500,000 migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua en Estados Unidos pende de un hilo. La Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido al gobierno de Donald Trump revocar el estatus legal temporal, conocido como "parole humanitario", que había sido concedido a estas personas. Esta decisión, emitida el viernes 30 de mayo de 2025, representa un revés significativo y deja a cientos de miles de migrantes en riesgo de deportación acelerada.
El "parole humanitario" es una figura legal que permite a individuos ingresar o permanecer en Estados Unidos por razones humanitarias urgentes o para un beneficio público significativo, incluso si no cumplen con los requisitos de visa tradicionales. Este programa se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al secretario de Seguridad Nacional la potestad discrecional para conceder dicho permiso temporal.
Durante la administración del presidente Joe Biden, este programa fue implementado en 2022 y ampliado en 2023 para ofrecer una vía de entrada legal a migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. El programa requería que los migrantes tuvieran un patrocinador financiero en EU y superaran controles de seguridad.
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Este programa permitió que más de 530,000 personas ingresaran al país con autorización temporal para residir y trabajar. La administración de Biden defendió la iniciativa como una forma de desalentar los cruces fronterizos irregulares y ofrecer una alternativa ordenada a quienes huían de crisis en sus países. El gobierno de Biden también concedió parole humanitario a ciudadanos de otras nacionalidades, como Ucrania, tras la invasión rusa en 2022.
La decisión de la Corte Suprema
La Corte Suprema de EU aceptó la petición del gobierno de Donald Trump de retirar este estatus. La decisión se tomó en respuesta a una apelación de emergencia presentada por el gobierno de Trump. Los jueces levantaron una orden de un tribunal inferior que mantenía vigentes las protecciones del parole humanitario.
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La breve orden judicial no fue firmada. Dos juezas liberales, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, expresaron su desacuerdo. La jueza Jackson, en su opinión disidente, afirmó que el tribunal "claramente arruinó" su evaluación del daño y que la mayoría "subestimó las consecuencias devastadoras" de permitir que el gobierno altere "de manera precipitada" las vidas de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus reclamos legales están pendientes.
La administración Trump, al asumir el poder, ordenó el fin de todos los programas de "parole" categóricos el 20 de enero, firmando una orden ejecutiva. En marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la revocación de los permisos, acortando los plazos de los beneficiarios.
Consecuencias devastadoras para los migrantes
La decisión de la Corte Suprema permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) poner fin a estos permisos. Esto deja a los migrantes que se habían beneficiado del programa expuestos a un riesgo inminente de deportación. La decisión de emergencia de la Corte Suprema no es definitiva, ya que el caso legal subyacente continuará en tribunales inferiores, pero la orden permitirá a la administración acelerar las deportaciones.
Las consecuencias para los afectados son potencialmente devastadoras:
- Pérdida del estatus legal: Esto implica la anulación de sus permisos de residencia y trabajo.
- Amenaza de deportación: Quedan expuestos a ser detenidos y deportados a sus países de origen, donde muchos enfrentan condiciones adversas y peligrosas.
- Separación familiar: La revocación puede derivar en la separación de familias.
- Incertidumbre y miedo: Genera un ambiente de gran ansiedad entre las comunidades migrantes.
Además de los 500,000 migrantes directamente impactados por el parole humanitario de estos cuatro países, la decisión de la Corte Suprema tiene un alcance aún mayor. En otro caso relacionado, el tribunal también permitió al gobierno federal revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350 mil migrantes venezolanos adicionales, elevando la cifra total de personas expuestas a la deportación a cerca de un millón.
Argumentos y controversias legales
La administración Trump ha argumentado que estos permisos fueron “mal utilizados” y que su eliminación es necesaria para recuperar el “control de las fronteras” de Estados Unidos. Han sostenido que revocar el estatus de parole facilitaría la inclusión de los migrantes en un proceso de deportación acelerada conocido como “expedited removal”.
La narrativa de la administración ha sido calificada como una estrategia de criminalización de la migración por críticos y organizaciones de derechos humanos. El Departamento de Justicia argumentó ante la Corte Suprema que la autoridad de “parole” es “puramente discrecional” y que la ley impide a los jueces revisar esas decisiones, acusando a los jueces inferiores de “alterar innecesariamente políticas migratorias críticas”.
La medida fue impugnada en tribunales inferiores por grupos de migrantes y sus patrocinadores, quienes alegaron que la terminación masiva violaba la ley federal, que exige revisiones caso por caso. Una jueza federal falló que la ley “no permite la terminación generalizada del programa, sino que requiere una revisión individual”. Un panel de la Corte de Apelaciones respaldó esta decisión de bloquear temporalmente la revocación masiva.
El debate legal central gira en torno a si la Secretaría de Seguridad Nacional puede revocar el “parole” de manera generalizada o si debe hacerlo caso por caso. Aunque la ley otorga amplia discrecionalidad al Ejecutivo, los tribunales inferiores consideraron que la terminación masiva sin revisión individualizada excedía esa autoridad.
Los abogados de los migrantes advirtieron a la Corte Suprema que la cancelación abrupta “causaría un inmenso sufrimiento humano innecesario”. Señalaron que los migrantes afectados “siguieron la ley y las reglas del gobierno de Estados Unidos” y están en el país “para reunirse con sus familias y/o escapar de la inestabilidad, los peligros y las privaciones de sus países de origen”.
Advirtieron que, de perder el estatus, quedarían sujetos a deportación acelerada a los mismos países de los que huyeron, donde muchos enfrentarían “graves riesgos de peligro, persecución e incluso muerte”. Talia Inlender, subdirectora de un centro de derecho y política de inmigración, declaró a medios estadounidenses que esta decisión fuerza a la gente a una “elección imposible” y que “quitarles el piso de esta manera debería ser ofensivo para la propia idea de justicia en EU”.
El alcance y el contexto histórico
El impacto de la revocación se extiende más allá de los propios migrantes. Sindicatos y comunidades que han acogido a los beneficiarios destacaron que estos trabajadores han cubierto vacantes en sectores clave como la salud, la construcción y la manufactura. Los abogados de varias ciudades y condados advirtieron que la cancelación abrupta “causaría graves daños económicos y sociales”.
El “parole humanitario” es una figura legal de larga data, utilizada por gobiernos de distinto signo durante los últimos 70 años. El primer registro es de 1956, cuando el presidente Dwight Eisenhower concedió un “permiso temporal a 30,000 refugiados húngaros”.
En las décadas de 1960 y 1970, más de 690,000 cubanos y casi 360,000 nacionales de Vietnam, Camboya y Laos pudieron ingresar a EU gracias a este recurso. Reformas legales posteriores buscaron regular la figura para que se otorgara “solo caso por caso” y por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo.
Históricamente, se siguió asignando a cubanos que escapaban de la isla. La administración Trump no ha intentado revocar el estatus de 240,000 ucranianos que recibieron parole tras la invasión rusa, aunque sí ha pausado la consideración de nuevas solicitudes para ellos.
El futuro incierto
No está claro cuántas personas permanecen protegidas únicamente por el “parole” y podrían ser ahora objeto de deportación. Además, quienes intentaron ajustar su estatus legal recientemente encontraron un obstáculo: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) suspendió la tramitación de solicitudes de beneficios presentadas por quienes estaban bajo el programa de parole para estas nacionalidades (y ucranianos y participantes en programas de reunificación familiar) desde el 14 de febrero.
Aunque la decisión de la Corte Suprema no es definitiva y el caso continuará en instancias inferiores, permite que la administración Trump avance con la revocación del “parole” y la posible deportación acelerada. Abogados de los migrantes calificaron la potencial cancelación abrupta como “el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos”.
La noticia ha provocado reacciones encontradas. Organizaciones pro-migrantes han condenado enérgicamente la decisión, calificándola de inhumana y perjudicial. Argumentan que la revocación desmantela protecciones vitales e ignora las profundas razones humanitarias.
Por otro lado, los partidarios de una política migratoria más restrictiva aplauden la decisión, considerándola un paso necesario para afirmar la soberanía nacional y controlar el flujo migratorio. La administración Trump ha reiterado su compromiso con una agenda de “fronteras seguras”, que incluye la reducción drástica de la inmigración irregular y la revisión de los programas de protección temporal.
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Tras el fallo de la Corte Suprema se espera un aumento en las deportaciones y una mayor presión sobre las comunidades migrantes, mientras que las organizaciones de apoyo buscarán vías legales y humanitarias para mitigar el impacto. El futuro de estos más de 500 mil migrantes se vislumbra incierto.
VGB